viernes, 24 de enero de 2020

Director de la CSS quiere auditorías ‘a prueba de fuego’


El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, sostuvo una reunión con el contralor General de la República, Gerardo Solis, para instalar una mesa de trabajo integrada por ambas instituciones, constituida por los auditores y los contables, para trazar una hoja de ruta y hacer un listado de las cosas que hay que cumplir sobre las auditorías del estado financiero del subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS.

“Queremos resultados a prueba de fuego que reflejen la realidad”, manifestó Lau al finalizar la reunión.

También subrayó que la situación del subsistema del IVM se basa en que por cada jubilado debe haber cinco cotizantes activos, y la relación actual es de 2.3 cotizantes por cada jubilado.

Otro de los acuerdos consistió en crear una mesa de trabajo que tenga que ver con la integralidad de los sistemas tecnológicos de la CSS para que puedan interconectarse, ya que hasta el momento operan separadamente sin la posibilidad de cruzar los datos. “Para ello vamos a trabajar con personal de la Contraloría y esperamos tener rápidamente los sistemas integrados que servirán para contar con estados financieros a tiempo para que esto no vuelva a ocurrir”, vaticinó Lau.

Se trata de la migración de datos del sistema anterior al programa Safiro, de la emprea SAP, y la incorporación con sistemas de la acción médica, activos fijos y otra información necesaria para contar con cuentas claras.

El director también anunció que realizarán auditorías a las obras de la CSS que quedaron inconclusas. Entre ellas mencionó infraestructuras paralizadas en Boquete, Chiriquí, Agua Dulce en la provincia de Coclé, y en la ciudad de Panamá en Juan Díaz.

Una de las mayores negociaciones que enfrenta la actual administración de la CSS es revivir la construcción de la ciudad de la Salud, obra que también pasará por la auditoria de la Contraloría, y que está a cargo de la empresa FCC, que enfrenta graves acusaciones por corrupción de funcionarios públicos durante pasadas administraciones.

El contrato original de este proyecto rondaba aproximadamente los $500 millones de los cuales el Estado ha cancelado $300, ya que el proyecto quedó detenido a raíz de una investigación efectuada por el Ministerio Público, que en noviembre de 2019 sufrió un revés luego de que el Segundo Tribunal de Justicia confirmara la decisión del juez penal quien dictó un sobre seimiento definitivo al exdriector de la entidad y un ministro de salud. La justicia española investiga el contraro otorgado a la empresa por un supuesto pago de coimas para que FCC se quedara con la construcción del proyecto.

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