viernes, 26 de junio de 2020

El legado socioeconómico de la pandemia

Economistas prevén un colapso inminente en el sector laboral y la necesidad de generar consumo para reactivar la economía. Proponen atractivos fiscales a una tasa de ISR única y reducción de la planilla estatal

De manera inesperada y como muchos países del mundo, Panamá se ve en la imperiosa necesidad de enfrentar la pandemia, reactivar urgentemente su economía y generación de empleo, en el marco de severas restricciones sanitarias, una grave crisis de liquidez en el sistema productivo, en un entorno de estrechez fiscal que limita la capacidad de intervención del Estado, siendo el cuarto país más endeudado de Latinoamérica, y el sexto más desigual del mundo que genera principalmente empleo informal. A lo anterior se agrega un severo debilitamiento de la credibilidad del gobierno y una creciente inestabilidad social.

El legado sociolaboral de la covid-19 en 2020 incluirá el colapso de la economía, 250 mil a 300 mil nuevos desempleados, la pérdida de 125 mil a 150 mil empleos formales y la peor crisis social de la historia. El impacto es inminente.

Para enfrentar la dramática realidad económica que se avecina, el gobierno requerirá implementar estrategias agresivas e innovadoras para invitar a la inversión privada, local o internacional, con instrumentos que brinden confianza. Una idea que surge en los círculos de economistas es “bajar el impuesto sobre la renta a un nivel mínimo único; flexibilizar el Código de Trabajo por los altos costos que implica cerrar una empresa, y mejorar el sistema judicial para inspirar justicia y seguridad jurídica”. Aunado a esto, sugieren que el gobierno baje los gastos de planilla a pesar de que se pagaría un costo político. “Cada mes se destinan $316 millones en este renglón, que incluye viáticos, gastos de movilización de alcaldes y diputados que están en su casa”, cuando el sector privado ha sacrificado rebajas de salario y suspensión de contratos, describe el economista Felipe Argote.

Con la apertura de los primeros dos bloques, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral recibió 989 quejas por despidos injustificados. Desde el inicio de la pandemia cuentan 260 mil contratos suspendidos de 17,476 empresas. A partir de mayo se reactivaron 21,111 contratos (marzo con 13,277, abril 875 y mayo 995). En cuanto a las renuncias, se presentaron 5,765 (en febrero 3,414, en marzo 1,448, en abril 329 y en mayo 574).

Ya el sector laboral avanzó una postura inamovible en la flexibilización de las normas laborales, aunque sea temporalmente. De ocho organizaciones sindicales que participan en la mesa económica tripartita, tres se retiraron porque no consideran que se pueda llegar a un acuerdo.

“Nosotros no aprobaremos un cambio al Código, aunque sea temporal, porque eso es abrir una caja de Pandora. Planteamos un subsidio por parte del gobierno para los trabajadores con contratos suspendidos de $500 mensuales. Si se trata de un proceso gradual de incorporación laboral, contemplar el subsidio por varios meses”, manifiesta la profesora Nelva Reyes, de la Central General de Trabajadores de Panamá, cuya organización continúa en la negociación.

Sin cambios a la legislación laboral, en caso de despidos, por ejemplo, de no llegar a un convenio voluntario entre las partes, el patrón debe pagar la liquidación, sin haber generado ingresos en el negocio. De parte de los trabajadores miran sus conquistas laborales reflejadas en el Código.

“No podremos evitar la catástrofe laboral, solo podemos aspirar a mitigar sus repercusiones sociales. Pero esto parece más difícil que vencer al virus, dado el ambiente de polarización en el país, que está más preocupado de buscar ‘culpables’ que de encontrar soluciones ante un enemigo invisible, que arrasará –lo subraya– con el empleo y requiere de un país unido”, alerta René Quevedo, consultor empresarial.

GOBIERNO, EN APRIETOS
Las recaudaciones del Estado cayeron, según informes del Ministerio de Economía y Finanzas, $881.5 millones en marzo, abril y mayo del año corriente, más el monto por financiar original de $288.7 millones totaliza $1,170.2 millones. No obstante, el gobierno logró préstamos por un total de $4,221.90 (ver tabla). Tiene liquidez, temporal, para pagar sus cuentas, por los próximos meses. Para recortar la carga a las empresas anunció una amnistía tributaria para los contribuyentes hasta finales de mes y se evalúa una extensión.

“Digamos que todo vuelve antes de la pandemia, el asunto es que nos comimos una parte del PIB, ¿cómo se recuperan $2 mil millones de PIB que se fueron en estos cuatro meses? No se recuperan”, asevera Irene Gimenez, economista y gerente de Goethals Consulting.

