domingo, 10 de julio de 2016

El rostro de la desdicha

La exdirectora del Centro de Menores ubicado en Tocumen sustenta con fotos que no logró ver el incendio que terminó con la vida de cinco internos. Aquí, el relato de su ‘desgracia’

El humo comenzó a disiparse. Fue entonces cuando Iris Cedeño, directora del Centro de Menores ubicado en Tocuen, pudo ver con claridad. Caminó hacia el pabellón número uno y se percató que salía uno de los muchachos. Vestía pantalón corto azul. Era escoltado por los policías, tenía las manos en alto y su torso al desnudo dejó ver al pasar cómo el fuego que consumía su celda le había dejado la piel al rojo vivo.

Iris, en un ataque de histeria, comenzó a preguntar a gritos de dónde provenía el incendio y por qué venían quemados los internos. A medida que iban apareciendo, la directora reconocía a algunos.

Seguía gritando, incrédula, por lo que sus ojos veían: uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis y siete menores desfilaban con la carne al desnudo, ardiendo. El médico de planta y los paramédicos del 911 que habían acudido al llamado de auxilio no se daban a basto.

Entonces vino el shock. La directora tomó su celular y empezó a fotografiar lo que veía, nerviosa. Esas fotos, pensó después, le servirían como refrendario de lo sucedido para reportarlo a su jefa, Yolanda Rodríguez, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (la red de prisiones para menores de edad).

Las imágenes evidencian el punto donde se encontraba al momento de los hechos. Muy cerca como para verlo en directo y muy lejos como para saber lo que ocurría en la parte trasera del penal, cuya celda número 6 ardía.

Sin embargo, esas fotografías que atesoró como su mejor testigo, fueron inútiles para probar más adelante su inocencia, cuando intentaba defenderse de los cargos de homicidio en su contra. El Segundo Tribunal Superior la condenó a 46 años de prisión por la muerte de cinco privados de libertad.

Iris capturó 29 escenas cronológicas del espeluznante momento de aquel domingo 9 de enero de 2011, que sorprendió al país en medio del acostumbrado día de reflexión por la gesta de los Mártires de 1964.

Todo al alrededor era dantesco. Colgaban pellejos de los torsos y de los brazos de los quemados. Unos estaban parados en posición firme; y otros tres sentados en el pasto, a la espera de que un paramédico se desocupara para atenderlos.

En la primera foto se observa un grupo de policías uniformados de verde y azul, unos con cascos y otros con boinas y toletes. Después un subteniente, Ernesto Blake, que está de espalda, con las manos en la cintura. Muy cerca aparece otra uniformada vestida de verde.

Iris Cedeño recuerda la impotencia que sentía al ver que no podía hacer mucho. En ese momento, pensaba, era más valioso no entorpecer la labor de los doctores. “Deseaba que atendieran a los muchachos, todo ocurrió tan rápido, que a algunos no pude reconocerlos”.

La duodécima foto que guarda su celular retrata tres carros patrullas que viajan en dirección hacia donde está el médico del penal junto a dos personas con quemaduras. Iris no los logra identificar. Todos caminan en dirección al portón de la salida. La siguiente imagen muestra una patrulla, cuatro policías con uniforme de camuflaje y dos internos que caminan a cierta distancia detrás del doctor. En la que sigue, aparece otro de los heridos, Benjamín Mojica, quien moriría dos días después del incidente en el Hospital Santo Tomás.

La secuencia gráfica retrata el tormento que arrastraría a Iris a una sentencia que a su edad sería perpetua. Para ella lo es, tomando en cuenta que tiene 60 años y saldría a los 106.

La misma situación regiría para los policías y personal administrativo del centro. Las ilustraciones hacen un recorrido crudo desde que los jóvenes caminan hacia los carros patrulla para recibir los auxilios de la ambulancia hasta cuando el médico se ocupa de ellos.

A punto de jubilarse, pensando ya en una vida como “cualquier viejita”, pendiente de sus plantas, de la casa y la familia, lo último que a Iris le pasó por la mente es que viviría entre las rejas. “Y menos por un delito que no cometí”, insiste, en su casa, donde aguarda a que la Corte decida una apelación a su caso.

Trabajadora social de profesión, Cedeño había aceptado un año antes del suceso el reto como directora del centro de menores porque se sintió capaz de ayudar a los infractores a enderezar sus vidas con programas de resocialización, a pesar de que nunca había aplicado su experiencia al ramo penal.

Lo hizo siguiendo sus corazonadas y aventuras: antes de ese puesto, fue la primera mujer en 50 años en dirigir el Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera. Aún cuando nunca se había desempeñado en esta actividad le renovaron el contrato por su buen manejo. Ese era su aval para afrontar la nueva tarea en el sistema penitenciario.

Atraída por el sueldo que ganaría como autoridad del penal de Tocumen, suma que doblaba su salario anterior, confió en que podría hacer un excelente trabajo.

