Este miércoles en horas de la mañana el procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, sostuvo una reunión con la ministra de Desarrollo Social (Mides) María Inés Castillo, y con la directora de la Secretaría Nacional de Niñez y Familia (Senniaf), Mayra Silvera, a quienes entregó copia del informe elaborado por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, que recoge casos de abuso y maltrato en 14 de los 50 albergues a nivel nacional.
Las anteriores mencionadas no se han pronunciado sobre las denuncias que efectuó la comisión legislativa y que han reproducido los medios de comunicación en busca de respuestas porque alegaban desconocimiento del informe.
En la cita ambas funcionarias conocieron detalles sobre el documento y “se les planteó la necesidad e importancia de la supervisión permanente de estos albergues, la revisión de las normas que rigen los mismos y los requisitos que se exigen”, indicó el procurador Ulloa a La Estrella de Panamá.
En el caso de la Senniaf, la institución tiene el deber de supervisar los albergues, de donde se han escuchado relatos que la sociedad ha calificado de intolerables sobre el abuso y maltrato a menores. El Mides, por su parte, es la institución que canaliza los subsidios a los albergues.
El procurador indicó que solicitó la cooperación de las funcionarias en las medidas que imparta la Fiscalia.
De acuerdo con Ulloa, la Fiscalia de Familia, que había iniciado una investigación de oficio, “incorporará al informe y determinará las medidas urgentes que haya que tomar si así se requiere”.
Ambas funcionarias salieron de la reunión sin ofrecer declaraciones a la prensa. Desde que se destapó el informe legislativo, que se originó a raíz de una denuncia efectuada a mediados de 2020, tanto el Mides como la Senniaf han evadido los cuestionamientos de la prensa porque no contaban con copia del informe.
Por otro lado, los líderes religiosos integrantes del Comité Interreligioso de Panamá y miembros de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez (GNRC, por sus siglas en inglés), expresaron su grave preocupación ante los abusos y maltratos contra niños, niñas y adolescentes en diversos albergues bajo la responsabilidad Senniaf.
La organización hizo un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad adjudicando las responsabilidades correspondientes.
Para los religiosos, como para otros entendidos en el tema de la niñez, la coyuntura hace indispensable la creación de un Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, una asignatura pendiente de nuestro país, que sea capaz de sentar las bases de un sistema que brinde fortaleza a las instituciones competentes y establezca mecanismos que eviten nuevas situaciones de violaciones a los derechos de los menores y adolescentes.
El problema de abuso denunciado en la pesquisa legislativa se agrava en casos de menores con discapacidad.
El tema ha puesto sobre la mesa varias inquietudes sobre quién puede crear un centro de esta naturaleza en el país y qué requisitos debe cumplir, pues hace falta una regulación al respecto. Misma que forma parte de una debilidad institucional que se actuaba como una supuesta buena fe.
Especialistas en el tema señalan la necesidad de hacer una reingeniería en la Senniaf, establecer parámetros para la contratación de personal idóneo especializado que haga la función de supervisión en los albergues.
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