Adherbal Armando De La Rosa: “Los funcionarios deben entender que su firma conlleva una responsabilidad legal”

El recién nombrado director de Sinaproc explica que ante posibles riesgos de deslizamiento o inundaciones, la institución sólo puede emitir recomendaciones, pero insiste en que cada firma que se plasma sobre un permiso de construcción acarrea una responsabilidad, y en casos de irregularidades, la justicia debe ejercer su rol sancionador 

Adherbal Armando De La Rosa.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Adherbal Armando De La Rosa - recién nombrado en el cargo hace un mes - insiste en la necesidad de que los funcionarios se responsabilicen cada vez que firman un permiso de construcción o de vivienda en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos. Mientras esto no ocurra, dice, el gobierno seguirá invirtiendo millones de dólares en respuestas a la población afectada en vez de acentuar los esfuerzos en la prevención. La relación entre ambas situaciones es así: por cada dólar que se invierte en prevención se ahorran $10 en respuestas. Es evidente que la labor preventiva ha quedado rezagada de forma sistemática. Como consecuencia el estado desembolsa millones de dólares para reubicar y subsanar las pérdidas. Aunado a esto, se trata de un tema social, en ocasiones los interesados buscan acortar los procesos burocráticos para asentarse en zonas que, tal vez sin saberlo o conscientes de ello, se exponen a riesgos innecesarios. De La Rosa insiste en que cada funcionario que pone la firma en un documento debería tener presente la responsabilidad que esto conlleva.

Panamá ocupa el 14 lugar en Latinoamérica de los países más expuestos a amenazas. Como institución, ¿tienen un plano de las poblaciones que se encuentran en riesgo?

Estamos levantando una plataforma tecnológica nueva que hemos implementado en este periodo para identificar las áreas inundables y áreas de deslizamiento. Cada vez que hacemos una inspección o entregamos una asistencia humanitaria actualizamos los datos, hace 5 años se levantaba en papel. Hoy lo estamos haciendo en una plataforma desde el teléfono con georreferenciación que nos sirve de dato estadístico para todas esas áreas. Eso lo maneja directamente Sinaproc y se entrega a las instituciones que requieran la información.

La justicia tiene que tomar un orden en quienes dan los permisos porque si no, no se va a frenar y el estado va a tener que invertir e invertir en moverlos. 

¿Pero qué hacen cuando detectan las zonas en riesgo además de recolectar la información?

La competencia es integral. Eso se llama gestión de riesgo colectivo. Para yo poder hacer algo, o mover a una persona que ha invertido todo su dinero, el estado tiene que hacer dos cosas: determinar que el área no sea más desarrollada o mover la casa. Si se mueve a otra población es lo más costoso. Otra opción es cómo convivir con el riesgo teniendo un plan comunitario de emergencia donde tengan un sistema de alerta temprana. Tenemos que saber que muchas comunidades, aunque se les advierta sobre el peligro, no quieren salir. Tenemos la experiencia que se le ha dado la oportunidad de moverlos, pero las personas no quieren salir del área. Es un tema social.

¿Qué pasa en ese caso? ¿se le advierte a la persona que es bajo su propio riesgo?

Nosotros entramos en un tema integral de capacitación de las áreas.

También sucede al revés, la población alerta sobre el peligro y las entidades no hacen caso….

Es que la respuesta es integral. Nosotros hacemos un tema técnico, hacemos la recomendación. Lo que me compete a mí como ley es el enlace con el ministerio que tiene la competencia y el presupuesto para moverlos. Yo hago mi parte, en este caso de explicar el riesgo y tomar las medidas. Si existen las medidas correctivas para poder salir será competencia del Ministerio de Vivienda verificar su presupuesto. La justicia tiene que tomar un orden en quienes dan los permisos porque si no, no se va a frenar y el estado va a tener que invertir e invertir en moverlos. ¿Quiénes dan los permisos? ¿Quiénes ponen en riesgo el desarrollo? La justicia también tiene que ver quienes dan los permisos de construcción a esas personas cerca de los ríos. Esa persona está poniendo en riesgo a la población. Nosotros tenemos un tema de prevención de reducción y sensibilización, pero hasta ahí llega nuestra competencia.

¿Tiene alguna estadística de cuánto podría ahorrarse el estado en temas de desastres?

Los números internacionales. Ahora mismo no hay una base de datos. Desde la creación de Sinaproc, hace 41 años, no hemos tenido una forma de contabilizar el dinero que hemos invertido en respuesta vs lo que podría haber sido en prevención. No tenemos cifras. Lo que se ha sacado han sido proyecciones, no cifras reales. Pero lo que se maneja es que por cada dólar que se invierta en prevención te ahorras $10 en la respuesta. Debemos tener ese cálculo muy claro porque tenemos que invertir más en la reducción y en la prevención, la respuesta es más cara.

