La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúa el estado de la población LGBTI que reclama respeto a sus derechos humanos, mientras que grupos conservadores se oponen a intervenciones e imposiciones externas sobre el tema de matrimonio gay
El debate sobre el derecho al matrimonio igualitario se encendió en Panamá luego de la audiencia celebrada el viernes pasado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) solicitada por la Fundación Iguales.
En la audiencia la CIDH reprobó que la legislación panameña sea discriminatoria en el sentido de no haber ajustado la misma para dar oportunidad a las personas del mismo sexo a contar con los mismos derechos que el resto de la población, y no solo se refieren al matrimonio igualitario, sino otros derechos fundamentales de los cónyuges como el de conformar una familia, los pagos de pensión alimenticia, los derechos de la herencia, cobertura de sistema de seguridad social, entre otros.
La reprenda de la CIDH al gobierno panameño, para que garantice a esta población ser tratada igual al resto, movió los ánimos de los grupos conservadores, religiosos en su mayoría, que rechazan la legalización del matrimonio igualitario en Panamá. Una discusión ardiente, que se enfrenta a las llamadas "fuerzas vivas" que defienden a capa y espada el matrimonio tradicional arraigadas a convicciones y principios religiosos.
El domingo, la Iglesia Católica emitió un comunicado en el que defiende el matrimonio entre hombre y mujer. “Por eso pide que no se equipare de ninguna forma con la unión igualitaria de personas del mismo sexo, para que no se socave la familia. Eso hemos estado diciendo esto una y otra vez”.
Además condenó cualquier intervención extranjera en el tema: “no es aceptable que un organismo internacional o un grupo concreto de ciudadanos, quieran imponer a un país la forma de entender el matrimonio y la familia”.
El escenario, por tanto, se posa nuevamente los faroles sobre la Corte Suprema de Justicia, que desde 2016 guarda en el despacho del magistrado presidente de éste órgano, Luis Ramón Fábrega, dos demandas de inconstitucionalidad contra la frase “entre un hombre y una mujer” que contiene en el artículo 26 del Código de la Familia.
Hasta el momento, el magistrado ha elaborado dos proyectos de fallo. Uno en el que concluía que la frase en mención no era inconstitucional. No obstante, instaba a la Asamblea Nacional a legislar sobre uniones civiles de personas del mismo sexo.
Dos años después, circuló un nuevo proyecto en el que “declaraba no viable la inconstitucionalidad”. Ambos proyectos recibieron varias reacciones de los magistrados de turno.
No obstante, el estancamiento de una decisión de la CSJ, que debe dar luces sobre la constitucionalidad o no, de la frase que define la composición del matrimonio en el país, ha exacerbado los ánimos de los interesados que se protestas, de lado y lado, al frente de las escalinatas de la Corte.
Al parecer el tema avanzó más rápido en la CIDH, donde se otorgó un espacio para escuchar la situación del país y luego evaluar qué respuestas se alcanzan o se atienden sobre el mismo. En dicha audiencia solicitada por la Fundación Iguales que reclama la no disciminación de la población en mención, participaron varios relatores de los Derechos Humanos, entre ellos, Alberto Brunori, Flavia Piovesan y Julissa Mantilla, y representantes de la Cancillería, Tribunal Electoral y el Ministerio de Seguridad. Aunque no se escuchó la voz de quienes defienden que el debate debe hacerse a lo interno del país y no por imposición internacional, como lo califican las fuerzas vivas en contra del cambio constitucional.
“Mas que rechazar el matrimonio igualitario, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer como lo dicta la constitución y la ley, buscamos que se reconozca en Panamá entre un hombre y una mujer”, afirma José Luis Delgado, presidente de la Coordinadora Nacional por la Familia.
Delgado explicó que la organización se opone a “una intervención de juristas colombianos (quienes han efectuados pronunciamientos escritos en medios de comunicación nacionales) o de la CIDH”. Reiteró que continuarán con la posición de que el debate debe concentrarse en temas domésticos. “El espíritu del constitucionalista es que se proteja el matrimonio y haya consecución”, zanjó Delagado.
TESTIMONIOS
Si bien el gobierno de Panamá mantiene canales abiertos al diálogo con la población "gay", éstos exigen un seguimiento concreto de acciones y cambios más que de manifestaciones de solidaridad en épocas de crisis.
Reportaron que durante la pandemia se registraron 32 actos de discriminación.
Tres parejas del mismo sexo explicaron su situación ante la imposibilidad de registrar sus matrimonios en el Registro Civil.
