La juez de Garantías Sheryl Toulier decretó legal la medida de aprehensión de una mujer de 37 años, representante legal de la fundación Funchipa, y la imputó por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública (peculado) en calidad de autora.
Además, impuso medida de detención preventiva al considerarla necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho, aunado a la desatención del proceso y el peligro de afectar los medios de prueba.
El caso se relaciona al uso de fondos del estado (subsidios) que entregó el Ministerio de Desarrollo Social al albergue ubicado en Tocumen, cuya administración inició en marzo de 2019 y culminó en agosto de 2020, luego de una intervención de las autoridades por supuesto maltrato a los menores.
Contra este albergue se derivan dos procesos, uno por supuesta violación a la reglamentación del uso del subsidio, que la fiscalía acusa de no haberse ajustado al presupuesto del albergue, y el otro por supuesto maltrato.
Según la nota de prensa del Ministerio Público, la fiscalía presentó ante el juez los hallazgos en diligencias de campo, allanamiento, inspecciones y entrevistas que vinculan a la imputada con los hechos investigados.
Este jueves las Fiscalías de Familia y Anticorrupción detuvieron a dos personas, la representante legal del albergue y a otra trabajadora que también fue imputada en audiencia de este viernes por supuesto maltrato al menor.
En este último caso se efectuó otra audiencia en la el juez de garantías valoró los elementos proporcionados por la Fiscalía le imputó a la trabajadora por delito Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, en modalidad de maltrato al menor, por incidentes registrados en el albergue.
Según la nota de prensa del Ministerio Público, la fiscalía presentó ante el juez los hallazgos en diligencias de campo, allanamiento, inspecciones y entrevistas que vinculan a la imputada con los hechos investigados.
Los casos de maltrato a los menores datan de julio de 2020, luego de una denuncia presentada por la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), momento en que se aplicaron medidas de protección a los menores de edad entre 1 y 17 años que se encontraban en el albergue.
Los sonados casos sobre supuestos maltratos en albergues y abuso sexual, que han causado gran eco en la opinión pública, han acelerado las acciones de la Fiscalía para mostrar resultados en las investigaciones que datan de hace más de 7 meses.
Con la imputación de ambas mujeres, ambas fiscalías tendrán 6 meses para armar los casos, y sumar a cualquier otra persona que resulte vinculada al proceso, y probar los hechos.
Los sonados casos sobre supuestos maltratos en albergues y abuso sexual, que han causado gran eco en la opinión pública, han acelerado las acciones de la Fiscalía para mostrar resultados en las investigaciones que datan de hace más de 7 meses.
En la audiencia por supuesto peculado, el Ministerio Público estuvo representado por las Fiscales Anticorrupción Tania Sterling y Jazmina Montilla, mientras que la defensa de la imputada estuvo a cargo del Defensor Técnico Particular, Licenciado Pablo Rodríguez. Mientras que la querella en representación del Ministerio de Desarrollo Social estuvo a cargo del Licenciado Adalides Batista.
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