jueves, 20 de agosto de 2020

MP aún no recibe carta rogatoria de España

Una fuente confirmó que el documento del juzgado de instrucción judicial español aún no ha llegado al despacho de la Fiscalía Anticorrupción

Una fuente judicial aseguró a La Estrella de Panamá que el Ministerio Público de Panamá aún no ha recibido la carta rogatoria del juez de instrucción de España a pedido de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada de ese país el 3 de julio pasado, ésta última interesada en que se tome declaración jurada a varios expolíticos panameños de la administración del exmandatario Ricardo Martinelli, a raíz de varias transferencias bancarias que habrían formado parte del esquema de coimas por las obras de la línea 1 y 2 del Metro así como de la Ciudad de la Salud que construyó la empresa española FCC.

De igual forma, requiere que las autoridades panameñas brinden información de varias sociedades anónimas mediante las cuales se adquirieron propiedades, departamentos en la torre Ocean Reef, por un total de $8,295,489, locales comerciales, así como un globo de terreno en Pacora de más de 7 mil metros cuadrados.

La investigación de la Policía Judicial de España realizó un análisis de las cuentas bancarias del abogado Mauricio Cort ubicadas en el Mizrahi Bank que revela que entre 2011 al 2014 se transfirieron dos pagos que aportaron a sus cuentas $70,949,085. Dichos movimientos bancarios se desglosan en uno de FCC por $65,378,415 y otro de Telvent Tráfico y Transporte por un importe de $5,561,670.

Los movimientos en el Mizrahi Bank fueron en su mayoría transferencias a 18 destinos entre 2012 a 2015 por medio de los cuales habrían recibido un total de $43,338,21. Cort, responsable de coordinar el pago de supuestos sobornos para que la constructora FCC se adjudicara contratos de obras viales en Panamá, fue condenado por un tribunal panameño a 48 meses de prisión por actuar como intermediario de Odebrecht. El abogado también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá por el delito de blanqueo de capitales por el presunto pago de coimas a través d FCC por los contratos del tramo II del proyecto Corredor-Vía Brasil, obra adjudicada en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) por $174.5 millones, pero que terminó costando $216.2 millones.

Su defensa, Irving Bonilla, prefirió no hacer comentarios a este diario sobre la rogatoria española.

De este conjunto de destinatarios beneficiados, revelan los españoles, hay 11 relacionados con la familia del expresidente Ricardo Martinelli y con relevantes políticos de su administración como Federico Suárez entonces ministro de Obras Públicas, Jorge Ruíz, director de contrataciones de la misma entidad y Guillermo Saéz Llorens, director de la Caja de Seguro Social.

De acuerdo a la investigación europea los anteriores participaron presuntamente en el cobro de un 10% de comisiones de los contratistas a los que se adjudicaron las obras en mención.

Las autoridades españolas identificaron que en el caso del Ministerio de Obras Públicas, una relación directa entre Cort con las cuentas mercantiles Tresure Island Development y HB Engineering Corp, de las cuales a su vez el beneficiario real sería Jorge Ruíz, quien fue el responsable de la administración de los contratos del MOP entre 2009 y 2012. El segundo se encuentra detenido preventivamente en el Centro penitenciario El Renacer a raíz de una investigación en su contra efectuada por la Fiscalía Anticorrupción panameña en lo relacionado al caso FCC.

De igual forma se identifica el envío de fondos de las cuentas de Cort a la sociedad Promotora y Desarrollo los Andes de la que formaron parte el ministro de Obras Públicas y el director de la CSS.

La petición que hace la fiscalía española al juez de instrucción es que en Panamá se tome declaración a Leonardo Rakover, con pasaporte argentino, Guillermo Sáez, Jorge Ruiz, Valentín Martínez, Federico Suárez, Francisco Martinelli, Ricardo Francolini, Evelyn Vargas, Raúl Saint Malo.

