Daniel Esquivel: “Si en un plazo no llegamos a ningún acuerdo, entonces se termina la relación contractual”

A pesar de haber dado un ultimátum a la firma del contrato pactado en enero, el gobierno espera que Minera Panamá ‘reaccione’ y acepte las condiciones. De lo contrario culminará la relación contractual, afirmó el asesor del Mici

Daniel Esquivel. 

Definir las regalías que debe recibir el estado por la explotación de sus recursos minerales no ha sido un tema fácil de negociar con su interlocutor, Minera Panamá, operada por First Quantum.

Entre las fórmulas se conversaron varias alternativas. Una, que responde a un piso mínimo de $375 millones en caso de que el precio de la libra del cobre se cotice por debajo de los $2.75. La segunda consiste en un porcentaje móvil de las regalías cuando el precio del cobre sube. De esa forma, el estado garantiza un retorno sostenible de los recursos que extrae la empresa.

Daniel Esquivel, asesor del despacho superior del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), detalla que durante las conversaciones la empresa aceptó ambas  condiciones. Pero en el camino, cambiaron de idea, alegaban que se afectaba la rentabilidad debido a que el modelo  económico contempla el cálculo bajo la tasa impositiva efectiva media, en inglés le dicen Time. Esto  establece que los beneficios que debe recibir el estado deben estar entre un 40% y 60%, como lo marca la norma internacional de la industria minera. Al hacer el cálculo de las muchas excepciones fiscales que tenía el contrato de 1997, el Time llegaba al 5% y el no pago de impuesto sobre la renta. Con la nueva propuesta se eliminan las excepciones fiscales, y cambia el método del beneficio operativo.

Por ahora, el gobierno espera que la empresa ‘reaccione’ y acepte las condiciones iniciales. Después de todo, optar por una medida alterna, como un litigio legal, perjudica a ambas partes.

Los beneficios que debe recibir el estado deben estar entre un 40% y 60%, como lo marca la norma internacional de la industria minera. 

¿Cuál es el estatus de la empresa minera First Quantum en este momento?

Esa es una controversia legal que nace desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite el fallo en el 2018 y no lo ratifica sino hasta diciembre de 2021. Al principio, cuando el presidente nombró la comisión de alto nivel para negociar el contrato se le comunicó a la empresa que se negociaría un nuevo contrato, no a renegociar el contrato de 1997. Ellos aceptaron.

¿Bajo qué parámetros aceptó la empresa tomando en cuenta que ellos sostienen que su contrato está vigente?

No tengo idea. Eso ya es una situación interna de ellos. Pero aceptaron, establecimos los temas a negociar, iniciamos las conversaciones y se empezó el proceso hasta enero de 2022 cuando se le da un ultimátum del tema pendiente que se acordó que fue el económico fiscal. A partir de ahí se inicia otro proceso que no era de negociación, sino de redacción de lo que se había pactado, las cláusulas del contrato con lo pactado. Ese proceso de redacción y definir el contrato ellos lo han tomado como uno de renegociación porque están presentando propuestas que ya habían sido consensuadas.

¿En este momento la empresa puede operar?

El estado, considerando las circunstancias y la inversión que han hecho en este proyecto de gran magnitud, había permitido continuar con las operaciones hasta que el fallo fuera publicado en la Gaceta Oficial. Cuando se publicó el fallo se les dijo que como estábamos negociando íbamos a terminarla y veríamos qué pasa. Por eso el estado ha dejado que continúe la actividad hasta ahora.

Ese proceso de redacción y definir el contrato ellos lo han tomado como uno de renegociación porque están presentando propuestas que ya habían sido consensuadas.

¿En qué ha cambiado la situación con el anuncio del presidente Laurentino Cortizo?

El presidente les ha dicho: si no firmas el contrato como lo acordado, tus operaciones de exportación -no es una nacionalización- quedan suspendidas.

¿Pero pueden continuar con la extracción de minerales?

No. Técnicamente no puedes procesar y mantener en un inventario algo que no puedes exportar.

¿A qué se dedica la mina ahora?

Tiene que reducir su operación de procesamiento al mínimo posible para continuar la preservación y mantenimiento de los equipos. Se les dará un plazo perentorio, no se dé cuanto porque aún se están evaluando las alternativas, y si en ese plazo no llegamos a ningún acuerdo, entonces se termina la relación contractual y la empresa va a tener que salir de la mina.

