martes, 4 de septiembre de 2018

Demandas por más de $12 millones contra periodistas

En los últimos meses se han registrado querellas penales y demandas civiles millonarias contra comunicadores. El Forum y el Colegio de periodistas condenan los ataques a la libertad de expresión e información

Los medios de comunicación libran una batalla en fuego cruzado. La polarización de fuerzas políticas, de gobierno y oposición, y la denominada sociedad civil, mantienen a los comunicadores en alerta, ante las amenazas de demandas penales y civiles en su contra, en ocasiones solo por pronunciar el nombre de políticos o por realizar entrevistas. Tan solo el diario La Prensatiene en su contra 35 recursos que podrían traducirse en más de $8 millones en resarcimiento económico. Lo suficiente para detener la imprenta.

Los reclamos a periodistas o medios por indemnizaciones económicas por casos de calumnia e injuria, o delitos contra el honor, suman más de$ 12 millones. Tanto medios de comunicación, o reporteros, son objeto de estos recursos.

Ante la delicada situación, los presidentes del Forum de Periodistas y del Consejo Nacional de Periodistas, urgieron resolver el tema de la despenalización completa de la calumnia e injuria en Panamá.

El gremio se pronunció a raíz de la demanda civil en perjuicio de la periodista de Nex Tv, Guadalupe Castillero por $2 millones. Javier Fanuco, exjefe de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, interpuso una demanda en perjuicio de la comunicadora a través del abogado Alvin Weeden.

En 2017, el medio Nex Tv, entrevistó a un policía que denunció a Fanuco por un supuesto caso de abuso sexual. Posteriormente, Fanuco fue removido del cargo, según el entonces director de la institución, como parte de la dinámica de rotación.

“Las demandas civiles con indemnizaciones exorbitantes contra medios de comunicación social, comunicadores o periodistas, se convierten en herramientas de intimidación, hostigamiento y buscan la autocensura”, se lee en el comunicado que emitieron los gremios periodísticos la tarde de ayer.

La nota añade que “ante el conocimiento de que la jueza Melina Robinson, del juzgado 13vo, que admitió la demanda, exigen del Órgano Judicial y del Ministerio Público pronunciamientos contundentes al más corto plazo posible y en defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución que protegen la Libertad de Expresión”.

La contienda pre electoral suma un ingrediente de tensión al cruce de fuego entre la oposición y el gobierno. Agudiza los sentidos de los políticos que estiman que atacando a la prensa evitarán que se hable de ellos.

Otros insultos y ataques se han desarrollado contra otros profesionales de la pluma. Es el caso del periodista de Medcom, Álvaro Alvarado, cuyo nombre fue mencionado en el Pleno de la Asamblea por el diputado Sergio Gálvez. El parlamentario acusó a Alvarado de coimero: El 28 de agosto dijo: “el Gobierno de Ricardo Martinelli, a través de muchos ministerios, le daba coima a ese hombre, le daba coima a Álvaro Alvarado y otros Gobiernos también". Acto seguido, el periodista retó al diputado a mostrar las pruebas ante la Procuraduría General de la Nación. Un equipo de abogados del comunicador analiza la posibilidad de demandar penal y civilmente al diputado por haber hablado de delitos cometidos por el periodista, como extorsión.

El diputado también arremetió contra el periodista de Televisora Nacional Icard Reyes a quien se refirió como “Satanás”. Le dijo que “tiene buen tamaño para ser jinete”. Lo anterior ocurrió luego de que un grupo de periodistas le consultaran sobre la posibilidad de dar trámite a una denuncia contra el magistrado, Harry Díaz, quien actúa como fiscal en el caso de las escuchas telefónicas contra el expresidente Ricardo Martinelli.

Blanca Gómez, presidenta de Colegio Nacional de Periodistas, condenó las acciones judiciales que buscan callar el ejercicio del periodismo que se realiza en el país. “Los periodistas no pueden trabajar con una espada de Damocles en contra de la profesión. Un pais en plena democracia, donde debe primar la libertad de expresión, no debe verse amenazado con acciones judiciales como las que se emprende hoy contra varios colegas”, exclamó Gómez.