La situación de Vargas es para que explique las relaciones, participación en negocios, financiación de las inversiones en las que participó Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A. sociedad en la que ella ostentó el cargo de presidenta y beneficiaria final de la transferencia de la sociedad de Corte Neecel Corp, S.A. en 2013, por la suma de $2,000,061; a Saéz Llorens y a Federico Suárez, por haber ostentado cargos de secretario y subsecretario de la sociedad inmobiliaria.

Sáez Llorens explicó a La Estrella de Panamá que fue directivo de la sociedad Promotora y Desarrollo los Andes, sociedad creada por Grupo Suárez, donde él laboraba. Fue suscriptor y secretario de la sociedad entre 2006 al 2008, fecha en que se desvinculó de la misma. "Si me llaman a declarar voy a decir lo mismo", manifestó. En relación a las supuestas coimas que emanaron del proyecto Ciudad Hospitalaria, Sáez, exdirector de la Caja de Seguro Social, asegura que no tuvo nada que ver con la adjudicación del proyecto a FCC cuyo monto ascendió a $587 millones.

"Yo no entiendo cómo puede haber coima donde el precio fue el más bajo. El resto de los competidores ofrecieron valores muy parecidos, nada alejados del precio de FCC, no se de dónde salió la coima. No se si alguien negoció a mis espaldas, no me consta nada. Era un buen proyecto, pero si alguien más presionó por atrás para algo, no lo se. La Contraloría enfatizó que todo estaba bien, no se cómo alguien pudo haber sacado plata porque el precio por metro cuadrado más bajo", aseveró. Dijo que mientras estuvo al frente de la CSS no firmó ninguna adenda al contrato.

Rosendo Miranda, abogado de Suárez, respondió algo similar: "Los españoles precisan la información que es de su interés, es en 2013, y Suárez renunció en 2009 de la sociedad Promotora Los Andes donde ocupaba el cargo de director. Nuestro cliente no tiene nada que ver con este tema. Si nos lo piden vamos a ir a declarar y vamos a presentar la prueba de que en 2013 no formaba parte de la sociedad Promotora Los Andes", indicó Miranda.

Alegó que la construcción de las Líneas 1 y 2 del Metro "estuvieron bajo la responsabilidad de la Secretaría del Metro, y no del MOP. Si eso fuera un hecho cierto le das la coima a alguien que te dio el beneficio, y la Ciudad Hospitalaria tampoco estaba bajo la tutela del MOP, sino de la CSS. Por eso es importante decir que es un presunto hecho".

De igual manera España solicita una declaración de Raúl De Saint Malo, quien se declaró culpable del delito de blanqueo de capitales y colaboró con la fiscalía panameña con información sobre las transacciones realizadas en el caso Odebrecht.

En el caso de Saint Malo, los españoles quieren saber sobre las transferencias que se hicieron desde las cuentas Arados y y Stonewood Partners Corp a la sociedad Petro Trading Service Corp para la compra de embarcaciones y un helicóptero y pagos en favor de la sociedad de los hermanos Martinelli y de Evelyn Vargas, Desarrollo Inmobiliario Ibérico. Todos los interrogatorios serán confeccionados por las autoridades españolas.

"Los ingresos a favor de Martinelli y su círculo de allegados, ascendieron a $35,645,488, ya sea por la participación en inversiones inmobiliarias y mobiliarias.

Otro hallazgo es que los envíos de fondos desde las cuentas de Cort a Raúl De Saint Malo, hermano de la vicepresidenta de Panamá durante la administración de Juan Carlos Varela", señala la carta rogatoria.

La relación de Saint Malo con los hermanos Martinelli ya es un asunto conocido. Ambos entraron en negocios en el año 2013 para la compra de dos embarcaciones dedicadas al suministro de combustible.

Carlos Carrillo, abogado de los hermanos Martinelli se abstuvo de hacer declaraciones a este diario a raíz de la situación jurídica de sus clientes. Los hermanos se encuentran detenidos en Guatemala a la espera de una petición de extradición a Estados Unidos acusados de haber sido intermediarios en el esquema de coimas ($18 millones ) de Odebrecht.

El Juzgado Duodécimo de lo Penal dictó sentencia condenatoria a Saint Malo después de que se acogiera a un acuerdo de pena en el que devolvió $1.9 millones, más $1.8 millones de dos bienes (dos buques), obtenidos de manera ilícita.

