viernes, 28 de julio de 2017

Los entuertos de Varela por el pago de coimas de Odebrecht

Dos personas han señalado directamente al presidente Juan Carlos Varela de haber recibido, a través de terceros, coimas de la constructora brasileña. Él lo rechaza tajantemanete, mientras que se alza un clamor ciudadano por conocer la verdad   

Hay una pregunta que los periodistas del diario español El País, Joaquín Gil y José María Irujo, no publicaron de la entrevista que realizaron el viernes pasado a Rodrigo Tacla Durán, operador financiero de la oficina de coimas de la constructora Odebrecht.  

-¿Algún político se resistió a la coima?
-Ninguno, respondió Tacla.

Los arreglos que se hacían en cafés, bares u oficinas salpicaron a más de mil personas, especialmente en Latinoamérica.    
 
El presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, se valió de un lema tajante para  hacerse de los jugosos contratos de infraestructura: “Había una regla: o le damos a todos o a ninguno”, confesó ante las autoridades brasileñas.

Esa era la función que tenía el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, encargado de distribuir las coimas disfrazadas con falsos contratos a nombre de sociedades anónimas con cuentas en el Meinl Bank, la Banca Privada de Andorra y otros paraísos fiscales, que utilizaban como canal para hacer llegar el dinero a los funcionarios y perder el rastro de la plata.  

Sin embargo, hay un político que lo niega, rechaza tajantemente, haber recibido soborno de la constructora, el presidente Juan Carlos Varela. Asegura que los testimonios que lo involucran son totalmente falsos, que son sembrados, y que las donaciones de su campaña presidencial ya fueron publicadas, que la información sobre los supuestos pagos que efectuó la constructora a sus proveedores es mentira.

LOS TESTIMONIOS
Las declaraciones de Rodrigo Tacla lo señalan o vinculan una vez más en la trama de sobornos de la constructora que no dejó ganar contratos en Panamá en el 2014  aún después de haber sido detenido el principal de la compañía brasileña, junto a 78 empleados, que han efectuado un arreglo de delación con las autoridades brasileñas.

El primero en señalar directamente al mandatario fue su gran amigo, miembro del partido Panameñista, ministro consejero, y facilitador de la logística en la campaña presidencial de Varela en 2014, Ramón Fonseca Mora.

“A mí el presidente Varela me dijo -que me caiga un rayo- que él había aceptado donaciones de Odebrecht, porque no se podía pelear con todo el mundo”, vociferaba Fonseca Mora afuera del Ministerio Público antes de entrar a una indagatoria por caso mundialmente conocido como Panama Papers.

Muy pronto se supo también que la firma Rosas & Rosas, bufete abogados de  uno de los diputados panameñistas más  allegados al gobierno de Varela, Jorge Alberto Rosas, recibió $1.4 millones en  7  transacciones bancarias (de mayo a septiembre de 2010) provenientes de la sociedad anónima Constructora Internacional del Sur. La sociedada anónima tenía una cuenta de banco  aperturada por Olivio Rodrígues, el operador de lavado internacional de activos de la constructora Odebrecht, que se encuentra preso en Brasil.

Transferencias que están bajo investigación en la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público.

OBSTÁCULOS
Las delaciones de los exempleados de Odebrecht han espinado el trabajo de investigación que realiza el Ministerio Público en lo concerniente a los posibles vínculos existentes entre Varela y la constructora.

El ejecutivo brasileño que trabajaba en el departamento de propinas de la constructora, uno de los cerebros operativos para  disfrazar las coimas, Fernando Migliaccio, confesó ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil que escuchó a Luiz Eduardo Soares (responsable de las cuentas secretas del grupo que se abrían a nombre de empresas offshore), que junto a Rodrigo Tacla, viajó varias veces, al menos tres,  a Panamá para solicitar ayuda del representante de la constructora en el istmo, Adre Rabello, para frenar la colaboración de las autoridades judiciales  panameñas que habían solicitado los fiscales brasileños para esclarecer la operación Lava Jato.

Migliaccio dijo que Rabello presionó al presidente de Panamá para que dejara de encaminar la información solicitada por Brasil a la que había tenido acceso el representante de la constructora en Panamá.
 
El temor de Soares era que se descubrieran las cuentas utilizadas por Odebrecth para pagos paralelos en Panamá. El resultado de los viajes, según la confesión de Migliaccio, es que Soares estaba teniendo éxito en “resguardar” la cooperación jurídica gracias a la relación que tenía André Rabello con el presidente de Panamá que nunca especificó a cuál  se refería. Hasta julio de 2014 ostentó el cargo el presidente Ricardo Martinelli,  que luego relevó al actual presidente.   

En las declaraciones dadas al diario El País de España, Rodrigo Tacla, operador financiero que prestó sus servicios a la compañía brasileña por cinco años, 2011-2016,  -acusado de soborno, blanqueo y pertenencia a organización criminal—, indicó que a través del Meinl Bank se hizo “llegar dinero a Michelle Lasso, una persona próxima al presidente de Panamá Juan Carlos Varela”. Ségún Tacla, “se le hizo un pago de un millón  de euros a dos proveedores de la empresa de ron propiedad de Varela”, dijo a este diario Joaquín Gil. 

