Panamá coopera contra el terrorismo, pero con limitantes

El reporte mundial sobre terrorismo que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos anualmente (2020) sitúa a Panamá como cooperante, principalmente en lo relacionado con las sanciones marítimas y migración, pero a la vez limitado en recursos, capacitación e inteligencia. 

Panamá hizo alianza con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en los casos contra el terrorismo incluidas personas vinculadas a Hezbolla. No obstante, el reporte al que tuvo acceso este medio, cita que la capacidad para investigar el apoyo financiero a organizaciones relacionadas con esta materia fue limitada.

Entre los avances que destaca el informe, refiere el acuerdo para crear la Fuerza de Tarea Conjunta con la que se pretende contrarrestar el lavado de dinero en Panamá bajo el apoyo y asesoría del FBI. 

La investigación en blanqueo de capitales ha sido una pata coja de los fiscales al momento de concretar sentencias en los tribunales. En general, a los fiscales les  ha costado seguir el rastro del dinero oculto en compañías fachada y unir los puntos de interés, los beneficiarios finales, y luego explicar a los tribunales complicados esquemas, lo que ha ocasionado una merma para lograr condenas en delitos de cuello blanco más allá de los decomisos en efectivo a personas que no pueden justificar su procedencia.

El istmo, una nación por la que transitan migrantes, bienes y dinero, instaló en Programa de Alerta de Migración Transnacional de Identificación Biométrica en fronteras y aeropuerto.

Desde principios de 2020, la Autoridad Marítima de Panamá, a cargo del registro de barcos más grande del mundo, retiró el abanderamiento a 40 embarcaciones relacionados a actividades sancionadas por EE. UU. o las Naciones Unidas relacionadas con Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela. Panamá aún debe identificar y congelar los activos pertenecientes a individuos u organizaciones terroristas sancionadas, pero no ha procesado ningún caso de financiamiento del terrorismo.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional realizaron varias reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para coordinar y actuar en caso de alertas migratorias y deportar a los viajeros que representan un riesgo para la seguridad.

El mecanismo, que emplean ambas naciones para compartir la información en esta materia es a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, provee información de inteligencia, productos analíticos y tendencias migratorias a los oficiales panameños. Los datos obtenidos de las inscripciones biométricas se proporcionaron a los estadounidenses, y en esta temática se incluyó la aplicación de la ley de socios extranjeros, pandilleros y otras personas de interés.

Durante el 2020 Panamá procesó 6,782 inscripciones biométricas, una disminución con respecto al año anterior debido a los cierres fronterizos provocados por el Covid-19.

Si en algo es reiterativo el informe es que la capacidad de inteligencia de Panamá es limitada. El gobierno actuó como socio dispuesto a responder a las alertas de Estados Unidos, pero, los desafíos logísticos, como la ruta de vuelos para deportaciones y la falta de relaciones diplomáticas con los países de origen de algunos migrantes, limitaron las deportaciones.

En 2020, la falta de escáneres cercó significativamente la capacidad del país para analizar la carga que corre por el territorio o que lo usa de puente para otros destinos, incluido el Aeropuerto Internacional de Tocumen que tuvo el mayor número de movimientos de pasajeros de la región, así como la entrada y salida de la Zona Libre de Colón.

Dado que el Grupo de Acción Financiera (Gafi) evalúa las acciones de un país contra el lavado de dinero y el terrorismo, el documento recoge que durante la pandemia se estancó el progreso en la capacidad del gobierno de Laurentino Cortizo para atender preocupaciones del Gafi antes de la fecha límite de 2021, haciendo un progreso parcial en el Plan de Acción plasmado en 15 fases de las que se ha avanzado en 8.

En enero, el OEA-CICTE capacitó al Ministerio Público y al Poder Judicial de Panamá, junto con expertos nacionales e internacionales, en la investigación de casos de financiamiento del terrorismo, reportes de operaciones sospechosas, reportes de inteligencia financiera y medios judiciales de prueba. Panamá elogió la capacitación y señaló que más de 200 personas adquirieron habilidades en análisis estratégico y operativo, y en técnicas especiales de investigación para apoyar los enjuiciamientos penales de casos de financiamiento del terrorismo.