"Decreto Ejecutivo es un Crisol de Razas disfrazado"

El documento que abre la puerta a la regularización de extranjeros se efectuó en forma espontánea y sin base científica, opinan juristas

El Decreto Ejecutivo 167 publicado el 3 de junio en Gaceta Oficial 28045-C es una "copia fotostática" del Crisol de Razas que la pasada administración gubernamental utilizó para abrir las puertas a extranjeros. Esto, a pesar de que el gobierno de Juan Carlos Varela prometió en tiempos de campaña terminar con la política de puertas abiertas para no nacionales.

La publicación del documento provocó que los abogados, acostumbrados a tramitar procesos migratorios, pegaran el grito al cielo. Por años, el gremio ha solicitado a los gobiernos de turno elaborar una política migratoria acorde al desarrollo económico y social del país.

¿Cuál es el interés del país en abrir nuevamente la puertas a extranjeros? ¿En qué beneficia a la Nación la medida? ¿Por qué se abre la puerta a la regularización de chinos y no de otra nacionalidad?

Aún no hay una respuesta clara por parte de las autoridades a estas incógnitas.

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del CNA, explica que el ‘Estado no cuenta con un estudio científico de lo que paga el extranjero por adquirir sus papeles, versus las consecuencias que conlleva su residencia; atención en salud, subsidio del transporte, educación y el desplazamiento de mano de obra panameña'.

El ejercicio de regularización, que está a punto de iniciar en la tercera semana de este mes (entre el 20 y 24 en la sede principal de SNM, en horarios de 8 a 4), 'institucionaliza la feria de legalización de migrantes año con año', indicó Marisabel Saravia, presidenta de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

Actualmente se está en proceso de adaptar los sistemas tecnológicos para dar citas y posteriormente empezar el proceso de legalización, explicó el SNM.

Luciano Yanez, otro especialista en el tema, considera que el ‘Decreto es un Crisol de Razas disfrazado'. Añade que da la impresión ‘de que la administración Varela necesita recursos económicos frescos, ya que éste ejercicio representa la entrada de millones de dólares, habría que ver en qué usarán ese fondo'.

El pasado 3 de junio se publicaron en Gaceta Oficial dos Decretos relacionados a asuntos migratorios: el 167 y 168.

JUAN CARLOS ARAÚZ (ABOGADO)
‘La inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses del país'.

El primero establece el procedimiento de regularización migratoria general en el que se exigen a los interesados ciertos requisitos, un papel muy similar al Decreto 547 del 25 de julio de 2012 que dio paso al Crisol de Razas en el gobierno pasado. ‘Lo único que cambia en esta ocasión es el nombre, y un requisito nacional de paz y salvo, además, de una inscripción para cotizar en la Caja de Seguro Social que no indica necesariamente que estén cotizando, o que el gobierno realice un monitoreo de las personas que llevan estos documentos para su regularización', apunta Saravia.

El segundo Decreto publicado, el 168, está dirigido a nacionales de China que tienen varios años de radicar en Panamá, y cuya situación migratoria es irregular.

En primera instancia, exclama Yanez, el país tiene que colocar los controles necesarios para evitar que ingresen más extranjeros de manera irregular, en segunda instancia se hace necesario regresar al Decreto Ejecutivo que dice que un extranjero sólo puede quedarse en el país 90 días y para extenderle una prorrogar debe estar sujeto a que el director de Migración la apruebe si califica.

Aunado a esto, el CNA dice que el referido Decreto contraviene el artículo 14 de la Constitución que recuerda que la ‘inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses sociales, económicos y demográficos del país'. Datos con los que no cuenta el gobierno, más bien ‘funciona de acuerdo a los grupos que hagan presión', dijo Araúz.

El rechazo del gremio también señala que el país requiere de extranjeros que aporten al desarrollo económico y que la Carta Magna prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros que rebajen las condiciones de los panameños, que la Ley regula la contratación de extranjeros asegurando el derecho a los panameños. ‘Con esta acción el gobierno pone en riesgo estos dos artículos', asevera Araúz.

