domingo, 25 de enero de 2015

La nueva administración de Financial Pacific, con 7 querellas

Mendo Sampaio, el grupo de inversionistas brasileños que adquirió la casa de valores en mayo de 2013 prometió nuevos aires para la empresa, sin embargo, las investigaciones en su contra se triplicaron

Las nueve querellas presentadas desde el año 2012 por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) contra Financial Pacific involucran tanto a los exdirectivos West Valdés e Iván Clare, como a los nombrados por el grupo Mendo Sampaio, tras la adquisición de la casa de valores en mayo de 2013.

Los supuestos delitos incluyen blanqueo de capitales, contra la seguridad informática y la administración pública, entre otros.

A estos procesos hay que agregar otro indirectamente relacionado, la desaparición de Vernon Ramos, exfuncionario de la Dirección de Supervisión de la SMV.

El paradero de Ramos se desconoce desde noviembre de 2012, cuando el entonces funcionario investigaba asuntos relacionados con Financial Pacific. Las autoridades no han logrado descifrar si su desaparición está relacionada con el caso que se le sigue a la casa de valores.

ENTRA MENDO SAMPAIO
Cuando el grupo brasileño Mendo Sampaio adquirió la casa de valores Financial Pacific en mayo de 2013, con la razón social Banvalores, la empresa ya era objeto de varias investigaciones.

Había sido intervenida en octubre de 2012; en enero de 2013, la SMV había cancelado indefinidamente la licencia a sus exdirectivos, lo que motivó a estos a capitalizar la empresa con $12 millones para inmediatamente proceder a su venta.

DESGREÑOS
La SMV “esperaba que los nuevos administrativos replantearan la situación y se reorganizaran. Sin embargo, al pasar el tiempo no sucedió lo que se esperaba; la administración no ha sido la más diligente”, reveló a La Estrella de Panamá el Superintendente del Mercado de Valores Juan Manuel Martans.

En el primer semestre de 2014, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) detectó algunos supuestos “desgreños” en la casa de valores Financial Pacific. “Empezamos a detectar indicios de que no estaban manejando los temas inherentes a invertir el dinero de sus inversionistas tomando en cuenta los mejores intereses de estos”, explicó Martans.

Para sorpresa de la SMV, desde que asumió la nueva administración de Financial Pacific, lejos de mejorarse la situación y finiquitarse las investigaciones administrativas que ya había iniciado el regente en el 2012, la relación de la SMV y los nuevos directivos “se tornó cada vez más hostil”, asegura Martans.

En un principio, las irregularidades halladas por la SMV fueron de carácter administrativo. Pero, una investigación realizada por este diario encontró varios procesos judiciales en las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público contra Financial Pacific, entre ellos siete nuevas querellas por varios presuntos delitos, repartidas en las Fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público.

Varios de estos procesos fueron iniciados en representación de la SMV, otros fueron interpuestos en representación de la intervención y liquidación de la casa de valores.

SEGURIDAD INFORMÁTICA
Financial Pacific enfrenta una denuncia penal contra quienes resulten responsables por la posible comisión de delitos contra la seguridad informática de los medios electrónicos de la SMV.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía Auxiliar en noviembre de 2014 debido a una serie de incidencias que han estado ocurriendo en los servidores alojados en la nube gubernamental de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. El expediente se encuentra en la Fiscalía Especializada en delitos contra el derecho de autor.

DELITOS FINANCIEROS
Denuncia penal contra Carlo Osorio Wald, Octavio Souto, Jusue Chávez, Teresa Sánchez, Reinilson Andrade, y quien resulte vinculado por presuntos delitos financieros, blanqueo de capitales, quiebra y delincuencia organizada al incurrir.

La querella está alojada en la Fiscalía Decimotercera, y fue presentada en septiembre de 2014. Dentro de este expediente se tratará de investigar el registro de la sociedad Augusta Payments como agente procesador de pagos. Por el momento las autoridades han tomado declaración a varias personas y se cuenta con las resoluciones de la intervención y liquidación forzosa de la casa de valores.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Querella penal interpuesta contra Ignacio Fábrega de Obarrio y quienes resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública ó corrupción de servidores públicos.

