"Que una reforma constitucional se apruebe en dos semanas, los tres debates, es un récord"

Rolando Murgas Torraza, catedráticco, considera que la veloz aprobación de las reformas constitucionales es un síntoma de poca discusión y superficialidad

El jurista y profesor emérito de la Universidad de Panamá, Rolando Murgas Torraza, explica desde su óptica la complicada situación sobre las reformas constitucionales recién aprobadas por la Asamblea Nacional, y que esperan un segundo debate en la próxima legislatura. Las protestas estudiantiles frente a la Asamblea Nacional como muestra del descontento por la forma y el fondo de lo aprobado. Murgas percibe que el Ejecutivo debió revisar el paquete de cambios que entregó la comisión del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, antes de enviarlo a la Asamblea. Las dos semanas que tomó la discusión de estos cambios, resulta otro factor detonante del malestar de ciertos grupos de manifestantes. La propuesta también responde a intentar resolver situaciones coyunturales que aún no han sido resueltas por las instancias que debían emitir concepto sobre, por ejemplo, el fallo sobre matrimonio igualitario que tiene dos años de estar en la Corte Suprema de Justicia y aún no ve la luz. Otro factor coincidental resulta el quién juzga a quién entre los magistrados de la Corte y los diputados. Murgas apunta a que debe haber un debate más amplio y profundo que de muestra de una reforma como se ha esperado desde hace décadas.

¿La mesa de Concertación Nacional representa a la sociedad?
Es delicado lo que sucede. No quiero desmerecer ni causar falta de legitimidad a esta mesa de concertación. siento que si bien es un ejercicio para muchos temas, no puede decirse que representa a la ciudadanía.

Podría ser idílico pensar que exista un organismo que lo haga... En la mesa hay una representatividad variada...
El punto es que independientemente de la medición de si la sociedad está representada al 100%, que es difícil, lo cierto es que un ejercicio de reforma constitucional debe ser participativo de la sociedad por diversas vías. Hay una mesa de diálogo que lo discute, hace un aporte. Pero lo que no me parece es que se diga que lo que ahí se aprobó tenga que ser adoptado literalmente, además que los propios informes que presentaron, en puntos muy sustanciales hubo disensos significativos. Por lo tanto, no es un documento que refleja la unanimidad, no se como se manejaron la mayoría de votos. En el tema legislativo, por ejemplo, la mayoría de los partidos políticos se opuso.

Es obvio que los partidos se opongan a las reformas que tratan del tema legislativo...
Yo entiendo eso, pero lo que quiero decir es que no se puede establecer que hay un consenso nacional.

¿Usted considera que hay un norte en las reformas que indique hacia dónde queremos llevar al país en el futuro?
Creo que ese es uno de los problemas. Una de las cosas que implica esta reforma es que el enfoque que tiene es de coyuntura. Es decir, se identificaron algunos problema en la Asamblea y se plantearon reformas, lo mismo ocurrió en el caso del Órgano Judicial, son reformas superficiales que no están dirigidas a fortalecer institucionalmente cualquiera de los dos órganos. El tema es que partimos de la base que los comportamientos actuales van a ser eternos. El cambio en la ética política y ciudadana, que es parte de la crisis que tenemos, tienen que darse. Pero no podemos actuar de una forma que va aplazar una reforma por años o por décadas y que toca la superficie y lo coyuntural. Hay que ir al fondo.

¿Cuáles son esas reformas de fondo que hubiera esperado?
El órgano judicial, por ejemplo, ha sido satanizado y eso no es justo porque no todo está podrido. Hay muchos jueces y magistrados que están haciendo bien su trabajo y es meritorio. Que hay problema en la administración de justicia, sí los hay. Uno de los temas es cómo se designa a los magistrados. Había una propuesta interesante que consistía en dejar el método actual pero que la Asamblea apruebe por dos terceras partes. Yo sugeriría, como hay en otras latitudes, la creación del Consejo Nacional de Judicatura, que tiene que ver con la administración del órgano judicial, que tiene que ver con las sanciones disciplinarias, y también de velar por el comportamiento de los jueces. Debe establecerse que cuando hayan dos magistrados, uno venga de adentro y el otro de afuera y que los presidentes abandonen la pretensión de estar designando gente de su entorno inmediato.