Para Jelensky, el matrimonio homosexual es una palabra tabú en Panamá, como lo era el Sida en tiempos del expresidente norteamericano Ronald Reagan.“Es totalmente invisible”, manifestó.
Por su parte, Yami Garcés, contó que como mujer siempre soñó verse de novia, cuando encontró el amor y se comprometió en el 2010, lo hizo con emociones encontradas. Legalizó su matrimonio en Canadá, dijo, porque en su país natal no se lo permitieron. “Se ha mencionado que si retiramos el término matrimonio los líderes se pronunciarían, pero seríamos siempre una población de segunda categoría, mi familia que he hecho con Jessica merece ser visualizada”.
Enseguida concedieron la palabra a los representantes del gobierno panameño, quienes achacaron nuevamente la responsabilidad de la CSJ como ente que debe deliberar sobre el tema.
POSICIÓN DEL GOBIERNO
Ana Cambria, asesora legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció que el Estado está comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo de los derechos del hombre. “Así mismo, reconocemos que las personas LGBTI históricamente han sido sometidos a discriminación, persecución y otros abusos incluyendo otros factores como la intolerancia que lleva a la estigmatización de igualdad de derechos”. Luego mencionó algunas medidas alcaldicias antidiscriminatorias como parte de los esfuerzos para evitar los abusos a los gays.
El Tribunal Electoral, por su parte, explicó que el Registro Civil le es imposible registrar matrimonios del mismo sexo porque la norma se lo impide. No obstante, en cuanto al trámite de corrección de sexo, el Registro Civil ha optado por una interpretación de la norma conforme a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que contempla el control de convencionalidad consultivo permitiendo el cambio de sexo de las personas trans, previo informe del Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses.
TÉRMINO PROTEGIDO
Si en algo insistieron los relatores fue en la opinión consultiva número 24 de 2017 de la CIDH, que reconoció la identidad de género y orientación sexual como categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. A partir de esta premisa giraron las opiniones de los relatores que insistieron en la necesidad de que Panamá, como estado miembro, “tiene la obligación de dar a las parejas del mismo sexo las mismas instituciones jurídicas que a las parejas heterosexuales”, aseveró Alberto Brunori, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Enseguida añadió: “Somos conscientes de que en varios países el matrimonio igualitario es un tema controversial en base a convicciones religiosas. Sin embargo, retomando lo expresado por la CIDH en su opinión consultiva, si bien se reconoce el importante rol que juegan estas convicciones, estas no pueden ser utilizadas como parámetros de convencionalidad porque estaría impedida en utilizarlos como una guía interpretativa para discriminar los derechos de los seres humanos”.
Animó a la CSJ de Panamá, así como a todas las autoridades judiciales de todos los países, a fallar sobre este asunto a fin de garantizar la igualdad y no discriminación de las personas en concordancia con los derechos internacionales y la opinión consultiva de la CIDH.
Flavia Piovesan, relatora para Panamá y para los derechos de las personas LGTBI, indicó que desde 2018, cuando se celebró una audiencia regional sobre el matrimonio igualitario, han habido dos grandes avances en la región, el fallo de Ecuador (2019) y de Costa Rica (2020). En el caso de Panamá, sugirió que desde el Ejecutivo se debe iniciar una capacitación en un área clave, como el Registro Civil. “Hago esta recomendación al Estado panameño, hacer la capacitación de acuerdo a la opinión consultiva 24, porque la debida capacitación de los registros civiles garantizaría la protección a la identidad de género y el matrimonio igualitario porque no hay cómo aceptar el rechazo al matrimonio igualitario”, señaló.
Las personas LGTBI pertenecen a grupos históricamente discriminados, “no es un caso individual para quienes han venido aquí, sino que hay una discriminación histórica institucional”, ejemplíficó la Comisionada Julissa Mantilla. La comisionada sugierió un programa sostenido de capacitación interinstitucional, que no sea un taller de transmisión de conocimientos sino de reconocimiento de estereotipos de género y de cambio de mentalidad pensando en las obligaciones que el propio estado se obliga en el tema de la no discriminación.
Finalmente el Estado panameño acogió la recomendación de la capacitación y añadió que se han dado cursos a la fuerza pública sobre derechos humanos, como parte de los avances para evitar la discriminación de la población LGBTI en Panamá.
Finalmente el presidente de la CIDH, Joel Hernández, hizo un llamado a la CSJ para que dirima la situación apegada a las normas internacionales. “Hay voluntad del Estado para avanzar a cerrar las brechas, somos respetuosos de las decisiones de los actores de la Corte y confiamos que sus jurisdicciones estén a tono con la CIDH”, resaltó.
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