Defensa de Miller pide cambiar cautelar

Un grupo de abogados y periodistas solicitaron una medida distinta a la detención preventiva

Un grupo de abogados y periodistas acudió a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para solicitar a la fiscal Zuleika Moore otra medida cautelar para su colega Julio Miller, quien se encuentra detenido y acusado del delito de blanqueo de capitales por haber recibido un cheque por $20 mil de la empresa Hidalgo e Hidalgo, investigada por corrupción, fraude y blanqueo de capitales.

Daniel Ramírez, Víctor Chang Castillo y Carlos Benítez, apoderados de Miller, llegaron acompañados del presidente y vicepresidente del Colegio de Abogados, José Álvarez y Juan Carlos Araúz, respectivamente. Blanca Gómez, presidenta del Colegio de Periodistas, y Grisel Bethancourt, del Sindicato de Periodistas, formaron parte del grupo.

La defensa sustentó la petición ante la fiscalía en base a que Miller fue contratado para promocionar, a través de la radio y la televisión, el proyecto de riego de Tonosí. ‘Esto le puede suceder a cualquier periodista. A Miller le solicitaron prueba de su trabajo tres años después de haber difundido los mensajes. Es imposible recopilar las transmisiones, puesto que la ley obliga a guardar los programas un mes después de transmitidos', indicó Ramírez.

La defensa comunicó que su cliente padece de diabetes y problemas intestinales.

Por su parte, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, indicó que el caso ha llamado la atención de todos, ‘pero es una decisión de la fiscal que emana de un caso contra la administración pública y el orden económico, un delito penal grave como lo es el blanqueo de capitales', dijo Porcell. La pena mínima del delito de blanqueo es de 4 años, esto, según Porcell, es por la afectación que causa a la colectividad, ya que son tributos que no se pagan.

La jefa del Ministerio Público manifestó su confianza en que la defensa de Miller aportará las pruebas para que todo sea aclarado a la mayor brevedad posible.

La fiscalía investiga el caso del proyecto de Riego de Tonosí en el que el gobierno pasado adelantó $37 millones pero el proyecto no se ejecutó. En este caso se investiga a 14 personas, entre ellos dos exministros.