sábado, 13 de octubre de 2018

Firmas de abogados se deslindan de asesorías penales

Las cuatro firmas de abogados mencionadas en el comunicado del Gobierno aclaran que sus asesorías se centraron en temas administrativos y contractuales

Las firmas locales y extranjeras contratadas en forma directa por el Gobierno brindaron servicios de índole administrativa y contractual a excepción del bufete Saltarín, Arias y Asociados, que asesoró a la Presidencia de la República en materia penal.

Las tareas que realizaron el resto de las firmas -por la naturaleza del tema- estuvieron alejadas de cualquier vínculo con instituciones judiciales, como la Procuraduría General de la Nación (PGN) o el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en materia de inteligencia, lo que no ocurrió con los servicios que prestó la firma de Rogelio Saltarín. Mientras estuvo contrataod, se reunió más de una veintena de veces con el CSN, 9 con la PGN (entre las que se cuentan dos la Procuradora Kenia Porcell), y 7 con el Presidente Juan Carlos Varela.

En un reciente comunicado emitido el jueves pasado a raíz de las publicaciones efectuadas por La Estrella de Panamá, el Gobierno intentó justificar la contratación del bufete de Rogelio Saltarín -quien representó en el pasado a Varela en litigios personales- por un periodo de 18 meses (julio 2014 a diciembre 2015) para la recopilación de material probatorio en la presentación de querellas en distintas instituciones del Estado que detectaron irregularidades ocurridas durante la pasada administración gubernamental. La Presidencia pagó $385,200 a la firma Saltarín en concepto de los servicios prestados.

De esta forma, el gobierno intentó relacionar otras experiencias de similar naturaleza con la contratación de reconocidas firmas de abogados locales e internacionales.

Entre las panameñas se mencionó a Arias, Fábrega y Fabrega (ARIFA); Morgan y Morgan; Tapia, Linares y Alfaro e Icaza, González - Ruiz & Alemán (IGRA).

“Quieren justificar lo injustificable”, manifestó el abogado retirado Octavio Amat de la firma ARIFA. El jurista recordó que en la pasada administración brindó servicios adhonorem en lo referente a la Comisión de Notables encargada de preparar el proyecto de Reformas Constitucionales a solicitud de la Presidencia mientras Juan Carlos Varela fungía como vicepresidente de la República. “En aquél momento quien impulsó el proyecto fue Varela”, rememoró Amat.

Fernando Arias, socio principal de ARIFA, indicó que la asesoría prestada a la administración Varela se refiere a trabajos puntuales en lo tocante a la compra de Mibus durante el primer año de este gobierno.

En otros temas han asesorado en la reestructuración financiera de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) servicios brindados “por varios años y quizas vigente en la actualidad”, dijo Arias.
“En ningún momento hemos asesorado al gobierno en campo de investigación penal o de corrupción y no tendríamos idoneidad profesional para hacerlo”, manifestó Arias.

Por su parte, la firma Morgan y Morgan prestó servicios a este gobierno en defensa de Pandeportes, relacionados a juicios arbitrales derivados del contrato para construir la Ciudad Deportiva.

También lo hizo en representación de ENA en un arbitraje derivado de la expansión del Corredor Norte en el que la contraparte era la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Arquitectos (ICA).
Aunado a esto asesoraron al Metro de Panamá en el contrato para la construcción de la línea dos del metro.

La firma IGRA ha prestado servicios, al menos desde hace dos décadas, al Ministerio de Economía y Finanzas en temas de Contratación pública, desarrollo de proyectos especiales y arbitraje del Estado.
Todos estos contratos se han efectuado de manera directa, sin embargo, los representantes de las firmas o el gobierno no han especificado la cifra exacta o el monto de estas contrataciones.

Como se expuso en la serie de reportajes, la firma Tapia, Linares y Alfaro que asesoró a Tocumen, S.A. y al Ministerio de Seguridad en la negociación para lograr una salida airosa en los contratos celebrados por parte de la terminal aérea internacional, además de los suscritos con el consorcio italiano Finmeccanica para la compra por $250 millones de radares, helicópteros y un mapa cartográfico. Con el último, el gobierno comunicó que la finalización con la italiana y sus filiales, representó un ahorro al Estado de $100 millones. Por estos servicios la firma cobró aproximadamente $340 mil.

Mientras que a nivel internacional el comunicado aludió los servicios de Hogan Lovells, Shearman & Sterling y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, especializadas en arbitrajes internacionales y asesorías financieras.

La Decana publicó la semana pasada una investigación en la que develaba los nexos del megaconsultor Saltarín, el Ejecutivo, el Consejo de Seguridad y la PGN cuasi con facultades de un ‘procurador paralelo’ como lo definieron algunos consultados en su momento. En especial, las fuentes se referían a la relación entre el abogado y el organismo de inteligencia, que ha dejado dudas sobre la forma en que se obtuvieron las pruebas para las querellas presentadas.

Diez días después de la primera publicación, el gobierno emitió una nota de prensa, sin fecha y sin firma, en la que intentó dar una explicación a la contratación efectuada entre el Ministerio de la Presidencia y la firma de Saltarín.

Entre sus párrafos la nota señala que “ante semejante latrocinio del quinquenio pasado y frente a las condiciones desventajosas para el Estado que encontró la actual administración, la contratación de firmas de abogados nacionales y extranjeras ha servido para encontrar soluciones a múltiples problemas, mediante procesos judiciales, arbitrajes y acuerdos, dentro y fuera del país”.

Añade, como un ensayo para igualar condiciones de las asesorías citadas, que las “tareas de estos abogados se han desarrollado en el marco de la Ley y han sido útiles en la lucha contra la corrupción y en el ordenamiento de la administración del Estado”.

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