jueves, 25 de octubre de 2018

Procurador inició investigación sobre publicaciones

El Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, confirmó a La Estrella de Panamá que inició una investigación en torno a la serie de reportajes que narran la forma en que la firma Saltarín Arias y a Asociados empleó para recopilar evidencias y presentar querellas sobre las supuestas irregularidades halladas en la pasada administración gubernamental.

El Procurador fue parco con este diario, no aportó mayor detalle sobre la pesquisa que supuestamente recoge como ‘noticia crimins’ las publicaciones en las que se contó la forma en que el consultor externo de la Presidencia se reunió con el Consejo de Seguridad, el Presidente de la República Juan Carlos Varela, la Procuradora de la Nación Kenia Porcell y funcionarios del Ministerio Público, entre otras instituciones.

En una entrevista a un medio televisivo Montenegro dijo que ha solicitado una serie de informaciones (sin aclarar a quién) con respecto a las publicaciones.

Según el medio, Montenegro afirmó que pronto se conocerá la decisión sobre la querella y denuncia interpuesta contra la Procuradora de la Nación Kenia Porcell. La primera gira en torno a la conversación que sostuvo Porcell con el magistrado presidente de la Corte Hernán De León, mientras que la denuncia tiene que ver con las notas periodísticas.

González podría esclarecer no solo si fue o no legal contratar a un asesor penal externo que además era el abogado personal del Presidente, sino la forma en que éste interactuó con otras instituciones para recopilar la información probatoria que posteriormente se utilizó como prueba en las querellas que se presentaron en el Ministerio Público.

El abogado Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli, denunció a Porcell por los supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos, asociación ilícita y contra la administración de justicia, a raíz de los reportajes.

Rogelio Saltarín, fue contratado por la Presidencia de la República en julio de 2014 en forma directa como asesor penal externo para elaborar las querellas. Brindó sus servicios por un periodo de 18 meses y cobró $385,200. En el informe de gestión reportó haberse reunido con el Consejo de Seguridad en 25 ocasiones. En varias de ellas intervino también la Unidad de Análisis Financiero.

Entre otras revelaciones, el diario corroboró la injerencia del Consejo de Seguridad en la tramitación de querellas penales para las que Saltarín recopiló evidencias.

Aunado a esto, las fuentes contaron sobre la existencia del “club de la Taquilla”, un grupo de juristas que negociaban con los procesados medidas cautelares y otros favores judiciales a cambio de altas sumas de dinero.

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