Los españoles buscan confirmar si se transfirieron fondos desde las cuentas de Cort -Arados y Stonewood Partners Corp-, a la sociedad Petro Trading Service Corp de Raúl de Saint Malo para la compra de unas embarcaciones y un helicóptero y pagos en favor de la sociedad de los hermanos Martinelli Linares y de Evelyn Vargas, Desarrollo Inmobiliario Ibérico, por lo que pudieran estar canalizándose los fondos para la compra de la residencia perteneciente a los Martinelli en la calle Ruíz de Alarcón en Madrid, actualmente embargada por el Juzgado Central y las autoridades de Panamá por los indicios de tratarse de una ganancia ilícita producto de dádivas.

Mediante la recopilación de la información anterior, la fiscalía española desvelaría si fueron fondos de Cort del circuito suizo nutridos por FCC en casi un 85% de su flujo, los que financiaron operaciones inmobiliarias o adquisiciones con miembros de la familia Martinelli o cargos relevantes de su administración que adjudicaron las obras contratadas por Odebrecht y FCC o exclusivamente por FCC o alguna de sus filiales regionales. La comisión rogatoria suiza sobre las cuentas de Cort en el banco Mizrahi Bank revelan las relaciones de negocio de promociones inmobiliarias, centros comerciales en los que Cort participaba con terceros no identificados hasta el momento. La aportación de capital en dichos negocios parece que procedió en gran medida de Cort, reproduciendo así un patrón típico de blanqueo.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO SOBRE LOS NEGOCIOS DE SAINT MALO- MARTINELLI LINARES
Raúl De Saint Malo y los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía Especial Anticorrupción por presunto blanqueo de capitales. La fiscal Tania Sterling investiga las transacciones bancarias que sirvieron para pagar coimas de la constructora Odebrecht. Saint Malo debe explicar a la Fiscalía el origen de los dineros de la cuenta Petro Trading Services, empresa que compartía acciones con los hermanos Martinelli. El Ministerio Público presume que los Martinelli recibieron $50 millones en coimas de la constructora brasileña.

Los socios consensuaron la compra de las tres naves. E esta transacción, Ricardo Martinelli Linares se comprometió a aportar los fondos y para ello solicitó un préstamo del banco por $17 millones.

Cuando De Saint Malo se dispuso a comprar una nave a un proveedor alemán, se percató que la plata provenía de Bahamas de la cuenta Stonewood And Partners Corp. por $7,162,500. Esto era el 90% del costo del barco.

Un abono por $812,500 ya se había avanzado de la misma cuenta. El barco se registró en Panamá con el nombre de ‘Star Balboa', bajo la sociedad Taurus Maritime Tankers.

Después se efectuó la segunda compra. El socio capitalista abonó $770,000 que provenían de la misma cuenta con la que se había comprado la primera embarcación. Luego envió $6.9 millones para completar el monto. Así adquirieron la segunda nave que se procedió a registrar en Panamá como ‘Star Taurus', bajo la sociedad Cepheus Maritime Tankers.

La tesis de la fiscal indica que los movimientos bancarios provenían de una cuenta de la banca privada de Andorra alimentada por transferencias de las sociedades Kienfeld y Aeon Group, controladas por la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, con las que se hacían pagos de coimas a políticos, según las investigaciones realizadas.

Una tercera nave se compró en septiembre de 2013, por $786,000. Se registró el mismo procedimiento sobre el rastreo de fondos y De Saint Malo observó que provenían de la misma cuenta anterior. Declaró a la fiscal que no tenía la mínima idea de dónde provenían los dineros que salieron de Bahamas para el pago de las embarcaciones y añadió que puede ‘presumirse que los centros financieros del Caribe pudieron utilizarse para alguna actividad diferente a la que fueron creados los mecanismos financieros”. En dicha declaración nunca mencionó a la Fiscal que contaba con otra licencia, además de la que compartía con los hermanos Martinelli, con la cual opera varias naves.
Diligencias en el Registro Público

Entre las peticiones que piden de Panamá consta una serie de averiguaciones registrales de fincas a nombre de sociedades anónimas mediante las cuales se adquirieron propiedades, departamentos en la torre Ocean Reef, por un total de $8,295,489. Las adquisiciones se hicieron a nombre de la sociedad Fanewli, S.A.