DETALLES TÉCNICOS
En el texto del Decreto 167 se lee, por ejemplo, en el artículo tercero, acápite tres que los extranjeros que soliciten su legalización deberán presentar copia del pasaporte. El problema, dice Saravia, es que en caso de no tener pasaporte, ‘podrán presentar una declaración jurada de responsabilidad o carta jurada por un residente panameño, acompañado de una copia de su carné de residente permanente cotejada por un Notario Público'. Esta flexibilidad representa para la abogada una vulnerabilidad que puede ser aprovechada por los grupos de trata de personas que tendrán una forma de ‘legalizar' a las víctimas prácticamente en forma impune', declara.

La preocupación de la jurista es compartida. Araúz opina que el país podría convertirse en un eslabón de la legalización de tráfico de seres humanos.

Otro punto que catalogan de sumo cuidado los abogados es que no existe límite en la responsabilidad en que los panameños pueden hacerse cargo de los extranjeros, ni tampoco la obligación de probar solvencia, así como la falta de un método para renunciar a la responsabilidad que adquieren por los extranjeros.

Los interesados tampoco deben mostrar solvencia económica, solo los $500 que se les exige en las fronteras o aeropuerto al ingresar al país, ‘lo que pone en desventaja a las personas interesadas en invertir en el país y que se enfrentan a todo tipo de trámites burocráticos para instalarse', dice Saravia.

Un punto espinoso para Saravia es que en el artículo 6 se menciona que el Estado también acepta procesos migratorios para adultos mayores, personas con discapacidad profunda comprobable, o ‘los que sufren de enfermedades terminales comprobables por razones humanitarias', se lee en el Decreto 167. En ese sentido, Saravia se pregunta ‘cuál es la necesidad del Estado en hacerse responsable de personas que sufren enfermedades terminales cuando nuestro sistema de salud está congestionado y a penas se da a basto con los nacionales'.

Roberto Troncoso, activista en temas de derechos humanos, agrega que el sistema es insostenible en el tiempo. ‘El país merece una regulación migratoria cónsona con los tiempos'. Añade que ‘los extranjeros salen de sus países porque no hay oportunidades y buscan lugares donde la ley es flexible en el otorgamiento y regulación de estatus. Panamá es el que más se ha prestado para esto en la última década', explica.

En la pasada administración se realizaron 15 ferias en las que se regularizaron a más de 40 mil extranjeros. Desde la creación del programa la Dirección de Migración ha recaudado casi $50 millones y según la Ley el 80% de estos dineros se destinan al Ministerio de la Presidencia para ayuda social y seguridad, y el 20% para el Fondo Especial para el Desarrollo del Recurso Humano del Servicio Nacional de Migración.

NUEVAS REGLAS

• A través del Decreto Ejecutivo 168 del 3 de junio de 2016, el gobierno se compromete a legalizar a los ciudadanos chinos que hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2016.
• Los asiáticos que cumplan con los requisitos el Servicio Nacional de Migración (SNM) se les confeccionará un permiso provisional de dos años, según se lee en el documento. Posteriormente aplicarían a una residencia.
• Cada permiso tiene un costo de $2,500, y según el abogado Luciano Yanez, en la fila podrían haber 10 mil asiáticos para obtenerlo. Éstos, agregó, quedaron indocumentados por sospecha de trámites irregulares durante la administración de María Cristina González.
• Si la memoria de Yanez no le falla, el gobierno captaría más de $25 millones con el proceso de regularización de los asiáticos.
• En relación al tema, el abogado Ernesto Cedeño considera que no existe una política clara en temas migratorios. ‘Mientras que Brasil, inspirada en el modelo que aplican Canadá y Australia, adopta una política de inmigración selectiva, para los profesionales extranjeros, altamente calificados, propiciando así una ‘fuga de cerebros'; en Panamá, no se sabe aún, a que estamos apostando', señaló el abogado.
• El abogado agregó que la falta de una política migratoria clara produciría una competencia desleal laboral del extranjero, hacia el nacional panameño, pérdida de las tradiciones para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras, aumente la población por la afluencia extranjera y no por los nativos y el colapso del sistema de salud pública.
• A Cedeño le preocupa que la captación de dinero o de una mano de obra barata pese más que la visión de un país.

REDACCIÓN
Adelita Coriat y Marlene Testa