Todos sus compañeros del hospital le advertían, como si se tratara de un fatídico presagio, que no aceptara la oferta. Pero ella, convencida de que sus funciones se limitaría al campo administrativo, que incluía los programas de resocialización, se animó a la arriesgada tarea.

Sin embargo, su carrera se desmoronó en un par de segundos. Cuando su mala hora empezó, estaba en su casa en Arraiján, justo en el extremo opuesto en el que se encuentra el penal de menores.

Lejos de ella, los internos iniciaron una protesta con el probable propósito de fugarse, aprovechando el escaso personal que atendía el centro en días feriados y fines de semana. Se quejaron por la falta de agua que originó los trabajos de cambio de tuberías que se hacían cerca. Como plan contingente, cada día de por medio un camión cisterna abastecía al centro.

Ese domingo en que se registró el motín, los rebeldes cortaron con una segueta los candados de las celdas 4, 3, 8, y 2, y en el pasillo prendieron los colchones con la ayuda de la electricidad del interruptor. Después, con la sierra, intentaron romper el candado de la entrada frontal de la cárcel.

Cuando Iris recibió la llamada que la ponía en alerta del desorden, tomó un taxi apresurada, y en el trayecto notificó a Yolanda Rodríguez, su superior inmediata.

Al llegar, ya había transcurrido más de una hora desde el motín. El comisionado Luis Ortega, a cargo de la seguridad perimetral del penal, le informó que los bomberos ya habían extinguido el fuego, pero ella desconocía que otro incendio estaba en pleno auge en la parte trasera.

Lo primero que hizo Iris fue tratar de dialogar con los muchachos. Se aproximó al pabellón con el pensamiento inocente de que sus palabras calmarían el salvajismo.

“El diálogo siempre debe primar antes de cualquier medida extrema”, dice, apegada al reglamento interno del penal y la ley que rige el Sistema Penitenciario.

Pero, al asomarse por la puerta, lo que recibió fue una avalancha de objetos: varillas, bloques, bolsas de excremento y orine. Los esquivaba mientras trataba de entablar conversación con los protestantes.

“Licenciada, quítese que no va a lograr nada”, le gritaba el resto del personal.

Al ver que sus palabras eran inútiles, Iris demandó auxilio al comisionado para controlar la situación. “Échenle gas pimienta y sáquenlos a todos, procedan a entrar”, ordenó.

Esa fue su sentencia. A partir de ahí los gases lacrimógenos y el caos se apoderaron del lugar.

“Yo tenía que darle la orden, se trataba de un intento de fuga masiva. No le puedo decir a la policía cómo debe hacer su trabajo”, se escuda ahora.

Iris dice esto de forma repetitiva, como si sus palabras formaran parte de su consuelo, y como para convencerse una y otra vez de haber seguido al pie de la letra las instrucciones del manual.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, en cambio, consideró que la participación de la directora desencadenó en el resultado “nefasto y lamentable”, puesto que su deber era garantizar los derechos de los privados de libertad. Los magistrados la sentenciaron a la pena máxima porque, en su presencia, se utilizaron elementos que dieron cabida al incendio del pabellón aún cuando ella solo ordenó que se utilizara gas pimienta. Aunque los uniformados emplearon gas lacrimógeno, generador del incendio, los jueces determinaron que ella no hizo nada para hacer cumplir su orden.

“De ahí (la cárcel) me sacan muerta, yo no lo voy a soportar”, exclama a llanto tendido.

En el momento en que la unidad de bomberos llegó a la escena, pocos minutos pasaron y ya habían controlado el siniestro del interior de la infraestructura. Pero en la parte trasera se escuchaban gritos desgarradores de los reos que clamaban ayuda a su mamá y su papa. Otra voz, la de un policía, se alzaba: “ahora no son hombrecitos, muéranse”, decía, como si estuviesen dentro de una fosa de la Divina Comedia.

Todo ocurrió en cuestión de minutos. Las llamas alcanzaron altura en pocos segundos, luego de que uno de los policías introdujo una bomba lacrimógena, aprovechando un hueco en la malla de la ventana. El artefacto aterrizó en el colchón de una de las camas de concreto conocidas como “tumba”.

Cuando el carro bomba se acercó ya era muy tarde. Había un silencio sepulcral.

Los siete menores hacinados en la celda intentaron protegerse del fuego: uno se metió debajo del concreto que hacía la vez de cama y desde ahí observó cómo se consumían sus compañeros Víctor Jiménez y José Frías. Se abrazaban porque se quemaban. Lloraban de dolor.

Después empezó a sentir calor en sus manos, se levantó, y vio a Benjamin Mojica que estaba rostizado. Estos fueron los últimos muchachos en salir de la celda.

Irónicamente, los jóvenes que más sufrieron eran los de mejor comportamiento. Los agolpados en la celda 6 protegieron con sábanas los candados para evitar que los rebeldes los seguetearan.

Como si fuera un conjuro del destino, los jóvenes que más había trabajado Iris, fueron los que recibieron la peor parte.

(primera parte: La impotencia de una mujer condenada a 46 años de prisión)

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