¿Cuál es el futuro?, se pregunta Gimenez. “El gobierno desperdició tres meses sin hacer nada, se focalizó en pedir plata prestada. De esta, un porcentaje minoritario busca acomodar en préstamos a un sector endeudado, que es el empresarial. Ese dinero será para pagar temas legales, costos de salida y adecuaciones, no para producción”, apunta.

EMPLEO POSTPANDEMIA
Cuando llegue el momento de abrir los negocios, se prevé un ajuste significativo de personal en muchas empresas que se debatirán entre producir o liquidar al personal que no es capaz de sostener por los bajos niveles de consumo.

Esta pandemia ha dejado una lección a nivel mundial sobre el rol de los gobiernos, que se han visto en la necesidad de endeudarse sobrepasando los niveles de déficit fiscal e intervenir para inyectar liquidez a las empresas y a la población a través de transferencias directas. En Panamá se calcula que el déficit doblará las cifras actuales que registran un 2%.

El economista Felipe Argote sostiene a La Estrella de Panamá, que el gobierno debe emplear los ahorros del Estado colocados en el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) –que alcanza $1,300 millones aproximadamente– y programar transferencias mensuales de $300 a cada suspendido laboralmente, y otros montos a los informales, por un periodo consecutivo de tres meses. Según sus cálculos se invertirían $882 millones, sin necesidad de endeudar más al país y arriesgar su calificación de riesgo. Pero el FAP, según conoció este diario, es una de las últimas opciones a considerar por el gobierno ya que la ley le obliga a retornar los fondos en cuatro años, una camisa de fuerza ante la incierta situación económica. De modo que es probable que se acuda nuevamente a la Asamblea para modificar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, abrir el margen de endeudamiento ya sea para sufragar los gastos, hacer préstamos o transferencias directas.

“Cuando pides dinero en una economía que no genera riqueza, generas inflación”, explica Giménez.

CONSUMO AL TOPE
El programa Panamá Solidario ha llegado a cubrir 1,829,727 ciudadanos, de los cuales 317,845 corresponden al ‘vale digital’ ($80 al mes que desde julio se incrementa a $100). Mientras que 629,667 a bonos y 882,215 en bolsas con alimentos. En la calle abundan historias desgarradoras de hambre, mientras escuchan que el gobierno destina mil millones de dólares en reserva de liquidez para la banca, anticipando las consecuencias de la moratoria hasta diciembre para afectados por la covid-19. Son cifras incomprensibles para el individuo de a pie que intenta sobrevivir al día, conceptos que algunos grupos recogen satanizando a la banca y polarizando a la sociedad.

Una prueba de resistencia para los bancos ante la alerta del Fondo Monetario Internacional (FMI) que advierte de que los altos niveles de deuda bancaria pueden volverse "incontrolables”. Enuncia lo anterior por los 10 principales bancos del mundo cuyos activos han aumentado en $6 mil millones desde el estallido de la crisis, cifra que se suma a los $10 mil millones acumulados del apoyo fiscal desplegados por los gobiernos.

El sector privado panameño duplicó en 10 años la tasa de endeudamiento al consumo. Los créditos al sector de consumo personal, tarjetas de crédito, préstamos personales, registraban $6 mil millones y actualmente se han duplicado a $12 mil millones. “Lo que indica en una lectura rápida que el sector privado se endeudó más de su límite de su techo de consumo. Por ahora rige la moratoria por la pandemia, pero cuando inicie el tiempo de pago, no podrán endeudarse más porque el crédito quedó agotado meses atrás y, si no pagan, no tienen cómo sostener el consumo”, reflexiona Giménez.

“La covid-19 impactará el empleo en siete sectores que en su conjunto representan 941,583 empleos (509,891 formales y 431,692 informales), prácticamente la mitad de la población ocupada, ramos que aportan tres de cada cinco nuevos empleos generados en los últimos cinco años. Estos sectores son: comercio, industria, logística, hoteles/restaurantes, entretenimiento, servicios administrativos, servicios financieros y seguros”, asegura Quevedo.

“¿Cuál es la estructura de Panamá?, ¿qué producimos? Esto desnudó la pobreza estructural de la productividad del país. No se cuenta con una cadena productiva real para exportación”, se lamenta Gimenez. Enseguida se pregunta, ¿por qué la empresa Amazon escogió Costa Rica para instalar sus oficinas, en vez de Panamá, si aquí hay un hub logístico?

“La solución no es parcial, es integral. Estamos prensados a una cuerda que si se corta por un lado, en lugar de que caiga uno caemos todos”, zanja uno de los entrevistados.

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