¿Cómo se garantizan los empleos en la mina si no hay una operación?

Ellos deben mantener el personal que requieren para que el resto de las instalaciones se mantengan.

¿Pero cómo se pagan los gastos si no hay operación?

Ellos deben tener previsto esto. En la industria minera esto puede ocurrir. Todas las empresas mineras tienen previsto un plan de cierre temporal por un periodo perentorio. En ese plan de cierre se establecen cuáles son las medidas y el alcance que pueden tener. Ese plan forma parte del plan de cierre de minas, que lamentablemente la norma de Panamá no lo tiene y ellos no lo han presentado. Pero como empresa minera seria y responsable, lo deben tener.

Supuestamente la empresa aceptó el piso de $375 millones como mínimo y otras condiciones fiscales, a cambio reclamaban una garantía de permanencia, ¿de qué se trataba esta permanencia?

El tema económico fiscal fue el más álgido de negociación. Es más, de la mesa de negociación general se creó una mesa técnica para tratar el tópico conformada por empleados técnicos de la minera que tienen que ver con el asunto económico fiscal y asesores del gobierno que construimos a través del apoyo de Econias. En esta comisión, se les explicó cuál sería el nuevo esquema fiscal mediante modelos económicos mineros. Esos $375 millones representan un mínimo para que el estado en algún momento no deje de recibir nada en el caso de que el precio del cobre baje a un porcentaje mínimo, por decirlo así.  

El esquema actual, que se consensuó con ellos después de siete reuniones álgidas y de mucho detalle técnico, fue que ya no se aplicaba las exenciones fiscales que tenía el contrato de 1997, que se pagaba el impuesto sobre la renta como lo hacen todas las empresas en Panamá y que las regalías que establece el Código, que es un porcentaje fijo actualmente de 5% para cobre y 4% para oro, (cuando se firmó el contrato el código establecía 2% para cobre) sería un porcentaje móvil.

Recordemos que esa regalía fija no le permite al estado tener beneficios suficientes adecuados y justificados por la extracción de sus recursos minerales cuando el precio del cobre aumenta, porque de igual forma aumenta la ganancia de la empresa, aunque la tasa que recibe el estado sigue siendo la misma.

El otro método de aplicar las regalías es sobre el beneficio operativo. Esto significa un porcentaje móvil de la ganancia bruta que tenga la empresa que se estableció entre un 12% y un 16%. Eso está establecido en lo que se llama la tasa impositiva efectiva media, que en inglés le llaman ‘Time’. Es una metodología para calcular las regalías que se aplican en la industria minera.

El tema económico fiscal fue el más álgido de negociación.

¿Cuál fue la respuesta de la empresa cuando se propuso esta nueva fórmula?

Ellos decían que eso en principio les iba a afectar, pero se les explicó que nunca les iba a afectar su rentabilidad.

¿De qué forma se iba a ver afectada la empresa?

No es que iba a dejar de percibir ganancias. Lo que pasa es que el nuevo método de regalía se aplica en Chile y Perú. Es un método muy particular. La mayoría de las empresas mineras aplican regalías fijas, ad valorem, las regalías que se quieren aplicar sobre el beneficio operativo es una tasa porcentual que se aplica a una medida de beneficio contable de la empresa y la base de cálculo de esta tasa son los ingresos. Es un porcentaje sobre las ventas, menos los costos operacionales y a veces hasta depreciación. Ese método puede ser híbrido, eso significa que incorpora un mínimo específico para evitar el riesgo de que el gobierno no pueda recabar ingresos en algún momento cuando no hay ganancias. Ahí se estableció un mínimo que recibiría el estado en el caso de que el precio disminuyera por debajo de $2.75 la libra.  Ellos aceptaron eso. Lo que ahora entiendo es que han hecho otra contra propuesta que alteró la propuesta inicial y el estado no va a permitir eso.

La empresa quiso modificar las concesiones y el estado no aceptó. ¿Qué sigue ahora?

El gobierno no ha dejado o abandonado la mesa de negociación. Estamos abiertos a continuar para llegar a un acuerdo final con ellos cuando lo decidan. Ahora se debe dar un tiempo perentorio para la suspensión de las operaciones de exportación.

¿Están exportando ahora?

