martes, 15 de marzo de 2016

Doble juzgamiento: ‘Proceso es ilegal’

Un recurso interpuesto por la defensa de Cristóbal Salerno solicita anular el proceso que se le sigue a Cobranzas del Istmo, S.A., por defraudación fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), ordenó el secuestro de bienes inmuebles, cuentas corrientes, depósitos, plazos fijos de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), luego de que una auditoría encontrara indicios de defraudación fiscal en el pago del impuesto sobre la renta correspondiente a los años 2012 y 2013.

El monto del secuestro a la empresa, contratada por la DGI para gestionar sus impuestos morosos asciende a $42.8 millones. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2015 la defensa de la empresa interpuso un incidente de nulidad ante la DGI alegando violación del debido proceso, indebida notificación para realizar una auditoría fiscal y el allanamiento.

La defensa alega que actos administrativos ejecutados por funcionarios de la DGI vulneraron los derechos fundamentales del contribuyente Cobranzas del Istmo, S.A., al rebasar las potestades que le concede la Ley.

“El actual director de ingresos (Publio Cortés) estaba imposibilitado para realizar una segunda auditoría fiscal al contribuyente para los periodos 2012 y 2013 relacionado con la liquidación del Impuesto Sobre la Renta y revisión del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles y Servicios (ITBMS), en los periodos 2010 y 2013, por cuanto la administración anterior había practicado una auditoría en los mismos periodos fiscales”, cita el incidente de nulidad.

La defensa sustenta su argumento bajo el artículo 17 de la Constitución que establece que nadie será juzgado sino por autoridad competente no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva y disciplinaria.

Así mismo, Sierra Castellanos, abogado de la empresa, califica como ilegal que los auditores procedieran a confiscar la documentación contable y financiera que mantenía su cliente, violando el artículo 29 de la Constitución.

Para fijar esta medida cautelar, la DGI se basó en un informe del Departamento de Auditoría y Fiscalización, que establece que la empresa dejó de pagar $4.7 millones en impuestos.

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