viernes, 5 de diciembre de 2014

Clare y Valdés evaluarán publicaciones sobre su caso

El pasado día 2 de diciembre, el presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá recibió en su correo electrónico una carta intimidatoria.

La carta provenía de Carlos Alberto De León, abogado con poder de vocería de West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific.

Se trata, en palabras de Simón Bolivar Alemán, presidente del Fórum de Periodistas de Panamá, de un documento amenazante, que pretende coartar la libertad de prensa y condicionar el periodismo.

La misiva fue la respuesta a una iniciativa de esta periodista, quien ese día, en horas de la mañana, decidió utilizar el canal de comunicación abierto por el mismo West Valdés en los días previos, al solicitar una entrevista para la web y el diario La Estrella.

Esa mañana, el diario se acercó a Valdés con el fin de conocer su posición en relación a las inversiones efectuadas por Financial Pacific en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss), tema de un reportaje investigativo que trabajaba esta periodista.

Valdés había ofrecido sus números telefónicos para que, en caso de requerirlo, el diario efectuara las debidas consultas. Eso fue lo que se pretendió. Se le envió un mensaje por medio de “whatsup”, con el supuesto de que estaría en el extranjero, tal  y como había anunciado en la entrevista concedida al periódico.

En esta ocasión, Valdés respondió, también a través de whatsup, que prefiría no opinar sobre el tema porque se encontraba bajo investigación judicial. Así fue señalado en la nota periodística.

Sin embargo, aparentemente, la consulta no fue recibida con el mismo ánimo que el diario pretendía cuando buscó las declaraciones del exdirectivo.

Según la misiva enviada a Quirós, “la periodista Adela Coriat se comunicó con el señor West Valdés para realizarle cuestionamientos referentes a obtener información sobre operaciones realizadas en el pasado por la empresa Financial Pacific”.

A continuación, la misiva recuerda que los exdirectivos habían viajado a Panamá para “hacer ejercicio del derecho de réplica y hacer frente a todos los señalamientos temerarios y falsos que se han estado publicando en los medios de comunicación nacionales durante los últimos dos (2) años. Esta acción también fue realizada por el señor Iván Clare”.

El 25 de noviembre Valdés visitó las instalaciones de La Estrella de Panamá y concedió una entrevista a la web y al periódico, que fue publicada en ambos medios.

De León señala en la carta que los directivos han “decidido realizar un inventario de toda la información que se ha publicado, a objeto de que expertos en libertad de expresión y delitos contra el honor nos den su criterio en cuanto a si ha habido difamación, y en caso de que lo consideren, nos indiquen qué acciones tomar al respecto para hacer valer los derechos que hayan sido vulnerados en contra de mis patrocinados. En los próximos días estaremos acudiendo a la ASEP para solicitar copias de todas las grabaciones de los programas televisivos realizados durante los últimos 30 días, en los cuales se han referido a mis patrocinados. También tenemos recopilados todos los periódicos del mismo periodo”.

En el siguiente párrafo, De León solicita “respeto a mis patrocinados y que se entienda que la libertad de expresión no da derecho a realizar falsos señalamientos, ya que quien comunica debe ser un investigador de la verdad, para no resultar responsable de calumnia, ya que ésta, la verdad, es el eximente de responsabilidad”.

Ante la intención de los exdirectivos de Financial Pacific, reaccionó el Presidente del Fórum de Periodistas Simón, Bolívar Alemán: “La responsabiidad del periodista es informar al público de todos los asuntos que conoce. Esta carta no es más que una amenaza”.

El también empresario agregó que las palabras del vocero muestran “la debilidad de los exdirectivos” y que la labor de los comunicadores merece respeto, pues “los únicos que fiscalizaron los manejos del erario público en el periodo presidencial pasado fueron los periodistas, quienes resultaron amenazados por esto”.

Por su parte, Blanca Gómez, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), consideró que “es importante que todos aquellos que estén involucrados en casos judiciales o que se encuentren bajo investigación por supuestos delitos de corrupción, tengan claro que la labor del periodista no puede coartarse o engavetarse como resultado de las amenazas, cuando la misma emana de las autoridades competentes”, dijo Gómez.

Para la recién electa presidenta del colegio, “el periodista es simplemente el vehículo para dar a conocer la información en forma responsable, tomando en cuenta las partes. Si la investigación está en curso, las reacciones sobre determinados temas serán consultadas en algún momento”, agregó.

La labor investigativa realizada por este diario en el caso de la casa de valores Financial Pacific, cuyos exdirectivos son Iván Clare y West Valdés, ha sido seria. Los temas cubiertos incluyen el depósito de plazos fijos en la Cooperativa de Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss); las declaraciones de funcionarios de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV); declaraciones del exsuperintendente Alejandro Abood; la desaparición de Vernon Ramos, exoficial de la Dirección de Supervisión de la SMV; la querella interpuesta por esta entidad contra uno de sus excolaboradores, Ignacio Fábrega, al descubrirse que éste filtraba información sensitiva a Financial Pacific.

Ante esto, el vocero de los exdirectivos expresa que el caso del desfalco cometido contra la empresa Financial Pacific durante la administración Valdés-Clare, es objeto de un proceso legal que no ha terminado y cuya administración y control pertenece a los nuevos propietarios y a la SMV, encargado del proceso de liquidación de la empresa, “por lo que mal podrían estar mis patrocinados dando declaraciones sobre algo que ya no les pertenece, dado el hecho de que trasmitieron todos los derechos de la empresa”.

Comprenden, agrega la nota, la necesidad de información que requiere el medio para realizar en forma efectiva su labor, pero agrega que al existir un proceso legal en curso es la autoridad a quien compete administrar la información.

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