Añadió que asistió a “una reunión donde Rabello dijo que tenía la confirmación del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de que el país no iba a contestar a los requerimientos judiciales de Brasil”.

Tacla dejó entredicho que la Fiscalía Anticorrupción panameña no siguió el cauce judicial en el canal de cooperación cuando se interesó en recabar su testimonio. “No puedo aceptar que la Fiscalía de Panamá llame a las autoridades españolas de un modo informal. Cuando pedí que la colaboración de este país fuera oficial, ya no me volvieron a llamar”.

Según Tacla la razón de esto es la amistad que sostiene Rabello con el presidente Varela, interesados en saber qué pasos da, y lo que dice en España.

ASISTENCIAS A ESPAÑA
La Fiscalía Especial Anticorrupción envió a su homólogo en España, Rafael Catalá, Ministro de Justicia, una petición rogatoria para conocer el detalle de las declaraciones otorgadas por Rodrigo Tacla Durán a las autoridades españolas como parte del acuerdo de cooperación que efectuó el brasileño con las autoridades de ése país.

Así lo conoció La Estrella de Panamá después de haber consultado a una fuente ligada a la investigación.

El informante indicó que los canales de comunicación entre homólogos tienen sus protocolos, “es imposible que se haya entablado una comunicación extraoficial con Tacla”, dijo.

Explicó que las comunicaciones internacionales entre Ministerios Públicos se efectúa entre puntos focales y que la fiscalía es quien solicita que la información sea judicializada, no el declarante.

El 7 marzo de 2017, la fiscalía envió la asitencia judicial  No. 15, que está contenida  en el expediente de Odebrecht-Suiza, folio 66366, en la cual solicitó a sus pares “confirmar si se ha dado la detención de Rodrigo Tacla y el mismo ha rendido entrevista y declaración ante los fiscales para que sean remitidas las debidas diligencias protocolizadas a fin que consten elementos de convicción para que se haga lo propio en Panamá”, según relata la fuente.

Ese mismo mes, el día 27,  la Fiscalía panameña amplió la rogatoria en la que insistía conocer las declaraciones de Tacla, pero también solicitaba información relacionada al departamento que supuestamente poseen en España los hijos del exmandatario Ricardo Martinelli.

“Solicitaban corroborar la existencia del departamento, verificar las cuentas bancarias de personas jurídicas y naturales de nacionalidad panameña y las cuentas bancarias registradas a su nombre en España”, narró la persona vinculada a la investigación.

Una segunda ampliación se envió el 4 de abril, en la que las autoridades panameñas pretenden ampliar la información de dicho departamento a nombre de Desarrollo Inmobiliario Ibérico y solicita la no ocupación. Además de saber si los hijos del exmandatario mantienen cuentas bancarias o figuran en sociedades anónimas en España y pide la aprehensión de lo que se confisque producto de estas diligencias. En esta ampliación, la Fiscalía añadió los nombres de exempleados de Odebrecht.
Hasta el momento no se ha recibido respuesta. 

Tacla Durán trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía Odebrecht. Era el cerebro que distribuía el pago de coimas a los altos funcionarios de los países en los que la constructora  desarrollaba infraestructuras.

ACUERDO ATORADO POR EL MONTO DE LA MULTA
La Procuraduría General de la Nación y la empresa Odebrecht discuten una vez más por dinero.

Después de casi 7 meses de conversaciones, las partes están muy próximas a lograr un acuerdo de colaboración similar al que se concretó en Suiza, Brasil y Estados Unidos, para obtener información de al menos $59 millones que pagó en coimas la constructora.

Lo que traba la colaboración es fijar el monto de la multa que debe pagar la constructora brasileña por los escándalos de sobornos en Panamá.  

Pero una fuente que conoce el ritmo de estas conversaciones indicó que ambas partes están próximas a concretar el acuerdo que agilizará las investigaciones que adelanta la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

Hace meses las pláticas se paralizaron por completo porque, según la fuente consultada, la empresa pretendía que el acuerdo considerara la figura de inmunidad para los colaboradores, ya que el acuerdo con Brasil así lo contempla. Es decir, solicitaban que a quienes facilitaran la información solamente se les imputara un delito específico y si resultaran otros crímenes derivados de las investigaciones no se les imputara, o se les diera inmunidad por esos delitos.

La oferta no fue considerada por la Procuraduría puesto que el ordenamiento jurídico solo ofrece inmunidad a ciertas figuras gubernamentales, como los diputados. 

La falta de entendimiento entre ambos provocó un distanciamiento que hace aproximadamente un mes rompió la empresa.  Ya superado el escollo, sin precisar cómo, la fuente indicó que  muy pronto se conocerá el acuerdo entre las partes y será más fácil conocer a detalle quiénes, cómo y cuándo recibieron sobornos de la constructora.

En este sentido “se les recibiría declaración indagatoria a los colaboradores, una vez se confirmen los datos proporcionados se homologan ante un juez y se establecen las estructuras procesales en que se realizará el proceso”, indicó esta persona.

La empresa está muy interesada en  continuar los proyectos que están en ejecución, como la línea dos del metro (que construye la empresa FCC y Odebrecht a un costo de $1,800), el proyecto de renovación urbana de Colón con un valor de $560 millones, entre otros.

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