Una más describe la finca perteneciente a Panama Bay ubicada en Pacora, que consiste en un globo de terreno de más de 7 mil metros cuadrados con un valor registral de $125 mil. Se trata de una finca que pertenece a Panamá Bay por la adquisición del 10% de las acciones de esta sociedad, Arados realiza abonos por $4.5 millones.

Incluye también locales comerciales en Pueblo Nuevo en el Centro Comercial Plaza Toledo, por un monto de $1,987,701. Un contrato entre Arados e Inversiones Inmobiliarias del Istmo. Un local más de contrato entre Oceanía Business Plaza e Inversiones Develope en virtud del que se realizan abonos a favor de la sociedad Ilkeston por un valor de $2,491,797. Se utiliza como garantía para una línea de crédito a favor de Panaluxe Inc, propiedad de Marco Giovanelli.

LAS FACTURAS ANTICIPADAS
Respecto a la sociedad Telvent Tráfico y Transporte S.A. la fiscalía española recibió noticias de las autoridades suizas sobre las relaciones de la empresa con Cort. Suiza reveló movimientos de cuentas que envían un abono por valor de $1,846,678 el día 31 de octubre de 2012 en concepto de abono de facturas anticipadas, un adelanto que se realiza a través de un servicio de factoring del Banco Santander.

En paralelo, en el Mizrahi Bank, se realizó un pago por la sociedad Televent por $2,463,532 el mismo día, el 31 de octubre de 2012, en concepto de abono facturas anticipadas.

Todo apunta a la realización de un solo pago fraccionado en dos transferencias, totalizando $4,310,211.

Las autoridades suizas desvelaron que la cuenta a nombre de Neecel Corp en el UBS banco de Suiza, también se refleja una transferencia de Telvent el 27 de febrero de 2014 por $26,174 en concepto de adelanto de pago.

En ese sentido, solicitaron información referente sobre Telvent (que después cambió al nombre de Kapsch Trafficcom Transportation) copia de los contratos comerciales, si los hay, celebrados entre Cort, Arados de Plata, Ingeniería del Plata y Neecel Corp, en la que se especifiquen trabajos recibidos o prestación de servicios de las sociedades de Cort.

Aunado a esto, buscan justificación de la totalidad de los abonos que se hicieron a favor de las sociedades desde 2011 a 2016, así como el pago de empleados, cuentas emisoras y beneficiarias, identificación de las personas o y órdenes de pago con fechas. Esto con la intención de verificar la veracidad de los trabajos realizados y que justifiquen los pagos en mención.

El objeto de esta información es esclarecer las relaciones que pudieron existir entre Telven y Cort. Por la información de la cuenta se puede conocer que los fondos de Telvent meses más tarde se utilizaron para la emisión de un abono concreto a la compañía Promotora y Desarrollo los Andes.

EVIDENCIAS SOBRE LOS SUPUESTOS CONTRATOS
Piden a FCC aporte los acuerdos con Odebrecht para la presentación de la oferta, ejecución del contrato, garantías para la línea 1 y 2 del Metro de Panamá. La información ya incorporada hasta la fecha se refiere a los contratos en Panamá y Consorcio Línea 1 y Línea 2, así como una breve información remitida a las Secretaría del Metro de Panamá por el Consorcio Línea 1, no permitiéndonos un estudio integral de las relaciones, garantía responsabilidades que asumieron ambos consortes.

Recuerdan que en peticiones anteriores, solicitaron al juzgado la declaración de Luis Ángel Loureiro Moida, quien aparentemente fue localizado en España, por ende, no solicitaron su declaración a Panamá.

La carta rogatoria tiene fecha del 30 de junio de 2020 y fue recibida por el juzgado de instrucción el 3 de julio pasado.

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