lunes, 2 de julio de 2018

Alianza opositora pone en jaque al Ejecutivo

El PRD y CD cuentan con una holgada mayoría que les permite rechazar o aprobar las próximas designaciones, e incluso, proponer un paquete de reformas constitucionales sin el consentimiento del Ejecutivo

La alianza legislativa entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), dio su fruto y arrebató al ala oficialista el control del Parlamento en el último año de mandato del presidente Juan Carlos Varela.

Con una amplia mayoría de 50 votos a favor, la diputada Yanibel Ábrego (CD) se reeligió como presidenta de la Asamblea Nacional, mientras que con número igual, resultaron electos los diputados del PRD, Leandro Ávila y Carlos Motta, como primer y segundo vicepresidente, respectivamente. Así, se instaló en la mañana de ayer, la junta directiva del quinto periodo anual de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

El partido oficialista, el Panameñista, postuló a un diputado aliado para dirigir la Asamblea, Juan Carlos Arango del Partido Popular, pero éste solo consiguió los 17 votos de los panameñistas.

Cuando llegó el momento de someter a elección a integrantes del paritido gobernante para el cargo de vicepresidentes, el Panameñismo no postuló a nadie.

Los acercamientos, que iniciaron hace un mes, que efectuó el partido gobernante con el resto de los partidos para lograr la mayoría fueron infructuosos.

El dominio de la oposición en éste órgano, resulta crucial en un año preelectoral que se conjuga con varias tareas trascendentales que dependen de la Asamblea: aprobación de una dispensa de $300 millones que solicitó el Ministerio de Economía y Finanzas para balancear los gastos del gobierno; la aprobación de la designación de del Ejecutivo de dos candidatos al cargo de la máxima magistratura de la Corte Suprema de Justicia que ya le ha costado al Ejecutivo un previo rechazo en el pasado que concluyó con la crisis del enfrentamiento institucional; la aprobación, respondiendo a un llamado del Ejecutivo, de una Asamblea Constituyente en el siguiente periodo gubernamental; el nombramiento de un magistrado del Tribunal de Cuentas; la designación de al menos dos directivos del Canal de Panamá; el acogimiento de una ley que penalice la evasión fiscal, como requisito de las instituciones financieras internacionales para desvincular a Panamá de las listas negras que califican al país como un paraíso fiscal.

Puntos álgidos que permitirían a la alianza sacar adelante varios proyectos sin la venia del oficialismo, aunque se trate de promesas de campaña angulares del presidente Juan Carlos Varela.

Pedro Miguel González (PRD), encargado de sustentar la postulación de la diputada Ábrego a la presidencia, adelantó que la holgada mayoría parlamentaria le permitiría a la oposición aprobar un conjunto de reformas constitucionales antes de que el Ejecutivo concrete la introducción de una quinta papeleta, en las próximas elecciones generales, con el nombre de los constituyentes.

La idea causó el rechazo del diputado Panameñista José Luis Varela, quien sucedió en la palabra a González. Sin querer pronunciar el nombre de su colega perrediano, Varela dijo que el cambio a la Carta Magna debe salir del pueblo, y no de una Asamblea cuestionada por uso de dineros del Estado.

“Así como en el 2004 reformamos la Constitución en virtud de los enfrentamientos entre la Asamblea y Ejecutivo, pudiéramos dejarle un legado a las futuras generaciones para que nunca mas una Asamblea nombre a recomendados del Ejecutivo, como ocurrió con el actual contralor Federico Humbert convertido en la punta de lanza para desprestigiar a éste Órgano del Estado para tratar de llegar a una mayoría oficialista. Hoy fracasa el intento del señor Varela”, manifestó González.

Luego añadió que ante la necesidad de reformar la ley del tope fiscal, “nosotros tenemos que actuar con gran responsabilidad porque cualquier error que cometamos en el debate de una ley que modifique esta Ley, pudiera representar un castigo para la economía y todos sus actores”.

González justificó el actual acuerdo legislativo rememorando experiencias anteriores. Se refirió al pacto Meta, cuando durante la administración de Mireya Moscoso, su colectivo hizo un trato con uno de los enemigos más acérrimos, el Partido Popular. Sin ir más lejos, al principio de la actual administración gubernamental, el PRD había demostrado una inclinación por las decisiones del oficialismo que respondían a un ‘acuerdo de gobernabilidad’.

Sin embargo, cuatro años más tarde, el anterior trato parece haber culminado con un ácido reclamo: “Que no se utilice el poder público del Ejecutivo con ofrecimientos a los diputados para garantizar resultados. Que no sean ni los chantajes, ni ofrecimientos, los que garanticen el resultado en la Asamblea”, dijo González al finalizar su intervención.

Por su parte, José Luis Varela, diputado Panameñista, encargado de postular a Arango, manifestó que puso en la mesa tres puntos principales para lograr un acuerdo con los demás colectivos. El primero consistía en aprobar una dispensa fiscal que permitiera al gobierno culminar proyectos y que el país pueda seguir su ritmo económico sin estancar la economía. Una segunda condición para lograr la alianza, consistía en una agenda que diera lugar a la designación de un fiscal electoral y al menos 2 miembros de la directiva del Canal de Panamá.

“Como tercer punto, buscábamos limar las diferencias que hemos tenido para que las Comisiones pudiesen ser representadas porcentualmente por bancada, pero lastimosamente no hubo posibilidad de lograrlo por la desconfianza de las partes”, indicó Varela.

Luego Varela se refirió a las amenazas que denuncian sus colegas respecto a la labor del Contralor y el uso de partidas. “Quieren ganar la Asamblea para afrontar a un Contralor que está haciendo su trabajo, y eso es un gran error. Estaríamos cometiendo un error pensando que lo que está haciendo el Contralor es para pasar la factura política”, dijo.

El oficialismo teme que exista una agenda oscura que permita a la oposición un juicio contra el presidente de la República o contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. “Sería un error querer controlar la Asamblea para amenazar a un magistrado de la Corte o al presidente de la república. Un grupito pequeño ya le puso una denuncia al Presidente aduciendo que está entorpeciendo la función del Estado”, advirtió Varela.

El triunfo de la oposición, no amilanó a los diputados que dicen sentirse amenazados por las acciones que puedan surgir en su contra a raíz de las investigaciones que realiza la Contraloría Nacional por el uso de la partida 080. El contralor Federico Humbert, quien no asistió al acto de ayer, ya efectuó la primera denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra el diputado Aris de Icaza (CD) por presuntas irregularidades en el manejo del fondo de su partida.

La alianza entre ambos partidos, permitirá dominar las comisiones de Presupuesto y de Credenciales. Esta última sumamente filosa, tomando en cuenta que en otro estrado, en el Órgano Judicial, se sigue un proceso por supuestas escuchas telefónicas ilegales al expresidente Ricardo Martinelli, líder fundador de CD, quien se encuentra privado de libertad en el centro penitenciario El Renacer.

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