No están exportando porque en este momento no ha salido ningún barco y tampoco saldrá de ahora en adelante por un periodo que establezca el gobierno.

¿Cuál es el periodo perentorio?

No te lo puedo decir porque forma parte de las alternativas que tiene el gobierno para asumir en el caso de que no se llegue a firmar un contrato.

¿Pero eso como se entiende, como un nuevo ultimátum?

No lo llamaría así. Sino que ellos recapaciten y presenten o retomen lo que habíamos acordado.

La empresa emitió un comunicado confirmando la intención de pagar los $375 pero condicionando el monto si caen los precios del cobre, ¿qué se contempló acerca de eso?

Eso está establecido en el nuevo régimen fiscal. Se estableció que si la libra del cobre baja a menos de $2.75, a esos $375 millones no se les aplicaría la regalía por beneficio operativo y ese monto mínimo anual tampoco se aplicaría. En vez, se aplicaría el 2% de la regalía que ellos estaban pagando. Eso es válido en la norma internacional y así lo aplica Perú y Chile.

¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo con ellos?

Hay alternativas. Una es llamar a licitación internacional. Pero eso lleva un proceso más complicado.

Si la empresa demanda al estado internacionalmente se suspende, ¿qué haría el estado entonces?

Esa es otra alternativa legal que no me gustaría meterme, porque es una maraña tremenda. Podría ser una alternativa que busque la empresa, pero debe ser evaluado y hay personal que está asesorando al gobierno en esa materia.

Nos va a salir caro a ambos y va a tomar mucho tiempo... 

Hay argumentos legales que no son de mi competencia y que deberían minimizar ese escenario.

¿Cómo va a hacer el gobierno para preservar la infraestructura?

Si ellos se van al final de cuentas la infraestructura, en caso extremo que se tengan que ir, el estado tiene que indemnizarlos por esa infraestructura para que no se la lleven. Pero no tenemos ningún cálculo al respecto.

Parecía que estaban a punto de llegar a un acuerdo en los puntos álgidos, pero se paró todo. ¿Qué pasó en las negociaciones?

Lo que pasó en realidad fue lo siguiente. En enero ellos aceptaron públicamente que estaban de acuerdo con el último tema económico fiscal que ya se había establecido. A partir de eso, en febrero, el Mici le entrega un nuevo borrador de contrato para que lo analizaran y los discutamos. Ellos se pasaron mucho tiempo revisando y revisando. No dieron ninguna contrapropuesta. Lo que presentaron fue al final, salieron con otro borrador del contrato que contenía algunas cosas del contrato inicial de 1997. Por lo tanto, el estado no lo aceptó. Recordó que no estaba renegociando el contrato de 1997, sino creando un contrato totalmente nuevo que no fuera oneroso como el contrato de 1997.

¿Hay forma de llegar a un punto de negociación?

No sabría decirte. El punto legal es el fundamental y el económico. Son los dos aspectos cruciales y no puedo decirte nada al respecto sobre eso.

Hay que ver qué va a pasar con los 7 mil empleos de la mina... 

No son 7 mil empleos. Son entre 4,500 y 5 mil. Siete mil empleos fue cuando estaban construyendo.

Ellos dicen que tienen 40 mil empleos... 

Eso es entre los empleos directos e indirectos. Llegan a unas 35 mil a 39 mil.  

COMPLICADO ESCENARIO

Las relaciones entre Minera Panamá y el gobierno pasan por su peor momento

• Nombre completo:  Daniel Esquivel  Caramañite
• Nacimiento:  29 junio 1941, Panamá.
• Ocupación:  Geólogo, asesor del despacho superior del Ministerio de Comercio e Industrias en asuntos de minería metálica
• Resumen de su carrera:  Dr. en Ciencias Geológicas, Universidad de Bologna, Italia. 50 años como profesional de la geología trabajando en el sector gobierno y privado. Con experiencia en exploraciones geológicas-mineras y asesoramiento como consultor independiente a empresas nacionales de la minería metálica y no metálica. Cargos ocupados: Director y Subdirector de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del MICI.- Director Técnico y Ambiental de la Cámara Minera de Panamá. Postgrado en Evaluación de Impacto Ambiental y Minería Ambiental. 30 años de experiencia profesional como Consultor en la elaboración de numerosos Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de empresas mineras y de otras actividades industriales.