Estados Unidos pretende invertir en la modernización e infraestructura del Canal y proporcionar así alternativas a los proyectos financiados por China y desarrollar un grupo de trabajo conjunto entre ambos países.
El gobierno de Donald Trump parece decidido a finiquitar la influencia china en Panamá. La administración Trump ha lanzado una ofensiva en diferentes frentes: el Congreso, el Senado y de su propia voz. Es un tema que acapara la agenda en diferentes foros estadounidenses. De ello supuestamente viene a hablar el secretario de Estado Marco Rubio esta semana. La visita a Panamá forma parte de la primera gira internacional que liderará el jefe de la diplomacia estadounidense en Centroamérica, que incluye misiones de Estado a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.
A pesar de que el viaje fue anunciado la semana pasada por la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, aún se desconoce la fecha exacta en que Rubio llegará a suelo panameño o la agenda oficial que acaparará la reunión con el presidente panameño José Raúl Mulino y tal vez con el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.
La embajada de Estados Unidos en Panamá tampoco ha emitido comunicación oficial al respecto.
Es un asunto de total hermetismo, tanto las personas que integran la comitiva estadounidense, como la fecha de llegada y los temas en cuestión. Una fuente radicada en Washington con vínculos en el Senado estadounidense informó a esta periodista que es muy probable que el enviado de Trump proponga al gobierno panameño la instalación en Panamá de una “infraestructura que reduzca la influencia de China en el país", sin puntualizar si se trata de una infraestructura militar o de qué tipo.
En Washington, mientras tanto, se desarrollan una serie de actividades que ponen a Panamá en el eje de los intereses estadounidenses. Estos asuntos que se presentan en el Senado y la Casa de Representantes o el Congreso, se centran en el rol que juega el Canal de Panamá en el comercio mundial y las tarifas, así como la gestión de los puertos por parte de la empresa Hutchison Ports (en el Atlántico y Pacífico).
En materia de seguridad marítima, controlar la región permite a Estados Unidos vigilar una de las principales rutas marítimas del mundo. Para los senadores, la idea de que en cada extremo del Canal exista un puerto de capital chino, total o parcial, es motivo de preocupación. Una de ellas, pronunciada en una entrevista por la jefa del Comando Sur Laura Richardson, es que algunas instalaciones chinas podrían tener un uso dual, es decir, fines tanto civiles como militares. Durante décadas, la presencia militar estadounidense en Panamá sirvió como un puesto avanzado para la defensa y operaciones de América Latina, pero desde la recuperación de la soberanía panameña el 31 de diciembre de 1999, cuando se cumplieron los Tratados Torrijos – Carter y se fue el último soldado de Panamá, los estadounidenses perdieron su presencia física en el Istmo.
En una conversación con la Foundation for Defense of Democracies, Richardson advirtió sobre la construcción de puertos de aguas profundas que China intenta establecer en varios países con problemas económicos, señalando que "parece que toda la inversión se destina a infraestructuras críticas, pero luego se puede utilizar para un doble uso".
Panamá es importante para Estados Unidos no sólo por razones históricas relacionadas con el Canal, sino también por su papel estratégico en el comercio global, la seguridad regional y la competencia geopolítica. Su estabilidad y alineación con intereses estadounidenses son esenciales para la influencia de EE. UU. en América Latina y el mundo.
De esta forma, los senadores y representantes han impulsado varias iniciativas legales para sintonizar la situación de Panamá con sus intereses estratégicos, económicos, de inteligencia y militares. La gran incógnita que persiste es cuál será la estrategia que empleará Panamá al respecto. Hasta el momento hemos visto pronunciamientos públicos del presidente Mulino rechazando las declaraciones de Trump sobre retomar el control del Canal: "no es negociable", dijo tajante.
LA POLÉMICA RESOLUCIÓN
Los estadounidenses interpretan la influencia china en Panamá como una amenaza para su seguridad, debido a las rivalidades comerciales y militares entre ambos países. Esta última está profundamente enraizada en la competencia por la hegemonía global y el control de regiones clave como el Indo-Pacífico. Aunque ambos buscan evitar una guerra abierta, las tensiones persistentes en áreas como Taiwán, el Mar de China Meridional y el ciberespacio hacen que la relación sea volátil y compleja.
La semana pasada, el senador Eric Schmitt introdujo una resolución en la que exhorta a Panamá a cortar vínculos o “expulsar” a funcionarios chinos e intereses de China, y finalizar la gestión china en el manejo de los puertos de Cristóbal y Balboa operados por Hutchinson Ports.
Sumado a lo anterior, el senador republicano Ted Cruz convocó este martes 28 de enero a una audiencia que pretende examinar la importancia del Canal de Panamá en la economía estadounidense y la seguridad nacional de Estados Unidos, centrándose en el comercio estadounidense y el Canal de Panamá, los desafíos de las limitaciones de capacidad y el aumento de las tarifas, así como los posibles peligros que plantea la participación de China y otras potencias extranjeras, señala la nota de prensa emitida por el Senado.
El tercer punto establece un valor aproximado de lo que costó la construcción del Canal, que cuantifican en $375 millones de la época, que en nuestros días equivaldría a más de $10 mil millones según el cálculo de los políticos republicanos. Además de las vidas de miles de trabajadores que se perdieron durante la construcción a causa de enfermedades.
La premisa de que la influencia china en la gestión portuaria y la millonaria inversión asiática en materia de infraestructura en Panamá, como la construcción del cuarto puente sobre el Canal, amenazan la seguridad de Estados Unidos y del Occidente es una frase reiterada por el presidente estadounidense Donald Trump, senadores y representantes de ese país.