¿Cómo evita que un presidente designe como magistrado a gente de su entorno inmediato?
Con el cambio ético que necesitamos. Eso no viene con la constitución, sino con la ética del ser humano.

Los cambios incluyen que los candidatos a magistrados emanen de una terna propuesta de la mesa de concertación, ¿qué opina sobre eso?
Lo que le han dado y no estoy de acuerdo es que hagan su terna y de ellos salga obligatoriamente el escogido. No estoy de acuerdo, es dar mucho poder para un sector de la población, no lo comparto aunque lleguen a una alta representatividad, deben escogerse por quienes son elegidos por el pueblo, que ejerzan sus funciones, y que haya mayoría calificada en la Asamblea. Que el tema de los nombramientos no se estanque porque en la Asamblea se discute uno para ti y otro para mí. Eso ha pasado y le ha hecho mucho daño al país.

Proponen que los 71 diputados sean juzgados por el procurador de la administración, ¿cómo se entiende eso?
Concretamente en ese caso no estaría de acuerdo con la figura. Pero en este momento estamos empantanados en ver quién juzga a quién, entonces pueden darle las funciones a uno o al otro, pero al final en ciencias políticas hay una pregunta que se hace: Quién juzga al custodio. Podemos hacer todas las combinaciones, no estaría de acuerdo con esa fórmula, quizás haya que cambiarla pero siempre habrá discusión.

¿Cómo podría un procurador de la Administración investigar a un diputado?
Esa propuesta obedece al enfoque de coyuntura que nos tiene enredados en esta reforma. Por qué los diputados decidieron eso, porque no quieren que la procuradora Kenia Porcell haga la investigación. Entonces es un asunto coyuntural, hay que verlo a futuro, yo no digo que sea o no la procuradora, al final el tema caerá en quién lo juzga.

Esto va aparejado con la idea de nombrar a un fiscal especial para que pueda investigar a cualquiera de los dos procuradores, el de la Administración y de la Procuraduría. ¿Cambió de cancha el escenario el actual contubernio de impunidad entre diputados y magistrados?
Ese es el enfoque de coyuntura, y parte de eso trae la propuesta. El Gabinete sin discutir las reformas, porque debió de hacerlo por ser su deber constitucional antes de presentarlas al legislativo. No debió enviarlo y después dejar al legislativo que decida. Eso no fue correcto y en parte es lo que tiene enredadas las cosas. Tan es así, que ahora muchos pretenden negarle a la Asamblea a discutir las reformas.

¿Son suficientes las consultas que hizo el diputado Leándro Ávila por todo el país?
Esa es una consulta superficial, me perdona el diputado. No es una verdadera consulta participativa que debió haberse hecho antes de llegar a la Asamblea. Que una reforma constitucional se apruebe en dos semanas los tres debates es un récord. Ninguna ley se hace tan rápido salvo excepcionalmente. Cómo vamos a hacer con la reforma constitucional que nos vamos enterando por pedazos que se metió una cosa, que se añadió la otra, cuando a estas alturas los panameños no saben exactamente los detalles.

Hay oportunidad de cambiar lo que se aprobó en este ensayo cuando abra la próxima legislatura, ¿podría haber oportunidad de remendar lo actuado?
Depende de cuáles sean las actitudes porque aquí hay un sector del país, con el cual yo no estoy de acuerdo, que está pidiendo que no se cambie nada de lo que se hizo en la Concertación. Yo creo que el resto del país tiene el derecho de participar y de opinar. Se está pidiendo incluso, que haya un sesgo autoritario en la decisión porque el Ejecutivo le ordena a los diputados cómo tienen que aprobar las reformas, eso es muy peligroso. Ahora la aplanadora del Partido Revolucionario Democrático (PRD) conviene, pero más adelante le echarán en cara que aprobó unas reformas constitucionales porque se lo ordenó el Ejecutivo. Es verdad que la Asamblea metió otras cosas, pero no puede pretenderse que la Asamblea se limite a aprobar lo que le mandan y no tocar ni una letra. Más en un tema tan delicado como este, si lo que incorporan está mal, bueno eso es discutible. Ese artículo, que por fortuna no incluyeron, en el que se dice pretendía decir que el derecho nacional está sobre el derecho internacional, era derrumbar el bloque de constitucionalidad sobre los derechos humanos adquiridos mediante convenios internacionales.

