Absoluciones en casos de alto perfil dominaron el año

En el año que termina predominaron los sinsabores ante la ausencia de condenas en investigaciones por actos de corrupción. Esto ocasionó cuestionamientos en doble vía, a los tribunales por sus fallos, y a los fiscales por su capacidad de probar las acusaciones ante los jueces

El 2019 fue un año muy agitado en materia judicial que, por las expectativas que se habían generado en las investigaciones de alto perfil a cargo del Ministerio Público y los resultados alcanzados, ocasionó un cuestionamiento de doble vía frente a los fallos de los tribunales, y la preparación de los fiscales para probar sus acusaciones en los jueces.

Por otra parte, estadísticas del Ministerio Público, hasta el 30 de noviembre, registran 2,128 casos en la Fiscalía Superior Anticorrupción. En este despacho hubo 23 prórrogas, 12 reaperturas y 21 entradas de reingreso.

Se presentaron también 18,906 denuncias por violencia doméstica y 2,852 por maltrato de niño(a) o adolescente. En materia de delitos ambientales, se investigaron 345 casos, de los cuales 154 se originaron por denuncias, 179 de oficio y 12 por querellas.

VENTURA CEBALLOS: MAYO
Un tribunal de juicio sentenció a 60 meses de prisión a Gilberto Ventura Ceballos por los delitos de asociación ilícita para delinquir y evasión del centro penitenciario La Joyita.

Ceballos fue el autor del secuestro y homicidio de cinco jóvenes chorreranos, delitos por los que fue condenado a 50 años de prisión en 2018.

CASO "PINCHAZOS": AGOSTO
Un tribunal declaró 'no culpable' al expresidente Ricardo Martinelli por 4 delitos, entre los que figuraban supuestas escuchas ilegales y dos cargos por peculado imputados en primera fase en la Corte Suprema de Justicia y luego por el Ministerio Público cuando la carpetilla quedó bajo el paraguas de la fiscalía Superior Anticorrupción.

Era uno de los casos más emblemáticos que intentó poner tras las rejas a un expresidente. La fiscalía debía acreditar, con la carga de pruebas heredada de la Corte, que por órdenes de Martinelli se interceptaron cientos de comunicaciones en forma ilegal en el Consejo de Seguridad entre los años 2012-2014. El caso generó gran expectativa en la opinión pública por ser el primero en su clase. El juicio demoró cuatro meses y estuvo precedido por un periodo de admisión y rechazo de pruebas en 2018.

El Ministerio Público citó a 35 testigos entre los que figuraban víctimas, funcionarios de la Contraloría, del Consejo de Seguridad Nacional y 5 peritos, de un total de 78 testimonios programados.

Renunció al resto, según los fiscales por estrategia legal, pero los querellantes retomaron la lista de la cual citaron al exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López, quien compareció, y al expresidente Juan Carlos Varela, victima en el proceso, pero que nunca se presentó ante el tribunal porque no recibió la boleta de citación.

La defensa del exmandatario sembró la duda en el tribunal sobre la responsabilidad que cabía a su cliente por los delitos que se le achacaban. La decisión unánime del tribunal conformado por Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara, cayó como un balde de agua helada para los fiscales y los querellantes, quienes esperaban escuchar un veredicto a su favor.

No bastó el testimonio de las víctimas, que en algunas ocasiones señalaron directamente al acusado de ser el autor intelectual de los pinchazos, relataron secuelas psicológicas, detalles íntimos que ocurrían en sus residencias pero que de alguna manera trascendían las paredes. Otro describió cómo unidades del Consejo de Seguridad lo vigilaban casi a toda hora, lo siguieron y le enviaron mensajes en su teléfono.

Durante el juicio se desarrollaron incidentes que pusieron en duda la veracidad de las evidencias, la cadena de custodia, y quién realmente había recopilado la información sensitiva de las víctimas. El tribunal cuestionó las declaraciones del testigo protegido de la fiscalía, quien no supo otorgar una razón válida del por qué aparecía el nombre de Rolando López como autor de los correos que guardaban la información de los pinchazos. Además insistió que la defensa no tuvo acceso a los 7 cuadernillos que contenían la información sensitiva de los pinchazos, y descartó pruebas recogidas en la fase inicial del proceso por violación a la cadena de custodia.

El fallo fue recurrido por los querellantes, que presentaron un recurso de casación en contra de la decisión.

El Ministerio Público interpuso dos oposiciones. La defensa del expresidente Ricardo Martinelli también, una al recurso de los querellantes, y otra en contra de la anulación que presentó el Ministerio Público. Estos recursos están en trámite.

