El dinero entra en bultos de efectivo y luego se blanquea

El informe norteamericano señala que el dinero entra por los aeropuertos para utilizarla en la Zona Libre de Colón pero el gobierno no corrobora su paradero

El 90% de la droga con destino a Estados Unidos pasa por Panamá, Centro América y luego llega a México, la última frontera antes de toparse con el mercado consumidor.

El movimiento de la droga está a cargo de grupos mexicanos y colombianos desde el Darién y las zonas litorales. Los narcotraficantes explotan la infraestructura y logística del país que incluye la Zona Libre de Colón, los puertos de contenedores, aeropuertos y la carretera panamericana.

Los datos forman parte del informe sobre Narcóticos y Lavado de Dinero que publica cada año el Departamento de Estado de Estados Unidos que considera a Panamá como uno de los ochenta países del mundo donde más se lava dinero.

Hace 17 años, cuando Panamá fue mencionado en este informe, Eloy Alfaro estaba en Washington D.C. como embajador de nuestro país en el norte. El presidente de turno, Ernesto Pérez Balladares, al leer el documento, llamó a la embajada y le consultó a su representante. Alfaro le dijo: “No se altere. Estamos a lado de Colombia en la ruta obligada de droga entre el país productor y el gran consumidor. La única manera de que Panamá salga de esta lista es que se mude a Yemen. También estamos en la ruta inversa del dinero que pagan los mayores consumidores a su mayor proveedor”, respondía Alfaro.

BLANQUEO DE CAPITALES
Los delitos de cuello blanco han tomado relevancia en países catalogados como Major Money Laundering Contries, y las acciones que han efectuado para combatirlo. Este crimen sigue siendo una amenaza global que lo ejecuta una organización criminal trasnacional que ha encontrado técnicas para burlar los controles y lavar sus activos, lo que ha provocado a nivel mundial una exacerbación del esfuerzo de la Policía, los supervisores legales y las agencias de inteligencia.

Panamá, a pesar de haber hecho esfuerzos en la adecuación de su legislación para combatir el blanqueo de dinero, aún debe demostrar su habilidad y efectividad a la hora de cumplir estas normas, incluyendo la investigación de complejos esquemas de lavado de activos.

El reporte de Estados Unidos cita los Panama Papers como una exposición significativa de la vulnerabilidad de las laxas prácticas del sistema financiero y su transparencia en el uso de sociedades anónimas que sirvieron para lavar dinero, esconder dineros producto de defraudación fiscal, y evadir las sanciones norteamericanas especialmente las que se relacionan con el ejercicio de los abogados y los servicios que proveen. Como ejemplo menciona que empresas offshore de Panamá sirvieron a exejecutivos de Petro Ecuador a ocultar $12 millones que se robaron, según lo reportaron autoridades de ese país, que acusaron a 17 personas por malversación de fondos.

Estas debilidades fueron un punto de observación del departamento de Estado que en mayo detectó la "organización de lavado de dinero del grupo Waked" que supuestamente sirvió para ofrecer material de soporte, a través de lavado de dinero, a traficantes de droga. El gobierno norteamericano, no obstante, aún no ha mostrado las pruebas contra el grupo empresarial incluido en la lista Clinton, estrangulado económicamente.

Las investigaciones de los norteamericanos revelan que la forma en que se lava dinero es a través de grandes bultos de efectivo que se cruzan en los aeropuertos, los puertos y la Zona Libre de Colón. El efectivo es introducido al país declarando que será utilizado en la ZLC, pero no existe una versión oficial de la verificación de que este proceso se haya efectuado como para corroborar que realmente se haya utilizado para hacer negocios lícitos en esta zona libre de impuestos situada en el Atlántico.
El lavado de dinero en Panamá proviene principalmente del tráfico de drogas por ser un país situado en la ruta del polvo blanco hacia el norte. Numeroso factores impiden la lucha contra el lavado de dinero en el país incluyendo la necesidad de incrementar la colaboración entre agencias tomando en cuenta la inexperiencia en las investigaciones que realizan las fiscalías, regulaciones inconsistentes, corrupción y un sistema de recursos judiciales insuficientes.

Según el Departamento de Estado, el país ha comprendido los requerimientos regulatorios para evitar el lavado de activos, pero solo los bancos realizan la debida diligencia en cuanto a personas extranjeras y locales políticamente expuestos. Las reformas jurídicas han fortalecido el marco legal, enmendó el Código Penal, y pasó nuevas leyes enfocadas a compartir información con otros países.
También se vieron logros con la ley 23 que tipifica las formas de lavado de activos que expanden el radio a 31 sectores.

Los agentes de la DEA continúan ofreciendo su guía a los oficiales locales en temas relacionados a investigaciones financieras vinculadas al tráfico de drogas para desmantelarlas. En este sentido, brindan su experticia en las nuevas tendencias que utilizan estos grupos criminales en blanqueo de capitales, narco terrorismo, financiamiento, banca internacional, creación de empresas off shore, transferencias de fondos en el mercado internacional y otro tipo de investigaciones financieras.

A pesar de haber sido considerado como uno de los países en donde el delito de blanqueo de capitales es más frecuente, Panamá ha cumplido con la modificación de las leyes en varias áreas, esto, no obstante, no es un indicativo del cumplimiento de las mismas y es una de las quejas constantes de los norteamericanos con respecto a la implementación de la ley en nuestro territorio. En este grupo de legislaciones se incluye por ejemplo los temas de cumplimiento, reporte de transacciones sospechosas, permanencia de los expedientes a lo largo del tiempo, transporte de dinero trasfronteras, la unidad de inteligencia financiera, sistema de identificación de renuncia de activos, acciones al portador, intercambio de información, cumplimiento del acuerdo de las Naciones Unidas de 1988 y de las transacciones financieras internacionales procedentes del tráfico de drogas que significativamente afectan a Estados Unidos.