¿Por qué cerró el programa estrella del Gobierno?

Falta de estabilidad laboral, y la falta de respuesta de las autoridades, provocaron que los participantes perdieran confianza en el plan de reinserción y dejaron de asistir a los cursos

Barrios Seguros, el programa insignia que relacionó la administración de Juan Carlos Varela a la reducción de la tasa de homicidios, culminó 5 meses antes de finalizar el periodo gubernamental.En diciembre pasado el programa cerró sus puertas. Pero fue en enero cuando el ministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario, reveló públicamente sobre su fin “por falta de participantes”.

En la conferencia sobre rendición de cuentas de la entidad, Del Rosario resumió que desde su inicio, en 2014, habían participado 5,440 jóvenes. De ellos, 1,352 se habían insertado laboralmente.

Pero repentinamente, el programa del que había brotado uno de los mayores logros gubernamentales, dejaba de funcionar.

Según el Minseg, en 54 meses de gestión, la tasa de homicidios disminuyó de 17.6 a 9.6 por cada 100 mil habitantes.

Si los resultados del programa eran así de extraordinarios, ¿por qué desaparecer Barrios Seguros?

Algunos participantes y fuentes relacionados a esta estrategia, consultados por La Estrella de Panamá, concluyeron que a pesar de que era una buena iniciativa, el gobierno trató de sumar, muy rápidamente, a demasiados participantes sin contar con la capacidad para brindarles un proceso de resocialización integral que incluye un seguimiento de los integrantes.

Barrios Seguros se concibió como un programa para bajar los índices delictivos, principalmente de homicidios, que consistía en capacitar a los pandilleros en el Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (Inadeh) en diferentes cursos técnicos y luego insertarlos en proyectos de construcción, o en otras áreas laborales.

Como incentivo, el gobierno ofreció $50 dólares semanales a los participantes. En entrevista previa a este diario (enero 2017), Del Rosario indicó que el gobierno invertía $10 millones en el programa. De ese monto, $3 millones se destinaban a bonos de supermercado para los jóvenes.

Del Rosario dijo que se hacía una evaluación del cuadro familiar y psicológica del muchacho y le ayudaban a desarrollar habilidades blandas añadiendo un componente de formación vocacional y técnica. Al momento de la entrevista, el ministro manifestó que se encontraban mejorando el programa.

”La idea fue buena, pero hay que hacerla de una manera científica y alejada del concepto político. No hay continuidad en los empleos de los jóvenes y la clave es destetar al pelao de depender del gobierno”, indicó una de las personas involucradas en reinserción que pidió anonimato.

El pastor Azael, uno de los líderes encargados de reclutar a muchachos para que participaran en el programa, contó sobre los éxitos que experimentó momentos en que había entusiasmo y esperanza de los candidatos para sumarse al mismo.

Dijo que en aquellos tiempos se recogían armas y se las entregaban a las autoridades. Al principio, añadió, “los muchachos que se metieron no todos eran pandilleros, pero sí estaban en riesgo social. Eran adultos jóvenes que no tenían nada que hacer, y se integraron bajo la promesa del gobierno de que encontrarían un empleo”.

Pero la estrategia no funcionó, según el Pastor. La calificó como “un fracaso total” porque sacaron a los pastores del programa. “Al principio todo iba bien. No obstante, después de un tiempo cuando ya tenían unos meses en los cursos, los buscaban con los operativos antipandillas y muchos de ellos ni la debían”, dijo Azael, capellán que ejerció como uno de los lideres reclutadores del programa.

La Estrella de Panamá conoció que al momento de cerrar las puertas de Barrios Seguros alojaba a unos 100 participantes a nivel nacional.

El pastor Olmedo (nombre ficticio para proteger su identidad) que lidiaba con una de las pandillas más peligrosas de la ciudad, y que laboró por 16 meses en Barrios Seguros, dibujó la complejidad que encierra un programa de esta naturaleza.

Cuenta que en ocasiones los jóvenes que eran contratados en las construcciones, una de las más frecuentes era Techos de Esperanza, eran de pandillas contrarias y de repente se presentaban conflictos. Una de las falencias, de acuerdo a Olmedo, era que no había una oficina de recursos humanos en los proyectos donde trabajaban los muchachos para velar por su estabilidad emocional y laboral.

Además, los jóvenes que creyeron en el programa y cambiaron de actitud, a los 6 meses o al año los botaban. “Eso era como un balde de agua fría. Culpaban a los pastores que los habían ingresado en Barrios Seguros porque se confiaron en que conseguirían un empleo permanente y no fue así”, indicó el pastor Olmedo.

“No puedes dar un curso de tres meses y pretender que todo ha cambiado y que todo está bien. Los jóvenes en riesgo son gente especial por su pasado, marcados o señalados. Cuando los botaban me tocó verlos llorar porque habían hecho un esfuerzo muy grande que finalmente no rindió frutos”, agregó el pastor Olmedo.

Algunos de los muchachos tenían problemas de adicción a las drogas y requerían necesidades especiales para ser atendendidas, especialmente de especialistas en salud mental.

Pero de acuerdo a Olmedo no había psicólogos en los proyectos para acompañar en situaciones de crisis. “Los pastores hacíamos la obra de escuchar, pero al final el plan solo se redujo a los bonos y la capacitación”, puntualizó.

Este diario consultó al Minseg para conseguir su versión pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El sociólogo criminólogo del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Tirso Castillo, calificó el programa como ejemplar, uno en el que se demostró que es factible romper paradigmas de que el delincuente no es capaz de resocializarse. “No fue excelente, pero tampoco fue malo”, valoró.

El problema -añadió Castillo- es que los jóvenes pensaban que los trabajos eran permanentes y cuando los despedían quedaban en el aire y frustrados.

La mayoría tenían familias y al ver que su ingreso económico se truncaba, generaba incertidumbre.

“Iban a la sede del Minseg o a la oficina de Barrios Seguros a quejarse y buscar una explicación, pero la respuesta es que era un contrato temporal y que era política de la empresa la renovación. Esto generaba una situación incómoda entre los jóvenes y el gobierno”, explicó Castillo.

Del otro lado de la moneda, aunque en menor proporción, hubo casos de jóvenes que consiguieron contratos permanentes.

Esto también fue posible por el acompañamiento de algunas fundaciones que dieron seguimiento a estos casos puntuales. Para Castillo, eso rompió paradigmas en el sentido de que un pandillero puede cambiar su vida si se le extiende la mano y se rompen los prejuicios. “Había empresas muy reticentes a contratarlos, pero dieron la oportunidad y ahí siguen”, agregó Castillo.