¿Panamá está situado en una zona sistémica?

En este caso hay puntos específicos en la capital y sus alrededores: Panamá Este, Panamá Norte, Chilibre y San Miguelito. Además, en Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro hay muchos lugares en donde la gente vive con ese riesgo de inundaciones, deslizamientos. En este último caso el riesgo se acentúa en lugares donde no tienen un desarrollo planificado.

Debemos tener ese cálculo muy claro porque tenemos que invertir más en la reducción y en la prevención, la respuesta es más cara.

¿Esto último no se debe a la falta de fiscalización de la entidad encargada?

Exacto.

¿Por qué no se sanciona?

Es que no solo es una institución, puede ser por ejemplo el Ministerio de Vivienda, sino una serie de entidades que dan permisos de construcción o se hacen omisos a la construcción.

Pero ustedes tienen un espacio en la ventanilla única donde se aprueban los planos...

Nosotros tenemos una opinión, pero nuestra competencia legal es recomendar. No podemos detener una obra.

¿Quién les hace caso entonces?

Entonces ahí está la competencia que le toca a la institución en caso de pérdidas de vidas humanas o desastres. Cada persona que firma los permisos de construcción debería entender que su firma es una responsabilidad legal.

A veces no se apunta a esa responsabilidad penal...

Deberíamos entrar en profundizar en el tema de qué competencia legal tiene cada uno. Que esas personas pierdan sus recurso o infraestructura, es algo que la persona tiene derechos.

¿Y por qué usted no presiona más en ese sentido?

Sí, pero como le digo. Los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos encomienda. Nosotros hacemos un proceso de inspección, evaluación y análisis donde se deja estipulado en blanco y negro las recomendaciones que da Sinaproc.

El Ministerio de Ambiente tiene estudios muy específicos de lo que va a pasar al 2050 en nuestras costas y con el calentamiento global y nos está dando un escenario.

¿Por qué Sinaproc no promueve una alarma antisísmica como ocurre en otros países cuando detectan un temblor?

Panamá está sobre un territorio que se llama la microplaca de Panamá y hay cuatro placas que nos rodean. El tema de eso se llama sistema de alerta temprano sísmico. No es la solución, pero sí es algo importante. Ya se está trabajando en un proyecto, aunque tenemos que saber que se trata de un tema de inversión, de conocimiento técnico. También tenemos el instituto de Geociencia que se encuentra en la Universidad de Panamá que opera con el presupuesto de la universidad. Aquí necesitamos que el Instituto tenga más presupuesto. No necesitamos que este sistema esté bajo el paraguas del Sinaproc, en todo caso, el 60 de alerta brinda un minuto para evacuar en caso de sismo. Pero se requiere de una infraestructura o una red sismológica instalada a nivel nacional. No te puedo dar un dato presupuestario, pero está alrededor de los $5 a $6 millones.

La visión que tenemos es fortalecer la prevención y preparación para la respuesta de emergencia de la mano de los voluntarios.

¿Se va a instalar o no?

Se tiene estipulado el proyecto. Se está levantando, pero tiene que ser integral. Tenemos que fortalecer al Instituto, eso trabaja con una serie de sensores que se instalan en las costas y en los edificios. Detecta las primeras ondas de sismos y a través de un algoritmo calcula hasta dónde llega la onda y los daños. Esto es una tecnología de punta, pero requiere de un desarrollo programático. No solo sirve para detectar sismos, sino también para tsunamis. No es solamente tener la plata, sino adecuar la parte legal porque en todos los edificios de gran altura requieren sensores.

Hay muchas amenazas a raíz del fenómeno del Cambio Climático en nuestro territorio. ¿De qué forma prepara Sinaproc este tipo de respuestas?

Nosotros estamos coordinando un plan integral con diferentes ministerios e instituciones. En este caso en la Comarca Guna Yala específicamente en Gardí Ustupo, que no se trata de un tema actual. Desde el principio de la administración se construyó una barriada a lo interno de la comarca que será el lugar de uno de los primeros traslados para asegurar a la población.

¿En 2050 todavía tendremos el archipiélago de Guna Yala completo o el mar se tragará una parte?

Hay recomendaciones. El Ministerio de Ambiente tiene estudios muy específicos de lo que va a pasar al 2050 en nuestras costas y con el calentamiento global y nos está dando un escenario. Nosotros tenemos que adaptar un plan para que con el tiempo sepamos cuáles son los escenarios que tengamos que tomar.

Pero debe hacer algo...

Estamos dejando toda la planificación documentada para que los siguientes directores tengan en cuenta que se tiene que tratar con antelación qué vamos a hacer o cuáles son las acciones para tomar.

