Estados Unidos condiciona levantar sanciones a Venezuela a cambio de un plan político

Se trata de una hoja de ruta a cargo de un gobierno de transición que liderará un Consejo de Estado y deberá llamar a elecciones en un periodo de 6 a 12 meses, la propuesta incluye ayuda económica en plena crisis sanitaria y líneas de crédito con el FMI y el BID.

El Departamento de Estado de Estados Unidos condiciona 14 medidas y garantías para levantar las sanciones económicas que pesan contra Venezuela a cambio de un nuevo modelo político transitorio que incluye la elección de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como de los poderes legislativo, judicial y Ejecutivo.

No se trata de una transición a las manos de Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela en enero de 2019, sino un gobierno de transición integrado por representantes de varios partidos políticos que incluye un asesor del ejército.

Hasta el momento de redactar esta nota, el gobierno de Maduro no se había pronunciado sobre el paquete de medidas para liberar las sanciones al gobierno e incluso condonar a altos exmiembros del gabinete o militares que hayan sido sancionados por el país del norte.

Para que ese país retorne a la democracia se debe cumplir antes con ciertos parámetros a saber: El retorno de la democracia en Venezuela, luego de haber pedido $15 millones por la cabeza del presidente Nicolás Maduro, contra quien han abierto un proceso criminal en el norte por el supuesto delito de narcotráfico.

Es prácticamente un nuevo orden político bajo el esquema norteamericano que desde hace un año ordenó bloquear todos los activos del gobierno de Nicolás Maduro o hacer negocios con empresas estadounidenses, entre otras severas medidas económicas que provocaron la queja del país sureño ahora refugiado en las relaciones con China y Rusia.

Entre las condiciones que lanza Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, se cuenta el retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); que el Tribunal Supremo de Justicia retire la orden de desacato y restaure todos los poderes a la AN. Disolver la Asamblea Nacional Constituyente creada en 2017 asumiendo facultades plenipotenciarias por encima de otros poderes.

Pompeo exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, la salida de todas las fuerzas de seguridad extranjeras a menos que su permanencia sea aprobada por tres cuartas partes de los votos de la AN.

Las directrices del Departamento de Estado estadounidense exigen que la AN elija nuevos miembros del CNE y del Tribunal Superior de Justicia aceptados por todos los partidos políticos lo que otorgaría poder de veto tanto al partido oficialista como a la coalición liderada por Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países.

Mediante una ley que apruebe la AN se crearía un Consejo de Estado que funcionaría como el poder Ejecutivo compuesto por dos representantes del Consejo de Estado que a su vez serán electos por 25% de los miembros de la AN, siendo uno de ellos forzosamente gobernador. Estos cuatro miembros del Consejo de Estado escogerán a un quinto miembro que actuará como secretario general y que se desempeñará como presidente interino hasta que se realicen las elecciones a la presidencia. Las decisiones del Consejo de Estado serán por mayoría de votos y tendrán como asesor a un miembro de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En manos de dicho Consejo está la responsabilidad de celebrar las elecciones simultáneas a la Presidencia y la AN en un plazo de 6 a 12 meses, cargos a los que cualquier ciudadano venezolano conforme a la Constitución puede presentarse.

Estados Unidos propone que las facultades conferidas al presidente por la Constitución serán exclusivamente al Consejo de Estado. En este sentido, Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido facultades presidenciales, y que les fueron impuestas debido a los cargos que habían ocupado, una vez el Consejo de Estado esté operativo y esas personas renuncien a cualquier otra pretensión para ocupar cargos ejecutivos y acepten como único poder Ejecutivo al Consejo de Estado.

Este nuevo organismo deberá de nombrar un nuevo gabinete y Estados Unidos se compromete a retirar las sanciones a exmiembros del gabinete y miembros de las Fuerzas Armadas que les fueron impuestas por desempeñar sus cargos.

En medio de la crisis que atraviesa el mundo por la pandemia del Covid-19, especialmente luego de que el Fondo Monetario Internacional negara a al país sureño una línea de crédito por $5 mil millones para combatir la pandemia, Pompeo promete brindar apoyo humanitario, electoral, económico y de gobernanza, desarrollo y seguridad, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y en el suministro de agua y electricidad. Para ello, iniciará negociaciones con las instituciones financieras internacionales, como el propio FMI o el Banco Interamericano de Desarrollo para recibir programas de apoyo.

La oferta de Pompeo propone la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objeto de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999, y responsabilizar a los autores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias.

Se establece también una comisión bipartidista en la AN para formular soluciones a largo plazo con el fin de rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Entre las garantías propuestas por Pompeo a Maduro, es que durante el proceso del gobierno de transición se mantengan los altos mandos militares, así como las autoridades estatales y locales.