sábado, 20 de octubre de 2018

Creación de sociedades anónimas cae drásticamente

El director del Registro Público considera que el sistema se ha depurado tras el cumplimiento de las recientes normativas. Pero especialistas aseguran que la disminución es consecuencia de los Panama Papers y la falta de confianza que hay en el sistema

Las cifras del Registro Público detallan que hasta el 30 de septiembre pasado se han inscrito 11,817 sociedades anónimas. Lo que representa menos de un tercio de las que se registraron en 2014 cuando se inscribieron 35,763. Actualmente se inscriben mil sociedades nuevas por mes, mientras que ante del escándalo de los Papeles de Panamá el promedio se mantenía en 6 mil mensuales.

El director del Registro Público, Erasmo Muñoz, atribuyó las cifras a las normativas de carácter internacional que adoptó Panamá para ser más competitivo en el sistema financiero internacional que cumple ciertas reglas.

La adecuación según Muñoz, era necesaria para que Panamá se liberara de las listas negras y grises de distintas jurisdicciones.

La disposición legal aprobada en octubre de 2016 obliga a las empresas en Panamá, cuyas operaciones sean en el exterior, a mantener registros contables. Aunado a esto, busca crear normas para regular la suspensión provisional de derechos corporativos en general y su disolución.

Muñoz añadió que “el sistema se ha depurado después de que la Dirección General de Impuestos (DGI) pusiera marginales a las sociedades que no han pagado su tasa anual, aunque aparecían en el sistema pero sin operaciones”. Para Muñoz, estas empresas de papel solo “opacan el nutrido grupo societario que tenía el país”.

“Los nuevos estándares son beneficios en cuanto a que el abogado que abre una sociedad tiene que cumplir más parámetros en referencia a quién es su cliente. Uno de ellos, que antes no se exigía es saber quién es el destinatario final de la sociedad. El abogado tiene que saber quién es su cliente y por ende cumplir con una serie de requisitos”, indicó Muñoz.

No obstante, Ebrahim Azvat manifestó que el Registro Público no tiene ninguna capacidad para saber a qué se dedican las sociedades anónimas. La entidad -dice- “tenía muchas sociedades registradas pero nunca las sacaba de control, sin tomar acción. “Con la nueva regulación creó el mecanismo para que las sociedades que no han pagado su tasa en los últimos tres años le pusieran una marginal, una vez pasa eso y no paga, la disuelven. Eso aún no ha ocurrido”.

Datos del Registro Público indican que desde 2014 hasta la fecha, se han disuelto 52,772 sociedades anónimas. Con anotaciones, se cuentan 384,959, es decir, sociedades que presentan morosidad de tasa única hasta septiembre de 2018.

“Es posible que esas sociedades queden disueltas por mandato de ley. Por lo tanto, las que quedarán operando son las que no tienen la marginal y eso le permitirá a las autoridades controlar los sujetos no financieros. Tendrán que ir a los agentes residentes para saber a qué se dedica cada una de ellas.

Cuando sepan eso, sabrán qué tipo de actividad está realizando cada sociedad”, puntualizó el abogado Azvat.

Mientras que el universo de sociedades, desde la fundación del sistema en 1927, es de 743,808 empresas, entre las que se incluyen las sociedades anónimas (683,083), las extranjeras (2,376), las sociedades limitadas (2,632) y las fundaciones de interés privado (55,717).

De las mencionadas, según Azvat, nadie puede saber exactamente que actividades económicas realizan o si tienen cuentas bancarias.

La pregunta es, ¿si Panamá ha adecuado el régimen societario a uno más atractivo y transparente, por qué no tiene demanda?

La reputación es como la virginidad, se pierde una sola vez y reconstruirla cuesto mucho. No es de un día para otro, asegura el economista Francisco Bustamante, primer Intendente que participó en las negociaciones para sacar a Panamá de las listas negras del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

“No hay duda que los Panama Papers le ha hecho mucho daño al nombre de la plaza, donde hay mayor fiscalización la gente no abre la sociedad anónima”, asegura el economista.

Bustamante observa otro factor, el precio de las tasas se ha triplicado, y además menciona otro elemento importante, la modificación de la legislación que obliga a tener un custodio de las acciones de la sociedad anónima que antes se podían tener al portador sin custodio. “Este custodio debe conocer quiénes son los beneficiarios finales. Hasta hace poco los abogados no tenían por qué saberlo, pero ahora sí. Ya se cayó el velo corporativo sobre el beneficiario final, eso hasta cierto punto hace que el producto no sea interesante”, añadió el economista.

Una reputación, según Bustamante, que debe trascender de la ley a los hechos. Advierte, por ejemplo, las licitaciones que realiza Panamá no atraen mucha participación. “Las grandes empresas norteamericanos no licitan en Panamá ni los bancos grandes, ellos perdieron la confianza. Que vuelvan aquí no basta con un par de leyes, hay que dar un salto de fe de las leyes a las instituciones para rescatar la confianza” indicó.

Carlos Barsallo, profesional de gran trayetoria en materia de regulación de mercado de valores y gobierno corporativo, coincide en que la situación se debe a un problema reputacional. “Es un asunto de demanda. Hay menos demanda debido a que los usuarios les puede resultar más difícil operar con ellas”.

Mediante la Ley 47 de 6 de agosto de 2013, la República de Panamá adoptó un régimen de custodia de los certificados de acciones emitidos al portador que entró en vigencia después de dos años de la promulgación de la Ley. Es decir, el 6 de agosto de 2015. Respecto a los certificados de acciones al portador que hayan sido emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley, establece un periodo transicional de tres años luego de la entrada en vigor de la ley para entregarlos en custodia.

En caso de que los registros contables estén fuera del país, la sociedad tiene la obligación de proporcionarlos al agente residente. De lo contrario estará obligado a renunciar al cargo como agente residente en un plazo de 10 días e inscrita en el Registro Público.

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