ESCUCHAS CSN
El juez decimosexto de lo penal, condenó a los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, a 50 meses de prisión por ser responsables en calidad de cómplices de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, caso conocido como pinchazos telefónicos. La investigación nació luego de las declaraciones de un testigo protegido que reveló que en la planta alta del Consejo se hacían pinchazos ilegales a 150 blancos. Durante el juicio uno de los testigos protegidos se retractó y dijo haber recibido presiones para implicar a los condenados.

CAJA DE AHORROS: AGOSTO
La investigación que realizó la Fiscalía Anticorrupción de Descarga sobre un supuesto delito contra la administración pública, en modalidad de peculado, en perjuicio de la Caja de Ahorros no constituye delito. Así de enfático fue el Segundo Tribunal Superior que confirmó el sobreseimiento definitivo a favor de 22 imputados. El fallo fue tajante al refutar cada una de las premisas de la Fiscalía Anticorrupción que supuestamente sustentaron la acusación. Determinó como primer hecho, que la entidad bancaria nunca estuvo en riesgo o perjuicio económico a raíz de la primera línea de préstamo que solicitó la empresa HPC Contratas, dinero que empleó para otros fines, pero que pagó en su totalidad a la entidad bancaria que había asegurado el préstamo con fianzas y bienes.“Los argumentos de la fiscalía no gozan de la fuerza necesaria para reformar el fallo recurrido dado que los elementos probatorios permiten establecer que la conducta investigada no constituye delito”, se lee en el fallo.

El recurso de sustentación de la fiscalía destacó que existía delito contra la administración pública por el hecho de que el consorcio HPC Contratas-PV recibió una línea de crédito para financiar el diseño y construcción del Centro de Convenciones de Amador, siendo Ricardo Francolini miembro de la junta directiva, la línea de crédito fue aprobada sin completar los requisitos para el desembolso y el 31 de diciembre de 2012 se desembolsaron $9 millones. El monto se desvió del objetivo de la línea de crédito y se disfrazo el motivo para el requerimiento del dinero, puesto que se peticionaron presuntamente con la finalidad de adquirir acero, equipo y arquitectos.

CASO ODEBRECHT: SEPTIEMBRE
Las fiscales anticorrupción Zuleyka Moore, Tania Sterling y Ruth Morcillo, presentaron un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Segundo Tribunal Superior confirmara la decisión del juzgado 12 en no extender el plazo de investigaciones del caso de corrupción más escandaloso de sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht a políticos.

Sobre la posibilidad de abrir otro caso para culminar el faltante, las fiscales esgrimieron que no se encontraban habilitadas para iniciar una nueva pesquisa que se sumaría a los expedientes existentes. La Fiscalía no investigó varios periodos gubernamentales.

La fiscalía presentó cargos a 10 exfuncionarios y 72 particulares. La empresa había accedido a un acuerdo de colaboración en agosto de 2017 y pagar una multa por $220 millones en diez años, pero no comprobó la veracidad de la información de la constructora.

EL GALLERO: OCTUBRE
Las quince personas implicadas en el caso conocido como 'El Gallero' fueron declaradas no culpables de los delitos de blanqueo de capitales, y corrupción de funcionarios públicos. El tribunal integrado por los jueces Katia Rodríguez, Aldo Jonhson y Marisol Osorio, votaron en forma unánime luego de considerar que la Fiscalía de Drogas no logró acreditar los hechos. Este caso inició juicio en mayo cuando el fiscal a cargo de la investigación, Markel Mora, anunció que contaba con pruebas irrefutables sobre la red que integraban los implicados dedicada a mover droga por el país y lavar el dinero en la provincia de Los Santos. El fiscal presentó grabaciones en las que el supuesto cabecilla de la banda Manuel Antonio 'Tony' Dominguez entregaba dinero al entonces alcalde Eudocio 'Pany' Pérez quien agradecía el apoyo económico y se ponía a sus órdenes para futuros actos recreativos con el aparente propósito de legitimar la plata obtenida del supuesto tráfico de drogas.

Luego del veredicto, la fiscalía apeló el fallo que aún se encuentra por resolver.

DIPUTADO ARIAS: OCTUBRE
El diputado Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático, fue acusado por supuesta violación a una menor de edad y actos libidinosos ocurridos en el transcurso de 2018 en el distrito de Ustupo, comarca Guna Yala, mientras fungía como médico en un centro de salud.

En este caso se realizó una audiencia de control en diciembre para la incautación de datos.

REMUEVEN AL DEFENSOR: OCTUBRE
En octubre la Asamblea Nacional removió del cargo como Defensor del Pueblo a Alfredo Castillero. La decisión se basó en un informe que preparó la Comisión de la Mujer sobre las averiguaciones que se efectuaron en contra de Castillero por supuesto acoso sexual y laboral.

Castillero alegó que la Asamblea nunca le permitió enterarse del detalle de las acusaciones, que la Comisión clasificó como confidenciales, para ejercer su derecho a defensa y tampoco brindaban las garantías necesarias para tratar el tema y por ende no tuvo derecho al contradictorio.

