martes, 12 de abril de 2016

Corte de California identificó a siete conspiradores de SAP

El juez Charles R. Breyer, del distrito de California, Estados Unidos, identificó como conspiradores de Vicente Eduardo García, exejecutivo de la compañía alemana de softwares SAP, al expresidente Ricardo Martinelli, a su cuñado Aaron Mizrachi, a Eduardo Jaén (exdirector de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental), a Carlos Tasón (exjefe de la Dirección de Transformación e Innovación de la Caja de Seguro Social), a Carlos Bustamante, a Mauricio Deveaux (directivo de Advanced Consulting Panamá, subsidiaria local de SAP) y a Alejandro Castrejón.

El primer detenido en Panamá por este caso es Jaén, a quien el fiscal Sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, formuló cargos por peculado y corrupción. Jaén se acogió al artículo 25 de la Constitución que le exenta de declarar en asunto criminal.

García, sentenciado a 22 meses de prisión, reconoció ante el gobierno de los Estados Unidos haber orquestado el pago de sobornos a funcionarios panameños para conseguir contratos millonarios de servicio de software con el gobierno de Panamá entre 2009-2013.

La Procuraduría General de la Nación solicitó cooperación internacional al FBI, entidad que abordó a García cuando detectó el ilícito que violaba la ley de actos de corrupción en el extranjero.

A raíz de la cooperación de los estadounidenses, la Fiscalía Anticorrupción inició una serie de diligencias, entre las que ordenó la detención provisional del señor Aaron Mizrachi, que se encuentra fuera del país.

Mientras, el expresidente Martinelli reside desde hace más de un año en la ciudad de Miami, Estado de Florida.

En junio de 2009, una especie de ‘lobista’ en Panamá informó a García sobre el potencial de vender software al gobierno panameño y que él tenía ya una relación con el recién electo gobierno (de Ricardo Martinelli) que incluía un funcionario “A” de alto rango que tenía la misión de actualizar y modernizar el sistema de tecnología en las diferentes entidades del gobierno y que contaba con suficiente influencia en la toma de decisiones para la compra de equipo. Así fue como SAP empezó a investigar los posibles softwares para su nuevo y próspero cliente.

García vio una oportunidad de negocios al potenciar a Panamá como el primero de un grupo importante de clientes en la región.

En su confesión, García identificó a tres funcionarios de alto rango que enumeró como A, B, y C ( el último supuestamente un funcionario de la CSS), que le habían pedido coimas para asegurar la adjudicación de los millonarios contratos que sobrepasaban los $17 millones.

García accedió a la propuesta e ingenió un esquema para discutir con sus colegas de cómo repartirían las coimas. Consideraron que el funcionario “A” debía recibir el 2% del total del contrato, el funcionario “B” el 10%, y de esta cifra rebotaría para García y los suyos un 2%.

Para facilitar los pagos a los funcionarios panameños, el ‘lobbista’ propuso hacer un contrato ficticio de servicios a la empresa del cuñado del oficial “B” del gobierno.

El 17 de junio, el oficial “A” -supuestamente Eduardo Jaén- recibió un contrato que no dejaría huella en caso de que SAP fuera auditada.

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