La creación del Tribunal Constitucional, ¿sería algo efectivo de la propuesta?
Yo diría que la mayoría de los países de América Latina, además de Europa, existe o una Corte o un Tribunal Constitucional. El nombre varía, es secundario. Por ejemplo, Costa Rica tiene una sala constitucional que tiene más magistrados que las otras salas, y todos los temas constitucionales se ven ahí. Venezuela, independientemente de sus líderes políticos, había creado una sala constitucional, Perú también. Es una buena idea, pero han planteado en las reformas un tribunal constitucional mutilado. El pleno conoce ahora de las acciones de inconstitucionalidad, de los amparos de garantías constitucionales, de las advertencias, y tiene un marco amplio, no se da a basto. La Sala quinta se había creado para ver los amparos, descongestionó pero un problema político terminó con esta Sala. Ahora, con esta propuesta, los ciudadanos no vamos a poder ejercer la acción de inconstitucionalidad contra todos los actos y acciones de los órganos del Estado porque están diciendo que solo contra normas que tengan fuerza de ley. Con lo cual, si alguien dicta una resolución en el Ejecutivo, por ejemplo, que viola la constitución, el ciudadano no puede interponer una demanda de inconstitucionalidad, y ahora si la tiene. El amparo, que debe verlo el tribunal constitucional, lo mandarían a los tribunales civiles y el habeas corpus ni siquiera lo ve el tribunal constitucional. Eso no se lo han explicado a la gente. En Colombia, el tribunal constitucional y el Contencioso, son los que han llevado el hilo de la institucionalidad.

¿Cuáles serían las consecuencias en caso de que se incluyera que el concepto de que acata las normas del derecho internacional que no vayan en contra del derecho constitucional?
Esto me parece que responde, supongo yo, a posiciones fundamentalistas que incluso asocian el tema a otros como la educación sexual que la tienen bloqueada, y por otro lado hay tendencias alternativas que buscan crear figuras similares, no necesariamente bajo el término matrimonio que pretenden dar derecho a la seguridad social, sucesorio, etc. Incluso admiro la posición del diputado Gabriel Silva, independientemente de que se pueda estar o no de acuerdo con él. Pero cuando uno hace un planteamiento contra corriente en la Asamblea e identifica la situación familiar, para que no vayan a decir que lo hace, es admirable. Pero en este país falta tolerancia, hay sectores que quieren imponer su manera de pensar a toda la sociedad, y eso nos está haciendo daño.

¿Sugiere dar más facultades a este tribunal constitucional?
Si, las normales, propios de estos tribunales.

¿Cuáles son las nuevas rutas que se deben implementar tomando en cuenta que hay una segunda oportunidad para modificar lo actuado en la Asamblea?
Yo sugiero abrir un gran debate nacional, una discusión participativa, que así como quieren preguntar a los electores la aprobación de las reformas por bloques, que ojala no se convierta en un examen de cierto y falso, que se haga una discusión participativa. Hay muchas cosas que no se han explicado.

¿Cómo se puede lograr esto sin que se convierta en un desorden?
Mire, con todo respeto al diputado Leandro Ávila, esto no puede hacerse en un lugar e invitar a todo el que quiera, según me cuentan en esos ejercicios salieron cosas localistas. Tiene que ser algo estructurado, convocando a foros, ampliar el espectro que no solo sea la mesa de la concertación. SI se discute sobre un tema se debe preguntar a la gente cómo deben elegirse los magistrados, por ejemplo.

¿Cómo recibe la propuesta del Ejecutivo en que podrían convocar a una constituyente paralela?
Ellos no pueden hacer eso porque solo sabrán si las reformas son buenas o malas en abril. Ahí es donde sabrán si es bueno o malo. Pero si la Asamblea ejerció su función constitucional y aprobó una reforma constitucional, el Ejecutivo no la puede parar, tienen que llamar a referéndum.

¿Cuándo convendría entonces hacer la paralela?
El Ejecutivo no puede retirar el proyecto, lo que podría políticamente es a crear un consenso con los diputados y que éstos rechacen las reformas. Yo siento que las palabras del vicepresidente estuvieron mal pronunciadas. Considero que lo que quiso decir es que si esto no resulta tendremos que convocar a una asamblea paralela que debe antes aprobarse en la Asamblea.