La querella llegó a la Procuraduría en julio de 2014 y se aloja en la Fiscalía Tercera anticorrupción quien recibió declaración indagatoria a Ignacio Fábrega debido a que, según querella, supuestamente reveló a Financial Pacific, una entidad regulada por la SMV, información confidencial y de carácter reservado a través del correo electrónico de la entidad.

CONTRA LA VIDA
Proceso por delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio de Gustavo Gordón, funcionario de la SMV.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2014 mientras Gordón caminaba a la empresa Financial Pacific para realizar unas diligencias. Las oficinas están situadas a un costado del Parque Urracá. De repente un extraño se acercó y lo apuñaló.

La Fiscalía Decimoséptima recomendó un sobreseimiento definitivo en agosto de 2014, supuestamente, porque el afectado no reconoció a sus agresores.

Este diario conoció que la Fiscalía no efectuó una reconstrucción del caso o citó a Gordón para analizar los videos de seguridad apostados en los edificios de la zona. Las lesiones de Gordón justificaron que un hospital privado lo incapacitara por un mes. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal consideró suficiente 25 días. El tiempo entre uno y otro, en términos legales significaron que el expediente lo conociera una corregiduría, y la gravedad del delito se modificara de “tentativa de homicidio” a lesiones personales. El caso está en apelación.

SEGURIDAD INFORMÁTICA
Esta querella fue instruida el 9 de julio de 2014 en representación de la intervención y liquidación de Financial Pacific. Es seguida contra Marcelo Kazuhiro Kague presuntamente por delito contra la seguridad informática en perjuicio de la casa de valores.

Según la demanda, Marcelo Kazuhiro era el encargado de los servicios tecnológicos de la empresa, un ejecutivo de confianza de la casa de valores que portaba llaves de la empresa y conocía los códigos de alarmas para activarlas y desactivarlas.

Se trataba de un contratista externo tal como lo indica la querella interpuesta por la interventora Dalys Terán.

En la querella se lee que el 2 de julio fueron cambiadas las contraseñas de los usuarios de los sistemas de Financial. Los funcionarios de la SMV se dieron cuenta de ello al día siguiente, al solicitar a un empleado que les mostrara el sistema de operaciones. El empleado no podía entender por qué la operación marcaba error. Una y otra vez. La contraseña no funcionaba.

Posteriormente, cuando las autoridades verificaron el equipo informático de Financial Pacific, se percataron de que se habían borrado varias carpetas del sistema: ‘prueba’, ‘Desa’ y ‘Oradata’. Y todo había sucedido entre las 9:23 y 9:31 de la noche del 2 de julio.
Un trabajo que solo habría podido hacer un experto.

DELITOS FINANCIEROS
La querella interpuesta el 19 de noviembre de 2014 en representación de la intervención y liquidación, es contra Josue Chavez, Carlo Osorio, Ignacio Fábrega, y cualquiera que resulte responsable por los presuntos delitos financieros, blanqueo de capitales, quiebra y delincuencia organizada y cualquier otro delito que se haya incurrido.

Este caso lo verá la fiscalía Especializada en Delitos Financieros por los hechos relacionados con la sociedad Banvalores, dueña del 100% de las acciones de Financial Pacific.

ORDEN ECONÓMICO
Proceso seguido a Mayte Pellegrini y otros por el presunto delito del orden económico en perjuicio de Financial Pacific.

En julio de 2012 los exdirectivos de la casa de valores, West Valdés e Iván Clare, acusaron a Pellegrini de haber desviado $12 millones de las cuentas de los clientes de la empresa.

Pellegrini ha sostenido su inocencia en los hechos, y en sus declaraciones ante la fiscalía Décimo Tercera y Décimo Cuarta donde terminó alojado el expediente, denunció una serie de irregularidades en la investigación de la fiscalía. Entre éstas dijo que se vio forzada a retractarse de sus comprometedoras declaraciones en las que involucró al entonces presidente Ricardo Martinelli en la compra de acciones haciendo uso de información privilegiada.

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