Mientras que la defensa de Ricardo Martinelli, y de los exdirectores del Consejo de Seguridad, denuncian consecuencias por la nueva versión de Agrazal, la Fiscalía afirma que cuenta con muchas evidencias
Agrazal forma parte de las evidencias que empleará el fiscal de la causa Harry Díaz en contra del expresidente Martinelli, en el caso que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia, por inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad, y dos cargos por supuesto fraude.
En el caso en mención, con el testimonio de Agrazal, la Fiscalía pretende probar la existencia del equipo de escuchas en el Consejo. Agrazal dijo tener conocimiento sobre un equipo de escuchas telefónicas de fabricación israelí, el cual se mantenía en el Consejo de Seguridad Nacional. En 2015, el exagente también declaró ante la Fiscalía Auxiliar, que conocía sobre seguimiento a políticos.
Pero la oleada que desató la declaración del testigo, que manifestó haber recibido presiones y favores del Consejo de Seguridad a cambio de sus declaraciones, para la Fiscalía se trata de un testimonio más de las múltiples evidencias que reposan en contra de los imputados.
Dos procesos se siguen en los tribunales: en el juzgado decimosexto se ventila el caso contra Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, exdirectores del Consejo de Seguridad, en el cual el fiscal es Ricaurte González. Mientras que en la Corte Suprema de Justicia, se sigue un proceso al expresidente Ricardo Martinelli cuyo fiscal es Harry Díaz. Todos los procesados son por delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.
El fiscal Ricaurte González no está preocupado por la retractación del exagente Jaime Agrazal del Consejo de Seguridad, que en la audiencia del martes pasado se desdijo de sus declaraciones sobre lo que ocurría en el Consejo de Seguridad.
“Pudieran retractarse la mayoría de los testigos, pero las evidencias halladas en los allanamientos son suficientes para demostrar el hecho imputado”, dijo el fiscal.
Añadió que la teoría de la fiscalía no se basa en la declaración de ese testigo. Lo desestimó, le restó credibilidad ya que Agrazal está procesado por narcotráfico, y dio a entender que benefició a las personas con las que compartió reclusión. “¿Qué tipo de credibilidad puede tener esa persona?”, se pregunta el fiscal González.
Antes de cuestionar su credibilidad, Agrazal formaba parte de las evidencias que emplearía la Fiscalía en el caso del exmandatario Martinelli como parte de los eslabones que prueban la teoría del caso. No obstante, el fiscal Harry Díaz indicó a La Estrella de Panamá, que cuenta con múltiples pruebas. “Estamos en proceso de demostrar sin duda alguna que hubo al menos 49 personas afectadas en su intimidad, y que esas interceptaciones se dieron con la única entidad que podía realizarlas, es decir, el Consejo de Seguridad. La ley del Consejo fue modificada para que el único control que hubiera sobre él fuera del presidente”, indicó el fiscal Díaz.
Los abogados de la defensa de Martinelli llamaron a una conferencia de prensa en la que acusaron al director del Consejo de Seguridad, Rolando López, y al subdirector Jacinto Gómez, de pertenecer a una “organización criminal” que instruyó a testigos para declarar en contra de su cliente.
“El señor Agrazal no solo mencionó a Rolando López y al resto de los del Consejo, sino que también participó la Procuradora. Ya que en 2014, llevaron a Agrazal al Consejo de Seguridad y le dijeron que Kenia Porcell iba a ser la Procuradora de la Nación, que colaborara porque le iban a ayudar. En base a esto, Agrazal se abstuvo de declarar en contra de Martinelli, pero sí hizo algunas acotaciones”, dijo Roniel Ortíz, defensa de Martinelli.
Añadió el jurista que cuentan con información de que Agrazal recibió dinero a cambio de la declaración con la que colaboró para el Consejo.
La defensa emplazó al magistrado Díaz a que “explique qué decisión va a tomar con respecto a un testigo que ha descrito que se tejió un proceso para perjudicar a una serie de personas basado en falsedades”, manifestó Sidney Sittón, de la defensa.
CULMINA FASE DE PRÁCTICA DE PRUEBAS
Ayer continuó la audiencia por posible delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad que se sigue en contra de los exdirectores del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez y Alejandro Garúz.
Durante la práctica de pruebas, los querellantes introdujeron 2 documentos. El primero, un contrato entre Gustavo Pérez y la empresa israelí proveedora del equipo, fue admitido por el juez Eduardo Pérez. Una segunda contenía el testimonio de Elvin Noget, Raisa Saldaña y Catherine Zapata, que hablaba sobre la sala de escuchas que había en el Consejo de Seguridad, las marcas del equipo empleado, y los directores a cargo de la entidad. Pero el tribunal las desestimó.
La defensa de Pérez intentó introducir 6 evidencias documentales. Se trataba de dos publicaciones de La Decana: “El presidente escuchaba a través de la Unidad de Servicios Especiales”, y “Así testificaron Díaz y Rodríguez”, que informaban sobre testimonios en el caso de Ricardo Martinelli.
Con esto, el abogado pretendía desvincular a su cliente de las acciones del Consejo, ya que las notas que describen la operatividad de la entidad, según algunos testimonios, no mencionaban a Pérez.
Pero los querellantes y el fiscal pidieron que se desestime. El juez les dio la razón y dijo que, de admitirlas, contaminarían el proceso. También rechazó la declaración de Jordi Martínez, dos resoluciones en las que se sobreseyeron dos denuncias relacionadas al caso, y una prueba pericial rechazada por el juez anteriormente.
Para hoy se tiene previsto el testimonio de Gustavo Scott de la Dirección de Investigación Judicial, quien transcribió un disco compacto con el relato de un testigo que narró las interceptaciones telefónicas, y de otro funcionario del Consejo de Seguridad.
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