Defensores de Martinelli tildan de mentiroso a H. Díaz

El memorandum de oposición a la extradición arremete contra las acusaciones del magistrado Harry Díaz. Añade que la Fiscalía se basa en falsas declaraciones y que se viola el debido proceso de su cliente

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli busca a toda costa que el juez Edwin Torres de la Corte del Distrito Sur de la Florida, no encuentre una causa probable para extraditar a su cliente a Panamá.

En un escrito presentado al juez recientemente tildan al fiscal de la causa, magistrado Harry Díaz y al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), de mentir consecutivamente para apoyar los cargos por los cuales solicita la extradición de Martinelli. Sustentaciones que para la defensa son vagas, carecen de soporte, y penden de la declaración jurada de Ismael Pittí (la única que señala directamente al expresidente como supuesto autor de los pinchazos) que califican como el “pegamento que une los argumentos de la fiscalía con respecto a la causa probable”.

La defensa señala al juez Torres que la Corte tiene un rol critico en este proceso antes de que el caso pase a manos del Secretario de Estado. “Aquí debe asegurar que la demanda esté acorde con la ley, que se apliquen los tratados y la constitución de Estados Unidos. En este caso, al aplicar estas funciones la Corte debería negar la extradición. La petición de Panamá es fundamentalmente defectuosa. Se busca la extradición con medidas retroactivas, cuando el tribunal panameño carece de jurisdicción, busca la extradición a pesar de haber presentado una orden de arresto inválida, busca la extradición en un caso que se basa en falsas declaraciones. En este caso, no debe emitir una resolución extraditando al expresidente”, describen Marcos Jiménez y John Byrne. del equipo de abogados de Martinelli, quien ha pasado más de dos meses detenido en la prisión federal de Miami.

ESTRATEGIA DE LA DEFENSA
El memorandum en oposición a la extradición, pretende desacreditar las evidencias presentadas por la Fiscalía que reposan en el expediente norteamericano: el uso de los equipos de escuchas, la violación al debido proceso al no imputar a su cliente, la aplicación de la retroactividad de la Convención contra el Ciber crime, la falta de pruebas de que Martinelli era el autor intelectual de las escuchas, además ataca los cargos por peculado argumentando que uno se pagó a través de una sociedad anónima, por tanto no puede argumentarse que se pagó con fondos públicos, y recalca que la fiscalía no ha presentado una auditoría de la Contraloría que detalle el inventario tecnológico que existía en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), por tanto, es imposible achacar a su cliente la pérdida de cualquier equipo y los cargos de peculado.

EL CIBERCRIMEN Y EL TRATADO
Inicia con una argumentación sobre la no aplicación de la retroactividad de la Convención contra el Cibercrimen de la cual Panamá es signatario desde 2014. En este sentido, describe que los delitos que achaca la fiscalia a su cliente son anteriores a la adhesión de Panamá, 2012-2014. “No hay nada ambiguo en la frase que contiene la no retroactividad. Cita: el presente tratado tendrá efecto a partir del 13avo día después de la fecha de intercambio de ratificaciones y no debe operar en forma retroactiva. Esto indica dos cosas muy distintas, uno que el tratado entre en efecto en cierta fecha, y dos que no opera retroactivamente”, se lee.

M.L.M Y EL PEGASUS
Aunado a esto, recalca que el fiscal Díaz confunde el uso de los equipos adquiridos: el software o programa para infiltrar computadoras y geolocalización de celulares que vendió en 2010 al gobierno la empresa M.L.M. Protection, con el equipo Pegasus, que tenía funciones de alta tecnología, capaces de escuchar conversaciones, audio ambiente, conocer los correos del celular, etc.

La defensa cuestiona a Díaz sobre las evidencias que posee sobre las intervenciones efectuadas con el sistema M.L.M. y la fecha en que ocurrieron.

“Con la intención de salirse de la realidad e ignorar la evidencia, Díaz reclama tener pruebas de que el equipo M.L.M., era capaz de infiltrar los celulares y extraer su contenido”, describe el abogado del expresidente Marcos Jimenez.

La defensa sustenta lo anterior con ejemplos de interceptaciones efectuadas antes de la compra del equipo Pegasus, que Díaz afirma ocurrieron el 3 de junio de 2012 con el equipo M.L.M.

No obstante, la fiscalía explica que el equipo Pegasus podía capturar cualquier correo electrónico del celular, y en este sentido, recopilaban datos de los blancos que ocurrieron antes de la compra del Pegasus.

“En todo caso, si la Corte va a asumir lo imposible, que el equipo M.L.M. era capaz de infiltrar celulares y su contenido, queda claro que Díaz miente a esta Corte porque la evidencia no muestra que el equipo fue usado por el expresidente para lo anterior”, argumenta la defensa.

¿AUTOR INTELECTUAL?
La defensa pone en duda las afirmaciones de la Fiscalía en cuanto a la responsabilidad de Martinelli o su autoría intelectual en las escuchas.

En esta sentido, la Fiscalía apoya su versión en la declaración jurada de Ismael Pitti, un exmiembro del CSN, que señala a Ronny Rodríguez, el exjefe de inteligencia del CSN, como el intermediario entre Martinelli y el grupo de tres funcionarios del Consejo que se dedicaban a hacer las escuchas.

La fiscalía cita no menos de 19 veces la declaración jurada de Pittí, es el único testigo que dice que Martinelli, a través de Ronny Rodríguez seleccionaba los blancos y ordenaba las escuchas, y recibía los reportes de las mismas.

“Pero no hay ningún punto en el memorandum presentado por la Fiscalía que corrobore las alegaciones de Pitti, clave en el caso y que Martinelli haya ordenado a los miembros del CSN que hicieran estos seguimientos. Martinelli se ha defendido de estas acusaciones”, alegan los abogados de Martinelli.

En la audiencia pasada -recuerda Jiménez- la fiscalía “discutió una escucha de Mitchell Doens en una conversación con el pueblo indígena. Estas escuchas no ocurrieron durante el periodo de 2012 a 2014, así que no hay pruebas contra Martinelli porque con el equipo M.L.M no se podrían haber efectuado estas escuchas y no hay evidencia de que él grabó las conversaciones sin autorización. Esta claro, arremete la defensa, que la fiscalía usa una grabación de 2010 para introducirla a los escándalos e infundados alegatos de que Martinelli ordenó asesinar a miembros de la etnia ngabe buglé”.

1 comentario

  1. SI ESTO SIGUE COMO VA, EL CASO DE FINANCIAL PACIFICA Y FINMECÁNICA LLEGARÁ A TIEMPO A MANOS DEL JUEZ TORRES, SE JUZGARÁ A MARTINELLI EN USA POR LOS CASOS QUE INVOLUCRAN DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS, LUEGO LO ENTREGARÁN A ITALIA Y LUEGO A PANAMÁ. SUGIERO DEBE ACEPTAR LA EXTRADICION Y VENIRSE A PANAMÁ ANTES DE QUE LO ALCANCEN CON FINANCIAL PACIFIC. !CUIDADO!

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