jueves, 23 de abril de 2015

El MInseg redimirá las destituciones de Gustavo Pérez en la Policía

Desde que Rodolfo Aguilera fue designado como ministro de Seguridad, es muy probable que su teléfono no haya parado de recibir llamadas de los uniformados destituidos o forzados a acogerse a una jubilación anticipada durante el quinquenio pasado.

Las polémicas destituciones de los agentes de los distintos estamentos de seguridad se convirtieron en un dolor de cabeza para el ministro.

Así es que, con el afán de atender la papa caliente que heredó de su antecesor José Raúl Mulino, Aguilera instauró una comisión encabezada por el secretario general de la entidad, Álvaro Varela, para revisar caso por caso. De esta forma, se pretende brindar una alternativa a quienes consideran un proceso injusto en su contra.

Las detituciones, del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014, serán revisadas con la presencia física de un representante de cada institución, el afectado y su abogado. Si el balance es positivo a favor del demandante, la idea es reintegrarlo. Si es el caso, ascenderlo al rango superior inmediato que le corresponde, aunque no podrán cobrar los salarios caídos.

Varela se enfrenta a un escenario complicado debido a la cantidad de variantes que componen cada caso, y a que la Sala Tercera de lo Contensioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha sentado un precedente contradictorio al declarar —en ocasiones puntuales— legal e ilegal el mismo Decreto de personal que destituyó a varios uniformados de un solo tajo.

El absurdo legal en las decisiones de la Corte, enfureció a los desfavorecidos quienes planean acudir a la comisión del Ministerio de Seguridad que incluirá en la lista —además de los destituidos de la Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras— a los detectives despedidos en el 2009 de la Dirección de Investigación Judicial.

En un periodo de 90 días hábiles deberán evacuar todos los casos. Varela aún no conoce el número exacto de expedientes que tiene sobre su escritorio.

BAJABAN FIRMADOS
La tarea se vislumbra muy complicada. También lo fueron las “altas discusiones” que tuvo Álvaro Varela —como él mismo las denomina— con sus superiores. Varela fue asesor de José Raúl Mulino. Lo que despierta un grado de parcialidad para quienes acuden ahora por un reintegro.

Afirman que “él era la mano derecha de Mulino y avaló todos los despidos” pasando por alto el debido proceso, y ahora será el encargado de reintegrarlos.

El asesor de Aguilera defiende su postura: “bajaban las órdenes ya firmadas por el presidente Ricardo Martinelli y por Mulino”.

Sostiene que en su momento retuvo “120 expedientes que había enviado Gustavo Pérez”. Varela manifestó a La Estrella de Panamá que se sentó con el exministro Mulino a buscar un “consenso”. Posteriormente, dice Varela, “el ministro ordenó que se regresaran los 120 expedientes a la Policía —una vez Julio Moltó asumió la dirección— para que se emitiera un concepto sobre los casos. “Este regresó 87 expedientes en los que no encontró mérito para su destitución”, narra Varela. Del resto, afirma, a cada uno se le hizo su propio expediente.

Algunos oficiales se restituyeron, pero hubo otros, como recuerda Varela, que “sí había mérito e informe de inteligencia” que justificaba la acción. “Yo siempre les dije: ‘el que se considere afectado agote la vía legal”, indica.
—¿Qué pasará con aquellos a quienes la Corte les falló en contra? — se le cuestionó.
—Si les negó el derecho yo, o la Comisión, no podemos pasar por encima de la Corte. Es materia juzgada— responde el asesor jurídico.

Octavio Nicolau, defensor de un grupo de destituidos, indica que la situación de muchos a quienes la Corte les falló en contra por motivaciones políticas pudiera arreglarse si la entidad de donde se originó el acto administrativo, es decir la resolución, lo declara nulo.

DILEMAS A ENFRENTAR
Álvaro Varela, enfrentará cuatro posibles escenarios: El primero, y tal vez el menos complicado, es de aquel en el que la Corte se pronunció a favor de la víctima y reconoce el reintegro y pago de salarios caídos. Un trámite meramente administrativo.

El segundo caso corresponde a quienes fueron destituidos mediante artículo 184 o se vieron obligados a optar por una jubilación temprana, pero que no agotaron la vía de la Corte.

Un tercer cuadro lo componen quienes interpusieron un recurso ante la Corte y el fallo salió en su contra. En este sentido hay un debate por la actuación paradójica de la Corte al declarar ilegal, y legal, el mismo acto resolutivo.

El último y más espinoso, será confrontar a los uniformados que tienen informes de inteligencia que los vincula a situaciones ilícitas (tráfico de drogas) pero los casos no se judicializaron. Estas personas fueron despedidas sin el debido proceso: una Junta Disciplinaria.

En este sentido, se evaluará la trayectoria del agente; sanciones, desempeño, comportamiento. Y se escuchará la versión de la Policía, del afectado y su abogado.

Las causales para dar de baja a una unidad según la Ley de la Policía son: incapacidad profesional, incapacidad psicológica, sobrepasar el tiempo del rango e incapacidad médica.

Las destituciones, por lo general, se hacían mediante Decreto de Personal basados en el artículo 184 de la Constitución que concede al Presidente la facultad de nombrar y separar al director de la policía y sus miembros.

Otros uniformados se vieron obligados a “optar” por una jubilación anticipada con el 70% de su salario.

ASCENSOS
Durante el quinquenio pasado no solo se hicieron destituciones cuestionadas. Según una fuente relacionada al Minseg, se promocionó a cuarenta unidades sin que estas hayan cumplido los cuatro años reglamentarios para subir de escalafón. En la lista aparecen cargos desde Sargentos, Capitanes, y subComisionados. En este sentido, aún no hay un pronunciamiento oficial de la Policía

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