Schmitt justifica la moción que presentó a sus colegas en 16 premisas. Entre ellas reitera la inversión que realizó el norte para garantizar la soberanía y estabilidad de Panamá, incluyendo la construcción, defensa y transferencia del Canal como un activo para el comercio global.
El tercer punto establece un valor aproximado de lo que costó la construcción del Canal, que cuantifican en $375 millones de la época, que en nuestros días equivaldría a más de $10 mil millones según el cálculo de los políticos republicanos. Además de las vidas de miles de trabajadores que se perdieron durante la construcción a causa de enfermedades.
De acuerdo al texto elaborado por el despacho de Schmitt, el tratado de Neutralidad Permanente y Operación del Canal de Panamá firmado en Washington el 7 de septiembre de 1977, prohíbe acciones que vulneren la neutralidad del canal o amenacen los intereses de seguridad de Estados Unidos, y otorga el derecho a ese país de actuar unilateralmente para defender la neutralidad del canal y garantizar su seguridad operativa.
Según los senadores, dicho tratado obliga a Panamá y a Estados Unidos a actuar contra cualquier amenaza a la neutralidad o funcionamiento pacífico del Canal de Panamá, incluyendo el control indebido por parte de extranjeros sobre su infraestructura o gestión.
Los senadores traen a colación que al momento de la firma de los Tratados Torrijos Carter, el presidente Jimmy Carter aceptó una condición vinculante adoptada por el Senado en la que se establece un derecho independiente de ese país a intervenir militarmente para reabrir o restablecer las operaciones del Canal, para garantizar su permanente neutralidad, la continuidad, seguridad y accesibilidad. En este sentido, enfatizan que China a través de empresas privadas afiliadas al gobierno han ampliado su influencia con proyectos de infraestructura y puertos clave en todo el mundo, incluido Panamá, lo que genera preocupación por el apalancamiento indebido y posibles amenazas a la navegación y el comercio libre y justo.
Reiteran que la iniciativa china de la Franja y Ruta fomenta la dependencia económica y ejerce una influencia geopolítica desproporcionada a través de sus inversiones y que Panamá se adhirió a esta iniciativa en 2018, cuando el presidente Juan Carlos Varela inició relaciones diplomáticas con China y abandonó a Taiwán.
Además de la gestión de los puertos, los senadores manifiestan su preocupación por la construcción, gestión y mantenimiento del cuarto puente sobre el Canal concedido a una empresa china. Eso, para ellos, pone en duda la capacidad de Panamá y Estados Unidos para defender la neutralidad de la vía interoceánica y garantizar su seguridad operativa. Además de esta multimillonaria obra, los senadores hacen alusión a la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal gestionados por la empresa Hutchison Ports, operador con sede en Hong Kong con “vínculos significativos con el ecosistema económico y político de China, lo que amenaza la soberanía de Panamá y la seguridad del hemisferio occidental" se lee en el documento.
De acuerdo a los senadores, la participación de funcionarios chinos y de entidades sujetas a la Ley de Seguridad Nacional de la República de China y leyes similares en puertos e infraestructuras panameñas compromete la seguridad internacional y perturba rutas comerciales críticas. Este punto, en la interpretación de los senadores, es lo que representa una amenaza directa para la seguridad e intereses estratégicos de su país.
"La nueva realidad en la que China ha logrado hacerse de grandes proyectos de infraestructura y la gestión de los puertos, socava los sacrificios realizados por los estadounidenses para garantizar la independencia de Panamá y los valores compartidos entre Panamá y Estados Unidos", señala la moción.
Bajo estas premisas, los senadores expresaron en cuatro puntos su profunda preocupación por la influencia china en puertos e infraestructura de Panamá. En la primera el compromiso de Panamá de respetar la neutralidad permanente de la vía interoceánica buscando estructuras de gestión que aseguren un acceso imparcial y equitativo para buques de todas las naciones. Revisar y rescindir los acuerdos que permiten a empresas estatales chinas o entidades privadas con sede en China gestionar infraestructuras estratégicas, incluyendo los puertos.
Piden expulsar a todos los funcionarios chinos que operen dentro de los puertos y otros proyectos de infraestructura crítica y con ello, que Panamá reafirme el compromiso de mantener la soberanía de Panamá y proteger la seguridad del hemisferio occidental buscando asociaciones que se alineen con los valores democráticos de respeto mutuo.
Los senadores piden al gobierno de Donald Trump que actúe con decisión para abordar amenazas a la neutralidad del Canal y contrarreste las influencias indebidas extranjeras. Para ello, buscan establecer un marco para restaurar el control operativo del Canal a una asociación colaborativa entre Estados Unidos y Panamá, que respete el espíritu del Tratado de Neutralidad, honre la soberanía panameña e incorpore experiencia y recursos estadounidenses en beneficio de ambas naciones.
Pretenden invertir en la modernización e infraestructura del Canal y proporcionar así alternativas a los proyectos financiados por China y desarrollar un grupo de trabajo conjunto entre ambos países para supervisar la seguridad y operaciones del Canal, mejorando la seguridad regional y garantizando la libertad de navegación.
Por eso, exhortan a Panamá y otros aliados regionales a monitorear y contrarrestar los esfuerzos de regímenes autoritarios para explotar vulnerabilidades económicas y obtener ventajas estratégicas en el hemisferio occidental.
Instruye al Secretario del Senado a entregar una copia de la resolución al presidente de Estados Unidos, al Secretario de Estado, al Presidente panameño José Raúl Mulino y a la Asamblea Nacional de Panamá.
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