VARELALEAKS: NOVIEMBRE
Las conversaciones del teléfono móvil del expresidente Juan Carlos Varela fueron publicadas en el portal Varelaleaks.com, dando a conocer 24MB de información entre audios, fotografías, videos y chats.

El contenido de los mensajes abrió una ventana a la opinión pública sobre la forma en que Varela manejó las finanzas, la extraña relación con la procuradora Kenia Porcell, el poco respeto al rol de los medios que se evidenció con insultos a periodistas, constantes solicitudes a Stanley Motta, accionista de TVN, para controlar el contenido editorial, la activación del call center, y la injerencia del Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia, entre otros.

Entre las conversaciones se evidencia una entre el exmandatario con su hermano José Luis 'Popi' Varela, que muestran: una afable relación con André Rabello, ejecutivo de la filial de Odebrecht en Panamá, momentos en el Ministerio Público se prestaba a firmar varios acuerdos de colaboración eficaz con la constructora.

Para lograr ese acuerdo fue necesaria una triangulación en la que participaron el expresidente Juan Carlos Varela, su hermano y diputado José Luis “Popi”' Varela y la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell.

La conversación entre 'Popi' y su hermano ahora expresidente, refleja prisa por firmar los acuerdos y ocultarlos del ojo público. En el trayecto, Rabello aireó graves señalamientos sobre los hermanos Varela, que la procuradora Kenia Porcell desconocía. Una forma de chantaje para modificar el acuerdo a su conveniencia. Después de conocer el camino que supuestamente derivó en el acuerdo final, quedó la duda de su contenido y lo suscrito por Porcell. En las revelaciones del sitio Varelaleaks.com, el expresidente Varela señala que al final la multa a la empresa la paga el mercado, o los países.

CASO SAINT MALO: NOVIEMBRE
El empresario Raúl Sain Malo fue encarcelado luego de haber sido sentenciado a 7 años de prisión, que se redujo luego de haber efectuado un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público que quedó en cinco años por el delito de blanqueo de capitales.

Saint Malo fue trasladado a un centro penitenciario luego de que el Tribunal de Apelaciones revocara el beneficio dado al empresario de sustitución de pena por trabajo comunitario. La defensa del también hermano de la exvicepresidenta Isabel Saint Malo, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías contra la decisión del Tribunal de Apelaciones.

DIMITE KENIA PORCELL: NOVIEMBRE
Luego de la publicación de los Varelaleaks, cuyas filtraciones mostraron una estrecha relación ente el entonces presidente Juan Carlos Varela y Kenia Porcell, procuradora General de la Nación, ésta reconoció el contenido de las conversaciones y hizo efectiva su renuncia a partir del 1 de enero de 2020.

La población quedó a la espera de una comunicación formal por parte de Porcell, quien prefirió anunciar su dimisión en un medio radial. Los mensajes entre Porcell y Varela eran más que simples comunicaciones de armónica colaboración.

La conversación ilustraba cómo Porcell intervenía en asuntos gubernamentales fuera de su competencia y el Presidente influía en procesos judiciales. Entre los temas airados había de corte político, diplomático, política exterior, actividades de los diputados, o la asesoría de Porcell a Varela sobre cómo debía manejar a los medios, las consultas que se hacían con ciertos magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre investigaciones puntuales de corrupción.

CASO PADRE DAVID COSCA: DICIEMBRE
El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del sacerdote David Cosca en el delito de homicidio en perjuicio de Eduardo Calderón, asesinado en un hotel de la localidad producto de un trauma craneoencefálico severo. El polémico hecho que ocurrió en julio de 2018, puso a la Iglesia en el ojo del huracán por la posible participación del religioso en el hecho. En los Varelaleaks existen registros fotográficos que muestran al padre Cosca entrando y saliendo de la habitación número 47 del hotel, en la que se hallaron manchas de sangre en toallas, sábanas y fundas. Por este crimen paga condena Hidadis Santos, por su participación como autor.

CASO PAN: DICIEMBRE
Cinco imputados por el presunto delito contra la administración pública fueron absueltos por el juez Decimoquinto Penal, Leslie Loaiza, en el caso conocido como “comida deshidratada” en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Tras una maratónica audiencia el juez removió los cargos al al exdirector del PAN, Giácomo Tamburelli, por el delito de peculado doloso y al exdirector de nutrición de la misma institución, Ángel Famigletti, por los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica. Ruben De Ycasa, propietario de LerkShore International Limited, empresa que vendió el producto, fue absuelto de peculado y se dictó la prescripción del delito de fraude en actos de contrataciones públicas a petición del fiscal de descarga, Adecio Mojica, quien actuó en representación del Ministerio Público. La exministra de Educación, Lucy Molinar, y el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, fueron absueltos por el delito de peculado culposo.