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris arremetió contra el periodista de La Estrella de Panamá, Errol Caballero, durante un conversatorio efectuado el pasado 29 de agosto. El funcionario criticó las publicaciones que La Decana hizo sobre la licitación para rehabilitar una pista aérea en Coiba.

La periodista Flor Mizrachi, quien lanza las glosas cada mañana en el programa Radiografía por RPC Radio, recibió información de que sería demandada por Ignacio Fábrega, exdirectivo de la Superintendencia del Mercado de Valores, por una de las glosas que publicó e hirió el honor del prenombrado. El hecho aún no se ha consumado.

En la efervescencia de un próximo torneo electoral en el que se cruzan acusaciones subidas de tono, entre los personeros del Gobierno, la oposición y la sociedad civil, “es importante hacer un llamado a cuidar la democracia y que el acceso a la información para tener un electorado informado que haga buen uso de una decisión en un momento dado”, indicó Gómez.

Cinco periodistas del diario La Prensa, asistieron hace una semana a una citación contra corporación para responder por una demanda que se lleva a cabo en los Tribunales de Familia. La querella ordena a los medios de comunicación, prensa escrita, radial, redes sociales, cesar y abstenerse de divulgar o publicar situaciones de índole privado y familiar, y nombre o apellidos de un grupo familiar como parte de una campaña mediática a los miembros de la familia Martinelli. El diario señaló que la razón de la incumbencia de estas personas en las noticias es por los casos judiciales que se siguen contra la familia Martinelli. La querellante es la exprimera Dama de la República, señora Marta Linares de Martinelli.

Sobre el diario La Prensa, según el director asociado Rolando Rodríguez, pesan otras dos demandas civiles con un reclamo de $6 millones, además de otras dos demandas penales que se interpusieron contra el periódico el presente año.

Aunado a esto, miembros del partido político Cambio Democrático han interpuesto 26 querellas penales con reclamos civiles que suman otros $2.1 millones en perjuicio del medio de comunicación. “La acción se tomó luego de la publicación de un editorial Hoy por Hoy, que hablaba de un colectivo político sin mencionar uno en particular”, explicó Rita Vásquez, directora de La Prensa.

En total, este diario tiene pendientes 35 recursos en su contra: 28 querellas penales, 6 demandas civiles y una demanda ante la jurisdicción de familia.

Ante estas situaciones que se han pronunciado en las últimas semanas, el Forum de Periodistas y el Colegio del gremio, subrayan que la libertad de expresión es la columna fundamental que sostiene la democracia, por lo que serán inclaudicables en la defensa de este derecho, tanto en instancias nacionales como internacionales.

Seguidamente hicieron un llamado urgente al Ministerio de Seguridad Pública y a la Policía Nacional para que expresen categóricamente su rechazo a estas acciones de sus funcionarios. Esto último en el caso de la periodista Castillero.

La libertad de expresión y el derecho a la información son herramientas principales para que todos los miembros de la sociedad puedan emitir su opinión.

Mariela Ledezma, abogada que conduce el programa de televisión Eco 360, que se transmite por Eco News, y Annete Planells fueron demandadas por calumnia e injuria por el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli.

Cada demanda contempla un resarcimiento económico por $2 millones, según la defensa de Martinelli para que se compruebe en el área penal las “falsedades que han dicho”. El abogado Alejandro Pérez advirtió que “todo el que hable mal de Ricardo Martinelli será querellado penalmente y sujeto de demandas civiles millonarias para que se prueben en el área penal de todas las falssedades que se han dicho contra el exmandatario, y en el área civil, para que se le pueda resarcirlo de las ofensas públicas”, indicó Pérez.

“Mi demanda fue por haber puesto dos Tuits que no se refería a nadie en especial, pero hablaban de demandas”, indicó Planells. Contra Ledezma se querellaron a raíz de unas declaraciones vertidas en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que la defensa consideró como “mentiras” y que afectaban el honor del exgobernante.

Ninguna de las dos demandas anteriores ha sido admitida por la Fiscalía.

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