viernes, 2 de diciembre de 2016

Falta de asistencia judicial, desafío en la lucha antilavado

Juanita Olaya, investigadora, explica la complejidad en la investigación del blanqueo de capitales, la recaudación de pruebas en en jurisdicciones extranjeras y los intereses de cada país dificultan las pesquisas


La revelación de los Papeles de Panamá mostró la funcionalidad de las empresas offshore para ocultar dinero en los sistemas financieros, o lo que es lo mismo, la forma en que grandes figuras políticas, del deporte, farándula, y empresariales movían sus riquezas evadiendo las leyes de origen para evitar se detectadas.

El blanqueo de capitales es uno de los delitos más complicados de investigar.

Juanita Olaya, tiene 20 años de experiencia en la investigación de lucha contra la corrupción, la integridad de los negocios, las finanzas públicas e internacionales, y con este bagaje académico explica que la falta de cooperación judicial entre los países es uno de los desafíos más grandes a la hora de investigar los delitos de blanqueo de capitales.

“Es difícil recuperar la evidencia. Surgen dificultades para efectuar ordenes de captura, para regular los bienes confiscados como se manejan, o como se vendían en el país de origen. Se está tratando de trabajar en algunas plataformas internacionales para facilitar el proceso, pero es difícil pasar de la regulación a la práctica”, asevera.

Deshacer la telaraña del crimen organizado que blanquea capitales requiere de deshacer los incentivos y las oportunidades que estos grupos tienen al alcance. “Mientras sea menos costoso hacer todas esas operaciones que cumplir la ley, va a haber alguien que lo haga”, indicó Olaya.

Lo ideal sería llegar a un mínimo de un control similar para todos los países porque la nación que ofrezca una excepción lo facilita. “Todo pasa por acá, pero puede terminar en un departamento en Londres. No es fácil desenmarañar,  hay que recabar pruebas en jurisdicciones extranjeras con diferentes objetivos, e intereses políticos”, añade.

A juicio de Olaya Panamá contribuye a que se facilite el delito de lavado de dinero porque ofrece una plataforma o “una oportunidad que en otras jurisdicciones no existen. En ese contexto es lógico que se use y lo cierto es que si ves que la mayoría de los recursos que buscan evadir impuestos terminan en empresas offshore”.

Sin embargo, las offshore o empresas fachada, tienen un binomio inseparable, y es la estructura financiera la que se utiliza para mover los dineros para evitar que se  les siga el rastro. En ese sentido es necesario mirar todo el sistema de soporte, no solo los bancos, sino las oficinas de abogados, incentivos para crear mecanismos de apalancamiento de dinero. “Parte de la existencia de ese problema consiste en la sobre regulación del otro”, aclara la especialista.

Las cuentas bancarias offshore pueden abrirse en Panamá o en otros países que tienen plataformas similares, y para reducir este flagelo habría que replantearse la política del secreto bancario que hoy día tiene impactos mundiales. “Esta siendo utilizado para una cantidad de abusos y financiar una cantidad de flujos ilegales que con el secreto bancario son difíciles de detectar”, afirma.

Critica, por otra parte, aquel mito de que las investigaciones contra el sistema financiero crean crisis mundiales. Es al revés, “el sistema financiero no te tolera una crisis de credibilidad que es lo que tratan de proteger”.

Como ejemplo de lo anterior cita la crisis del 2008 en la que Estados Unidos se sancionó a un par de cabezas y el problema provocó que los ahorradores  terminaron rescatando los bancos. “Se socializaron las pérdidas, el daño se ahondó, no se subsanó”, describe.

Finalmente, la colombiana con residencia en Berlin, Alemania, cierra con  una reflexión: “Cuanto tiempo tenemos celebrando la globalización de la economía pero también crecieron las actividades de operaciones secretas. No se globalización ni la justicia ni el cumplimiento de la ley. Es también el tema del ultimo beneficiario porque tienes un contraste donde no se cuenta con un sistema de justicia que pueda responder por la confianza en las transacciones en los negocios pero tienes unas operaciones comerciales globalizadas. Una paradoja, porque el sistema no está preparado para operar donde toca”.

NO ES LO MISMO
El fiscal Claudio Macotto del Ministerio Público de Ginebra, que investiga a un exempleado informático de la firma Mossack Fonseca en esa jurisdicción, realiza una investigación complicada en el campo técnico, entiéndase tráfico de datos o información. Así lo dio a conocer a La Estrella de Panamá el vocero de esta oficina, quien indicó que el investigado se encuentra bajo libertad condicional aunque las autoridades retienen su pasaporte.

Ese sospechoso, acusado por la fiscalía suiza ‘sustracción de datos', ‘acceso no autorizado a un sistema informático' y ‘abuso de confianza', “no es John Doe”, la persona anónima que se atribuyó la filtración de los 11 millones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca y la entregó al diario alemán Süddeutsche Zeitung,
 
Marina Walker, una de las investigadoras del  Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés) que coordinó la investigación de los Papeles de Panamá, asegura que el suizo bajo investigación no es la misma persona que Jhon Doe.

“Es muy simplista pensar que todo se reduce a una filtración y a una persona. Si estudias el caso te darás cuenta que habían filtraciones de Mossack Fonseca dando vueltas antes de que un Jhon Doe apareciera”, indicó Walker.

Hoy no se sabe nada de Doe. La última noticia que el mundo conoció de esta fuente fue la publicación de un manifiesto en mayo 6 (un mes después de la publicación de los Papeles de Panamá) en el que denunciaba las desigualdades globales y señalaba al sistema financiero de impulsar una “esclavitud económica”.

Walker indicó que Jhon Doe entregó la información al diario alemán en forma encriptada y su motivación principal se basó en aspectos morales. Añadió que no conoce su paradero, y desconoce igualmente si la información filtrada por la fuente anónima se extrajo de la sede principal en Panamá o de una de las oficinas de la firma alrededor del mundo.

En Panamá el fiscal Ricaurte González, que investiga delitos contra la propiedad intelectual, dejó el caso en pausa después de vencido el término de investigación, sin responsables, al menos hasta recibir respuesta de las consultas internacionales que efectuó a través de su despacho que podrían aportar material para  reabrir el caso.  

Las declaraciones de Walker se dieron en el marco de la 17 Conferencia Internacional Anticorrupción celebrada en Panamá este fin de semana. En ella, los responsables de la investigación de los Papeles de Panamá contaron cómo lograron procesar, examinar, y cruzar los datos de más de 11 millones de documentos que se extrajeron de la firma.

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