miércoles, 17 de febrero de 2016

Violencia doméstica registra un incremento del 16% en un año

La mayor parte de las denuncias son archivadas por petición de la víctima o por la dificultad en la obtención de pruebas para condenar al agresor. La causa del aumento está en la descomposición social

Los casos de violencia doméstica aumentaron un 16% en comparación con el año pasado, según datos de las Fiscalías de Familia del Ministerio Público.

En el 2015 se registraron 20,516 denuncias, mientras que el año anterior alcanzaron 17,312. El 90% de los afectados son mujeres, aunque también se han contabilizado algunos casos de hijos mayores de edad que agreden a sus padres o de mujeres que maltratan a su pareja.

Lo curioso es que el 80% de las denuncias son sobreseidas por petición de los fiscales, ya que la víctima opta por desistir por múltiples factores.

El consultor Rene Quevedo enumera algunos: “la víctima se siente culpable de las reacciones agresivas que despierta hacia ella, le tiene miedo a su pareja pero lo quiere e incluso lo defiende y justifica”. Una contradicción que envuelve a la mujer en un círculo vicioso. Agrega Quevedo que muchas veces “el miedo al qué dirán, al fracaso matrimonial o la soledad son motivos que inciden, además del bajo autoestima que inhibe a las damas de asumir nuevas responsabilidades” contribuyen a que la mujer no continúe con el proceso.

Las Fiscalías de Faminia, no cuentan con un dato preciso de lo que ocurre con las afectadas que deciden retirar las denuncias. No lo conocen con certeza si éstas vuelven a atravesar un ciclo de violencia. Alegan que el cúmulo de expedientes, la falta de personal y de presupuesto les impiden dar un seguimiento a estas personas. Empero, las medidas de protección a la víctima quedan vigentes por seis meses prorrogables.

En algunos despachos de los Fiscales se acude a otras organizaciones para apoyar a la víctima en su proceso como el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) o a la Defensoría del Pueblo, entidades que brindan atención y asesoría interdisciplinaria a la víctima.

Los vacíos en el abordaje de los casos de violencia doméstica motivan una reflexión de las autoridades en la forma en cómo se aborda el tema. Mientras que en el Ministerio Público las denuncias rebasan las 20 mil, en el Inamu, por ejemplo, solo se recibieron 600 denuncias en la ciudad de Panamá el año pasado. Lo que revela una “falta de coordinación entre la cantidad de denuncias presentadas versus las que se refieren a la institución. A la mujer se le debe orientar para que se informe acerca del proceso y esté bien orientada legalmente para que sepa a lo que se enfrentar”, indica Calixta Arroyo jefa de asesoría legal de Inamu.

“En el Inamu son pocas las mujeres que desisten, en comparación con el comportamiento de los casos de la Fiscalía”, manifestó Arroyo.

La agresión no discrimina estrato social. En el Ministerio Público se reciben denuncias de ricos y pobres. No obstante, otro dato del que carece la institución es el detalle de la curva de las edades de las víctimas que más sufren de estos maltratos.

La violencia doméstica va mas allá del hecho, es una conducta aprendida en el hogar, los hijos son propensos a repetirlo con el tiempo porque asumen que es una vía para resolver sus diferencias, en este caso, con la pareja. “Estos hombres o mujeres que nosotros investigamos hoy en día, fueron testigos de cómo sus padres se agredían entre ellos, son personas que crecen sin sentimientos y se asimilan en las bandas, porque ellos no tienen ningún tipo de sentimientos”, asegura el fiscal Primero de Familia de San Miguelito, Cristóbal Fundora.

A juicio del Fiscal Andrés Ayú Prado, hay “una gran descomposición en el tejido social que desencadena estos delitos. Panamá ha marcado cifras muy altas en descomposición familiar y social en comparación de otros países. Una estadística a groso modo que uno maneja por la experiencia y el estudio del tema”, indica.

Lo indicado es la “prevención y edificación de la familia donde intervienen las familias, las escuelas, los medios de comunicación, el rol del Ministerio Público es más represivo, es investigativo”, agrega Ayú Prado.

La violencia doméstica es un ciclo: inicia con la reconciliación, la luna de miel, la tensión, agresiones y nuevamente la reconciliación. Las víctimas no se percatan del laberinto en el que se encuentran, viven esperanzadas en que la pareja va a cambiar.

“Una de las recomendaciones que damos a las es que la persona cumpla con un tratamiento. Oficiamos a centros de salud pero son muy pocas las personas que acuden a los tratamientos” indicó Miguel Herrera, fiscal Segundo de Familia de Panamá.

La difusión de la Ley 82 de 2013 que tipifica el femicidio y la violencia doméstica, provocó una efervescencia en las denuncias. No obstante, los despachos judiciales colapsaron por el poco personal y presupuesto asignado.

Estas deficiencias se convirtieron en una bola de nieve que arrastró vacíos en las estadísticas que impiden un diagnóstico claro de nuestra sociedad.

Por ejemplo, es necesario robustecer la coordinación interinstitucional entre Fiscalías, Inamu y Defensoría del Pueblo para evitar que los casos se repitan y para que la víctima no desista de la denuncia.

El proceso judicial que atraviesa la víctima es largo, éste es un factor que alimenta a que las mujeres abandonen las denuncias. Muchas veces la demora ocurre porque la cantidad de denuncias que se reciben en los despachos, llenan el tiempo del personal que debería utilizar para entrevistar a testigos de los expedientes ya en trámite. Los fiscales afirman que para efectuar un mejor trabajo requieren de mayor presupuesto y personal.

Hay una cifra oculta de casos que nunca se conoce. Probablemente por la divulgación del tema ha disminuido la cifra negra, esto no necesariamente implica, según los fiscales, que el incremento de los casos corresponda necesariamente al aumento de la violencia en la sociedad.

“No podemos negar que parte del proceso es que la víctima no denuncia, y también la cultura machista de nuestra sociedad que genera un patrón de agresión. Mientras esto persista es difícil bajar la estadística” señala Cristóbal Fundora, Fiscal Primero de Familia de San Miguelito.

Del 20% de los casos que siguen su curso,en 2014 en San Miguelito por ejemplo, hubo 58 condenas, en el 2015 se registraron 48 sentencias condenatorias y 54 sobreseimientos. El resto de las fiscalías no contaba con datos precisos sobre la cantidad de condenas que lograron.

“No es un delito normal, es muy difícil que una denunciante continúe la denuncia porque la efervescencia del momento baja con el tiempo y la persona desiste”, explica Miguel Herrera, Fiscal Segundo de Familia de Panamá.

“Muchas veces con una denuncia que, asumimos es auténtica, emitimos una medida de protección o el desalojo del presunto agresor. Esto hace que disminuyan los maltratos y la víctma se sienta satisfecha de lo que se logró. En otras ocasiones se dificulta la obtención de pruebas”, indicó, Andrés Ayú Prado.

La cura está en la parte preventiva. Con la Ley 82 de 2013, se estableció que los programas de prevención deben ser institucionales, lo que se busca en foros de capacitación, por ejemplo, es que el personal del Ministerio Público conozca el fenómeno y el rol que deben tener en sus labores.

El protocolo a implementar desde la Policía cuando se presenta un caso de esta naturaleza es separar al agresor de la víctima para evitar que éste, por la presión de las autoridades, manipule a la mujer para que abandone la denuncia. En este lapso de tiempo en que ambos están separados, intervienen las autoridades y empoderan a la víctima. “Una vez que la víctima obtiene su boleta de protección sale del control de nosotros cuando el fenómeno probablemente se presente nuevamente porque es un factor cíclico”, indicó Herrera.

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