Ministerio Público presentará amparo para continuar investigación de Odebrecht

Las fiscales anticorrupción Zuleyka Moore, Tania Sterling y Ruth Morcillo, analizan la posibilidad de presentar un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Segundo Tribunal Superior confirmara la decisión del juzgado 12 en no extender el plazo de investigaciones para el caso de corrupción más beligerante del país, el caso de los sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht.

El tiempo que establece la norma es de un año más para la tratar de culminar la compleja pesquisa que inició el 18 de enero de 2017 a raíz de una denuncia ciudadana presentada por el abogado Alvin Weeden.

Sobre la posibilidad de abrir otro caso para culminar el faltante, como en un principio sugirió el juzgado, las fiscales esgrimen que no se encuentran habilitadas para abrir otra investigación, misma que se sumaría a los tres expedientes que ya se han iniciado en la causa. El Tribunal Superior planteó que se trata de una posición subjetiva de la primera instancia, indicó la fiscal Moore.

"Si tenemos que llevarlo a través de la vía del amparo de garantías constitucionales lo vamos a hacer", añadió Moore.

También temen que la apertura de un nuevo caso, pueda ser motivo de anulación por violar el debido proceso ya que no se pueden abrir por un mismo hecho más investigaciones que puedan causar una nulidad.

Hasta el momento, la fiscalía no ha podido investigar quiénes son los nuevos actores que salieron publicados en el trabajo periodístico del Consorcio Internacional de Periodistas, en el que se menciona el pago de coimas a varios personajes de la vida pública identificados con apodos, como Cachaza, Aguia, etc. y que recibieron dinero a través de sociedades anónimas.

Surgen también otras interrogantes sobre la colaboración que efectuó la empresa brasileña con la Fiscalía en el sentido de que ésta omitió información relevante sobre los sobornos. En este sentido, las fiscal Sterling justificó que 'no les ha dado tiempo para poder comprobar si se omitió información por parte de la empresa y llegar al fondo de este tema'. No obstante, no precisó si se derogará o no el acuerdo efectuado con la empresa luego de conocer la información de los periodistas internacionales.

Añadió que se debe hacer una cronología histórica sobre cómo surgen los acuerdos de Odebrecht. "Debemos ubicarnos cuando salen las fuentes abiertas de comunicación cuando la empresa suscribió el acuerdo de colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que hacía un recorrido por los países en los que había tenido presencia la constructora. En ese recorrido que se efectuó en Estados Unidos, refiere un importe por coimas de $59 millones en un periodo particular", describió. Al momento de entrar en ese recorrido, en el que antecedió un acuerdo de la empresa en Brasil, y luego se efectuó en Panamá, la Fiscalía buscó ampliar el tiempo de investigación cuando la empresa se convirtió en la principal fuente de información a partir de junio de 2017, y remitió información al identificar las ordenes de pagamento a las personas jurídicas que marcaron la ruta para identificar las cuentas y el recorrido que hizo el dinero en jurisdicciones extranjeras hasta llegar a Panamá.

"Se levantaron estructuras criminales, eso no lo duden, por eso tenemos el convencimiento de que los magistrados otorgarán un plazo más para dar respuesta a Panamá", añadió Sterling. No es una investigación de cinco años, sino que inicia en 2017, y no hablamos de violaciones al debido proceso, ha sido controlada en su momento por tribunales de primera instancia y hasta de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos las herramientas legales que nos apoyan que nos da la cabida para pedir esta solicitud ante el pleno de la Corte", indicó convencida.

Las fiscales arguyen que desde la audiencia de colaboración celebrada en noviembre de 2017 hicieron énfasis en que ya contaban con documentación que hacían referencia a comportamientos vinculados a corrupción y blanqueo de capitales que iniciaron desde el año 2007.

Sterling precisó que uno de los puntos que se estableció en la petición de extensión de plazo de investigación al Tribunal consistió en la información que arribó de Suiza y que consta en el último, de los 982 tomos, en el que se describen los proyectos y los funcionarios panameños que utilizaron la banca suiza para mover dinero de los proyectos ejecutados en Panamá.

Las fiscales manifestaron que aún esperan asistencias de colaboración del extranjero. Hasta el momento existen 82 personas imputadas, 235 personas jurídicas investigadas y se han aprehendido $266 millones.