Proponen despenalización del consumo de marihuana

Panamá ha invertido más de $17 mil millones en la lucha antidrogas pero los pobres resultados provocan constantes rectificaciones en la política contra el narcotráfico

El análisis más reciente publicado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, trae a la mesa un debate que al menos en Panamá, han pasado por alto los gobiernos de turno. El Anuario de Seguridad Regional en América Latina y el Caribe describe, en ciertos apartes, el fracaso de las políticas gubernamentales en la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo al Anuario los esfuerzos de los gobiernos en Panamá para minimizar la actividad del narcotráfico no han dado los resultados esperados, aun cuando en los últimos cinco años se han invertido 17 mil millones en fortalecimiento, equipamiento y tecnificación de las instituciones policiales, de frontera, marítimo y aéreo, la problemática se presenta igual o peor y las acciones desarrolladas no han minimizado el paso de sustancias ilegales. (Durante la administración de Ricardo Martinelli se destinaron en promedio 800 millones anuales para el Ministerio de Seguridad, cifra que no contempla los aportes internacionales, el gasto en equipamiento policial, etc. ).

EL FRACASO EN LA LUCHA
A pesar de la gran cantidad de droga decomisada a través de los años, en el 2015 fueron 52 toneladas, en el país no se siente el cambio, la venta, el consumo y el tráfico continúan creciendo, plasma el Anuario.

Por otro lado, en la parte de investigación judicial y represión hay un gran vacío en el procesamiento de los actores principales. Según el documento, solo el 10% de los casos de droga que llegan al Ministerio Público involucran a narcotraficantes. El 90% restante son casos de tenencia simple, lo que no resuelve en nada el problema.

Cifras de la Fiscalía del Crimen Organizado indican que en 2014 se desmantelaron 12 pandillas. Según el estudio, esto demuestra que los jóvenes, principalmente los que pertenecen a pandillas, son la punta de lanza del sistema de administración de justicia, es decir, las leyes panameñas no llegan a la raíz del problema. Un ingrediente que complica la desmantelización de los grupos, son las alianzas entre pandillas, que antes eran rivales, por conveniencia comercial y sus ramificaciones internacionales.

Esta situación conlleva a un clamor popular de la ciudadanía que no encuentra esperanza en una respuesta por parte del Estado a la problemática. El problema no solo se limita a la venta, sino a la clase de droga que llega a los jóvenes y la falta de un censo de adictos en el país. En ese sentido, el país no conoce la cantidad de adictos que consumen crack, cocaína rosada, marihuana o bazuko porque no ha invertido en una encuesta nacional de consumo de droga que sitúe el nivel de adicción a las drogas ilícitas en la población.

POLÍTICAS COSMÉTICAS
Aún cuando el narcotráfico tiene en contra las múltiples políticas internacionales, el negocio no ha mermado y sigue siendo uno de los más lucrativos del mundo. "Mientras las decisiones políticas sean tomadas con base a realidades completamente desconocida, el narcotráfico seguirá desestabilizando gobiernos, destruyendo hogares y adueñándose de territorios", establece el documento.

La política estatal no ha dado los resultados esperados, esgrime Aracelly de Casanova en el capítulo sobre Panamá, porque no cuenta con una política criminológica integrada. "Los trabajos de los gobiernos de turno son cosméticos, cada uno con su propia agenda, lo que impide solucionar de raíz los problemas. Se adoptan políticas de forma, más no de fondo a lo que se suma el alto grado de corrupción de las autoridades cuya misión es proteger y velar por todos" describe Casanova.

Lo cierto es que mientras algunos países son beneficiados del dinero del narcotráfico, otros son considerados paraísos fiscales como Panamá que es catalogado con frecuencia en la lista gris a pesar de que la Superintendencia de Bancos asegura haber tomado todas las medidas para contrarrestar el dinero producto del narcotráfico.

GIRO EN EL TIMÓN
El informe propone al Estado un debate sobre la despenalización y legalización de las drogas.

Un cambio en la política en la lucha antinarcóticos que pretende traer al tapete nuevas soluciones a la muerte y violencia que hasta ahora ha dejado este frente.

"La cadena de producción, venta y consumo legal traería importantes cambios como la reducción del precio de las drogas, lo que eliminaría el atractivo financiero del narco y aportaría dinero a los estados mediante impuestos. Terminaría con los altos costos de producción e intermediación que implica la prohibición y (se conocería la composición química de la droga mediante laboratorios autorizados) y se culminaría la rivalidad entre las bandas por el control territorial y con los asesinatos", relata Casanova.

El informe recomienda una evaluación de las políticas públicas de seguridad frente a los resultados. Siendo la rapidez y mutación una de las principales características del crimen organizado, y su capacidad a adaptarse a nuevos escenarios, buscan la mínima debilidad del país para extenderse y diversificar su portafolio criminal, todo esto mientras los países discuten leyes para contrarrestar la criminalidad y las agencias internacionales tratan de ponerse al día.

Los informes dos y el dominioe la ONUDC indican que le principal motivador de la violencia en Centroamérica no es la cocaína, sino la lucha por el poder entre los grup del territorio. Así mismo, cualquier cambio en el estatus quo que se produzca por acción de los gobiernos rebota en la inestabilidad de los grupos territoriales.

"Mientras los Estados no den prioridad a las causas del fenómeno del narcotráfico la problemática se seguirá expandiendo sin control, no tendrán la capacidad de detener los altos niveles de violencia que se avecinan, pues los jóvenes que entran a las pandillas y trabajan con la narcoactividad no han aprendido otro modo de subsistencia, no son escolarizados ni preparados para enfrentar la vida sin eso", se lee.

La visión para la lucha antidrogas abarca una mirada más profunda a las pandillas."Panamá debe empezar a ver el problema desde otra perspectiva, es decir, dejar de ver los grupos como locales y observarlos como grupos que responden al crimen organizado y que tienen ramificaciones internacionales", advierte el documento.

Los gobernantes toman decisiones tardías mientras las organizaciones criminales avanzan con rapidez. En este escenario los países discuten las normas legales que deben implementar para contrarrestar el problema en forma tardía.

"En Panamá hay una alta corrupción a la que se suman las grandes empresas y organizaciones transnacionales que facilitan y encubren acciones del crimen organizado", alerta Casanova.