Pago de coimas para agilizar servicios básicos es del 38%

El Informe de Transparencia Internacional, que mide el Barómetro Global, evidencia la tolerancia que hay en la población al momento de acceder a servicios de salud, educativos, de justicia o policiales

La ineficiencia en los servicios públicos abre grandes espacios para la corrupción. Aunque esa no sea una justificación, la población también forma parte de la corriente corrupta que carcome a nuestra sociedad.

Transparencia Internacional reveló en su más reciente informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, como parte del Barómetro Global de la Corrupción 2017, que en Panamá la gente está dispuesta a pagar sobornos o dar un regalo a cambio de agilizar sus trámites, de ahorrar tiempo o de conseguir algo. Estas dádivas también se ven frecuentemente para obtener cupos en los sistemas educativos o de sanidad pública. La organización midió, en los últimos 12 meses, si la gente pagó alguna coima en 6 servicios públicos clave: escuelas, hospitales, adquisición de documentos de identidad, servicios públicos, policía y tribunales.

Panamá aparece como uno de los cinco países de la región que sobresale en el uso de estas malas prácticas. El informe indica que el 38% de los panameños han pagado (en los últimos 12 meses) un soborno al acceder a un servicio básico.

Entre los resultados de la encuesta destaca el hecho de que el 26% de los preguntados admitió haber pagado sobornos en el sistema educativo, el 29% lo hizo en el sistema de sanidad básica (hospitales), el 18% al adquirir un documento de identidad, un 16% lo hizo al acceder a servicios sanitarios de agua y electricidad. Un 20% de los ciudadanos también manifestaron que han dado coima a la Policía, mientras que un 11% lo hizo al tratarse de tribunales de justicia.

La otra mala noticia en este informe es que los panameños,como en general en la región Latinoamericana, consideran que sus gobiernos no están siendo efectivos en el combate a la corrupción. En Panamá esta cifra se cuantificó en más de la mitad de los consultados , 57%. Pero lo que es aún más preocupante es que se trata de una práctica tolerada por la población. Así lo considera el 64% de los encuestados.

EN LATINOAMÉRICA
El nuevo informe de Transparencia Internacional, concluyó que el 29% de los ciudadanos Latinoamericanos que utilizaron seis servicios públicos clave antes mencionados pagaron coimas.

La cifra equivale aproximadamente a 90 millones de personas en los 20 países sondeados. Lo peculiar de este informe es que el 28% de las personas que denunciaron algún hecho de corrupción sufrieron represalias. Esto podría explicar por qué, aunque en la región la denuncia de irregularidades se considera una conducta culturalmente aceptable y el 70% de los ciudadanos cree que pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción, solo el 9% se ha atrevido a denunciar los sobornos.

En Latinoamérica entre los más corruptos se perciben a los políticos electos por votación popular y a la Policía.

“Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado. El caso Lava Jato, el cual causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad”, manifestó José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional.

México tiene el índice de soborno más alto de toda la región, seguido de República Dominicana y Perú.

En México, una de cada dos personas denunció haber pagado sobornos cuando accedió a servicios públicos, y las escuelas, los hospitales y los servicios de provisión de documentos figuran entre los más proclives a ser sobornados.

En Honduras, el nivel más alto de soborno se registró en los tribunales: el 56% de los encuestados que manifestaron haber utilizado el sistema judicial, dijeron que pagaron un soborno en el último año.

No obstante, Brasil encabeza la región en cuanto a la confianza que tienen los ciudadanos en generar cambios. Recordemos que sistema judicial de ese país, en el proceso de Lava Jato y los sobornos otorgados por la constructora Odebrecht, logró la certeza del castigo con condenas ejemplares tanto a los empresarios como a los funcionarios que la recibieron.

En Venezuela, en cambio, un país sumida en la crisis, el 73% de los consultados dijeron que la Policía es sumamente corrupta.

Los índices de sobornos fueron similares tanto en la clase pudiente como en los sectores pobres. No obstante, según apunta el documento, los últimos tienen menos capacidad económica y dependen mayormente de los servicios públicos.

RECOMENDACIONES
La organización global resumió cuatro recomendaciones a los gobiernos para poder combatir la corrupción: Fortalecer las instituciones involucradas en la detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos relacionados a la corrupción.

Como segundo punto, recomienda levantar la inmunidad política para casos relacionados a corrupción. También sugiere fortalecer la capacidad de investigación de la policía, reforzar las medidas disciplinarias y establecer mecanismos de rendición de cuentas para la policía. Finalmente, invita a crear canales accesibles, anónimos y de denuncia para los denunciantes, que los protejan de todas las formas de represalias.

VENEZUELA Y PERÚ, LOS PEORES
La mayoría de las personas considera que el nivel de corrupción aumentó en los 12 meses previos a la encuesta. Tres cuartas partes o más de los encuestados en Brasil, Perú, Chile y Venezuela sostiene que la corrupción aumentó (entre el 78% y el 87%). En cambio, solamente dos de cada cinco personas en Argentina y Guatemala sostienen lo mismo (el 41% y el 42%, respectivamente.

Más de la mitad de las personas manifiestan que su gobierno mantiene un mal desempeño en la lucha contra la corrupción (53%). Solamente el 35% sostiene que el gobierno actúa eficazmente. Los sondeados en Venezuela y Perú son lo que peor califican a su gobierno: 76% y 73% respectivamente. En cambio, un cuarto de los encuestados en Guatemala dicen que su gobierno está haciendo un mal trabajo.