jueves, 25 de julio de 2019

Fiscalía confiada en que Tribunal evaluará las evidencias a su favor

Culminó la presentación de testigos y evidencias de la parte acusadora. Los fiscales se sienten satisfechos con la introducción de pruebas, aunque la defensa señala que nadie ha vinculado a su cliente con los pinchazos

La sala 1 del Sistema Penal Acusatorio estaba llena. Se había anunciado, por parte de los querellantes en el caso de pinchazos contra el expresidente Ricardo Martinelli, que comparecería su homólogo Juan Carlos Varela. Pero no fue así.

La expectativa se generó por el interés manifiesto de David Cuevas, representante de Rosendo Rivera, querellante en el proceso, quien manifestó al Tribunal que citaría al juicio a dos testigos: Rolando López, exsecretario del Consejo de Seguridad y Juan Carlos Varela, expresidente de la República. Que en caso de que no quisieran asistir por voluntad propia los haría conducir, según anunció el abogado el viernes pasado.

La querella cumplió con López, pero no logró que Varela pusiera un pie en la sala de audiencia.

Según Cuevas, al testigo se le llamó por teléfono para citarlo, no a través de una boleta de citación. “El vino el lunes, pregúntele a la defensa por qué no colaboró para que el testigo compareciera ese día, y se la pasaron interrogando a López hasta las seis de la tarde”, indicó el abogado querellante.

La ausencia del testimonio de Varela pudiera subsanarse en caso de que la defensa solicite al Tribunal una prueba extraordinaria, y cita a Varela a testificar. Pero hasta el momento el equipo de abogados de Martinelli, que inicia el lunes con el desahogo de sus pruebas, no ha adelantado la estrategia.

Alfredo Vallarino, abogado defensor, manifiesta que se quedó sin hacerle varias preguntas a Varela. Por ejemplo, señala, “¿cómo adquirió el Consejo de Seguridad los equipos a la empresa M.L.M Protection cuando él era miembro de la directiva del Consejo?”.

Aunado a esto, pretendía escarbar a fondo sobre la contratación que efectuó el Ejecutivo al fallecido abogado Rogelio Saltarín, abogado penalista como asesor de la Presidencia en dicha especialidad, ya que el exdirector del Consejo de Seguridad admitió que había recibido asesoría penal para presentar la querella en el caso de su cliente. “Hecho que resulta un imposible porque el testigo protegido de la fiscalía indicó que fue él quien puso la denuncia. De ser así, como lo reconoció López, de alguna manera Saltarín asesoró al testigo protegido tal como se publicó en el informe de gestión que rindió el abogado penalista contratado por el Ejecutivo quien expuso como parte de sus primeras tareas la preparación de testigo protegido”, recalcó Vallarino.

López negó el lunes que en el Consejo de Seguridad se prepararan testigos protegidos.

CULMINA PARTE ACUSADORA
El fiscal Aurelio Vásquez está confiando en que la carga probatoria contra el exmandatario es suficiente como para que el Tribunal avale su teoría del caso.

“La fiscalía no gana ni pierde un caso, la fiscalía prueba. En el ejercicio que hemos hecho, ya se introdujo todo para sustentar con la argumentación la responsabilidad del acusado en los 4 delitos (inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad y dos delitos de peculado)”, manifestó Vásquez.

Con respecto a las evidencias que empleó la fiscalía con el testigo protegido, y en las cuales apareció el nombre de López como autor de los correos, el fiscal defendió que no todas las evidencias materiales se introdujeron a través de ese testigo. El perito de Medicatura Forense, Luis Rivera Calles, señaló que luego de hacer la inspección a los dispositivos que contenían la información sobre las víctimas, procedió a imprimir y a grabar la información en un disco compacto.

Rivera Calles -argumentó el fiscal- reconoció todo porque colocó el sello de medicina legal en las evidencias y además imprimió la información en el soporte papel. “Nadie ha cuestionado las pruebas documentales”, aseveró Vásquez.

El representante del Ministerio Público dijo que en derecho hay algo que se conoce como inferencia judicial, lo que quiere decir que el Tribunal tiene que valorar todo lo que se ha ofertado. Enseguida recordó que cuando arrancó el juicio oral, el alegato de apertura de la fiscalía recalcó las palabras de Martinelli en una entrevista otorgada al periodista Álvaro Alvarado -quien compareció ayer a la audiencia- en la que confesó que contaba con el dossier o pedigree de todo, y de todos, en Panamá.

El cierre del alegato de la fiscalía presentará un hilo conductor de todo ese fichaje presentado.

Confían en que los jueces valorarán los testimonios de las víctimas que reconocieron sus mensajes y correos privados. Vásquez aclaró que no todo el material probatorio se extrajo del correo del testigo protegido, sino del resto de los agentes que laboraban en el edificio 150 del Consejo de Seguridad, que están prófugos, y que son parte de la lista de testigos de la defensa, Rony Rodríguez y William Pitti. Al segundo les lanzó una oferta: “Incluso voy a ser osado con lo que voy a decir: que se pueden acercar al Ministerio Público a hacer procedimientos de solución de conflicto y acuerdos de colaboración”, sugirió el fiscal.

Por su parte Vallarino, al hacer un balance sobre las evidencias que presentó la fiscalía, indicó que nadie ha podido vincular directamente a su cliente con las escuchas, o que haya dado la orden para ello. Como ejemplo de la información que maneja un presidente y que refutaría la teoría del dossier, el abogado dijo: “Aquí ha salido el presidente Varela diciendo que tiene información de diputados vinculados al narco y que tiene información de empresarios que visitaban tal y cual lado, y eso muchas veces puede venir de fuentes abiertas, es una expresión. Si ellos pretenden probar el caso con eso, bien para la defensa”.

Agregó que en cuanto a la parte pericial que “la fiscalía pone a su favor que las víctimas reconocieron sus correos y los mensajes, pero si reconocieron fue algo que provenía de un correo que no tenía nada que ver con Martinelli”.

El juicio se reanudará el lunes con los testigos de la defensa. Los abogados solicitaron tiempo para repartir las 13 boletas de citación y organizar a sus testigos.

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