viernes, 27 de enero de 2017

Hay un problema sistemático de corrupción en el país

A pesar de que la evaluación del país no tuvo movimientos significativos en 2016, el rango de 35 a 38 puntos que se ha situado en los últimos años indica que el gobierno ha fallado en hacer frente a la corrupción, según TI

Panamá tiene un problema de corrupción sistemático, así lo constata la encuesta de Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción 2016 que sitúa al país en el manchón naranja-rojo del mapa de la corrupción mundial.

La percepción de este flagelo en Panamá no ha variado en los últimos años. La reciente encuesta ubicó al país en la posición 87 de 176 países. Obtuvo 38 puntos que ubica al istmo en el color rojo, o en el nivel de países con mayor corrupción. Un estatus repetitivo en los últimos años. Por ejemplo, en 2015 logró 39 puntos, en 2014 el 37 puntos, y en el 2013 contabilizó 35 puntos.

Cualquier cifra debajo de 50 es indicativo de que los gobiernos están fallando en la lucha contra la corrupción y que la impunidad sigue siendo un problema.

Venezuela fue el peor evaluado de  América con 17 puntos.

No obstante, no fue un mal año para Panamá tomando en cuenta que desde abril que se conocieron los Panama Papers, hasta diciembre en que afloraron los escándalos de sobornos de Odebrectht. En este contexto el país solo se movió un escaño.

Miles de empresas offshore creadas por el bufete Mossack Fonseca fueron utilizadas por políticos, empresarios, deportistas y otras figuras para esconder  fortunas.

TRECHO POR RECORRER
Para la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia, (Antai), Angélica Maytín, el puntaje obtrenido, no implica un cambio significativo a pesar de que se dieron a conocer los mal llamados Panamá Papers.  “Me llama la atención no haber bajado más, ya que mediáticamente ese escándalo afectó la imagen internacional.  Tomando en cuenta que se trata de un índice que mide percepción, pensé que seríamos peor evaluados”, expresó Maytín.

Son muchos los desafíos por enfrentar, indicó  Maytin. Entre ellos, señala, la necesidad de “robustecer la legislación anticorrupción; que los entes llamados a investigar y sancionar cuenten con los recursos necesarios y actúen con independencia; blindar los procesos electorales del dinero sucio  lo que  lograría gran transparencia”. dijo.
 
De acuerdo al cuadro que evalúa los países en el mundo, aquellos con menor rango se ven afectados por instituciones públicas de poca confianza como la Policía y el Poder Judicial. Incluso, señala el análisis, cuando las leyes contra la corrupción están en los libreros, en la práctica, a menudo son ignorados. La gente que  con frecuencia se enfrenta a situaciones de soborno y extorsión, según el estudio, con frecuencia han sido ignorados y dependen de los servicios básicos que se han debilitado por la apropiación indebida de fondos. Éstos se hacen frente a la indiferencia oficial cuando solicitan a las autoridades ser tomados en cuenta.

En la gran corrupción, añade Transparencia Internacional, prosperan esos entornos. Casos como el de Petrobras y Odebrecht en Brasil y otros países de Latinoamérica, muestran la colusión entre las empresas y los políticos y la forma en que se desvían miles de millones de dólares en ingresos de las economías  beneficiando a pocos a expensas de muchos.

Más de dos tercios de los 176 países  reportaron índices  debajo del punto medio de la escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).

La puntuación media global es un magro 43, lo que indica la corrupción endémica en el sector público de un país.  Son mucho más numerosos los países naranja y rojo donde los ciudadanos enfrentan el impacto tangible de la corrupción.

Dinamarca y Nueva Zelandia obtuvieron el mejor puntaje, mientras que los peores ranqueados son Somalia y Sudan del Sur, quedando como los corruptos.

Las naciones más transparentes tienen  mayor grado de libertad de prensa, acceso a la información y normas más fuertes de integridad de los funcionarios  y sistemas judiciales son independientes.

El lado opuesto de la moneda retrata lugares donde hay conflictos de intereses, y son vulnerables a ofertas a puertas cerradas o a finanzas ilícitas. Además, la aplicación de la ley se hace en parches y esto puede distorsionar las políticas públicas.

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