¿Cuál es su lectura sobre las explosiones de gas que han ocurrido en las casas?

Tenemos que implementar una cultura de seguridad, no solo en la población sino en las instituciones. Todas tienen un rol o un deber que tenemos que cumplir. A veces tenemos muy buenos técnicos en las instituciones, pero cada vez que cambia el periodo presidencial nombran a un nuevo director y también al personal. Creo que falta una política de estado a nivel nacional. Este tema no lo vamos a solucionar en cinco o diez años, debemos tener una visión prospectiva que debe cumplir cada institución.

¿Las instituciones tienen claro ese rol?

Yo creo que lo tienen claro. Lo que pasa es que le toca a la justicia llamar o juzgar a la persona que no cumpla con su rol. No me gusta mirar hacia el pasado, pero en otros países la forma en crear esa cultura siempre se basó en que se otorga un permiso y se debe cumplir con eso. Pero hay personas que quieren acortar esa distancia y buscan cómo evadir. Cuando pasa esto le toca a la justicia jugar su rol. En este caso no puedo darte una respuesta directa si la justicia juega su rol o no porque no tengo las estadísticas de cuántas personas han sido juzgadas por este tema. Lo que te puedo decir es que cada vez que hay una inundación el estado gasta un dinero en responderle a la persona, pero ¿quiénes firman los permisos? Tenemos que visualizar a la justicia como un ente muy importante en esto.

¿Qué veremos con usted al mando de Sinaproc en los pocos meses que quedan de gobierno?

El tiempo no alcanza para mucho, pero quiero reforzar la capacitación al voluntariado, el tema de prevención y reducción de riesgos de desastre con el voluntariado para tener un mayor alcance dentro del país. Nos estamos metiendo en un programa de prevención y preparación para la respuesta, además de buscar el recurso para el equipamiento del voluntariado.

La visión que tenemos es fortalecer la prevención y preparación para la respuesta de emergencia de la mano de los voluntarios. Estamos diseñando un programa de capacitación para fortalecer nuestra mano derecha en las comunidades. Se trata de 190 voluntarios a nivel nacional. No son suficientes. Para esta tarea debiéramos contar con aproximadamente 5 mil a 6 mil voluntarios, pero también articular con las demás instituciones ya que se trata de un rol integral.

¿Le alcanzará el presupuesto del próximo año?

El 2024 es peculiar. Solamente puedo usar el 50% por ser un año electoral, pero nunca va a alcanzar. El tema de gestión de riesgo es muy costoso, pero es necesario para el país.

Del presupuesto aprobado, se destina alrededor del 80% para planilla, en que invierte el resto?

Tenemos alrededor de $1 millón para inversión. Nosotros necesitamos bastante apoyo pero históricamente hemos trabajado con ese presupuesto, aunque siempre nos reducen lo solicitado.

¿Qué tanto puede ejecutar con ese dinero?

Cuando hablamos de gestión integral de riesgo de desastre es un área de muchas competencias y de trabajo. Tiene que ver también con la parte de gobernabilidad, preparación para la respuesta. Panamá ha llevado más de 40 años de responder a la emergencia, pero no se prepara para ella. siempre se estancaba todo en Sinaproc, pero se creó el gabinete integral de gestión de desastres donde se están tomando decisiones al más alto nivel. Cada ministerio debe aportar en el tema de gestión de riesgo de desastre, a la política y al plan. La idea es cada uno ejecute su parte.

Los huracanes que azotaron a la provincia de Chiriquí recientemente, ¿en qué nivel los catalogan ustedes?

Los huracanes que hemos tenido no son un nivel de magnitud grande, en caso tal, la entidad no es capaz de dar respuesta por sí sola. Nosotros hacemos evaluaciones y el puente con la entidad relacionada. Es un tema integral. Tenemos dos herramientas importantes. Por primera vez contamos con una Política Nacional de Riesgo que fue aprobada en 2022 y un Plan Estratégico Nacional de Gestión Integral de Riesgo 2022-2030. Pero nosotros tenemos que basar la gestión en reducir los riesgos. Es decir, debemos atender los desastres, pero si no atendemos los riesgos esto va a ser un ciclo en el que cada vez va a haber más personas en riesgo y si no lo detenemos se nos van a ir millones de dólares y eso no va a salvar vidas y ni pérdidas. Hay que enseñar a las personas que se trata de un tema de desarrollo. Si se sigue construyendo en los linderos de los ríos vamos a tener más personas que sufran inundaciones.

¿Por qué se produjo el cambio de director?

En este caso el antiguo director dejó el cargo por motivos personales y delegó en mí la responsabilidad.