viernes, 5 de agosto de 2016

Destituidos exigen respuesta del presidente para agilizar sus casos

El grupo de agentes de distintos estamentos de seguridad esperan que el lunes la comisión que revisa el tema se reuna con el Minseg y les den solución

Los agentes destituidos en el 2009 por el entonces director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, marcharon ayer hacia la presidencia de la República para exigir al mandatario Juan Carlos Varela celeridad en la revisión de sus casos para saber si serán reintegrados a sus puestos.

En el 2014 el Ministerio de Seguridad designó una comisión para revisar los expedientes pero a la fecha no conocen si los mismos llegaron a manos del presidente.

La Comisión entregó los resultados que concluyeron que “los despidos efectuados fueron actos caprichosos y fuera del contexto legal toda vez que los argumentos utilizados se recargaban en el derecho del presidente para disponer de los cargos, no corresponde a lo que dicta la Constitución” manifestó Octavio Nicolau .

El exagente de la Policía Técnica Judicial añade que “si bien es cierto que el presidente es quien tiene la mayor jerarquía en los estamentos de seguridad, el artículo 311 de la Constitución deja evidencia de que el mandatario puede separar, más no destituir sin una previa investigación administrativa justa y respetando el debido proceso, situación que no se dio en nuestro caso”.

Estos resultados fueron entregados al licenciado Alvaro Varlea, secretario del Ministerio de Seguridad, pero “él nunca nos entregó una copia que constara recibido”, dice Nicolau.

Los expolicías fueron recibidos por Emilio Batista, integrante de la Comisión, quien pidió disculpas y retomaría la situación. Agregó que el lunes solicitará una reunión con el Ministro de Seguridad y los jefes de estamentos que se niegan a acceder a la petición del presidente para que se haga una decisión legal respecto a cada caso. El SENAN indicó que no tiene inconveniente en reintegrar a las unidades. “No obstante, SENAFRONT y la Policía, argumentan que tienen que hacer investigaciones para que regresen a sus filas.

Pasados seis meses de que la comisión deliberara, ningún miembro ha sido restituído en sus derechos. Sin embargo, como una potestad del presidente se dieron decretos individualizados que nombraron a ciertos miembros de los destituídos que tenían alto rango. “Mientras, de los suboficiales hacia abajo, no se han tomado en consideración”, reclaman los afectados.

La Corte Suprema de Justicia declaró que el artículo 329 que destituía a 25 funcionarios, lo declaró ilegal y nunca se resolvió la inconsistencia. “Nos sentimos indefensos”, añade Nicolao.
En total suman 169 los despidos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario