La burocracia se come al gobierno y a la economía

El exceso de trámites que exigen las instituciones al sacar permisos de diferente índole frena la inversión privada y alienta la corrupción con la finalidad de agilizar los pasos que en ciertos sectores toman meses

Para sacar un permiso de construcción, los promotores deben tramitar en 19 instituciones, pasar por 120 trámites, muchos de ellos duplicados.

Los inversionistas se enfrentan a panoramas realmente desalentadores al momento de desarrollar un proyecto comercial o habitacional. Pero el de la construcción, no es el único sector que se queja de la lentitud, de la burocracia, que les atrasa en sus actividades.

A un año del relevo de poder, varios ministros que se despidieron del cargo antes de tiempo, con la política electoral en puerta, al aparato gubernamental le va a costar retomar un ritmo fluido.

La burocracia pareciera un tema infinito y sin solución en nuestro país.

El exceso de ‘controles’ que ha impuesto el gobierno con la idea de reducir la corrupción han incrementado la burocracia y dan la impresión de que hay que pagar para todo, lo que representa una desventaja a la hora de hacer negocios. Ya lo decía el gurú anticorrupción Robert Klitgaard, quien se refirió a la reciente medición del Foro Ecomómico Mundial (WEF por sus siglas en inglés): “los dos obstáculos más nombrados en Panamá que impiden hacer negocios son la burocracia ineficiente y la corrupción. Se ve que lo que frena a Panamá es un mal gobierno”, deduce el especialista.

Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda, lo vive a diario. No solo tiene que pasar por un tortuoso camino para sacar un permiso de construcción, sino que en esta administración gubernamental, se ha exacerbado cada permiso. “Las instituciones dudan unas de otras en la documentación y tramitología, y piden documentos duplicados a pesar de que la institución no tiene injerencia en la materia”, exclama la ejecutiva.

Las automatizaciones que ha tratado de hacer el gobierno han resultado caóticas, según Suarez, “se requiere menos discresionalidad ya que mantener la subjetividad en otorgar o no un permiso ayuda a que todo sea incorrecto”.

Todos los trámites retrasan al inversionista, cuestan, y han subido de precio dos y tres veces, de acuerdo a los consultados. Cuando se trasladan estos costos al cliente llega un momento en que el empresario evalúa mil veces si le conviene o no invertir en Panamá.

“La industria de la construcción ha caído en un 40%, nadie puede invertir en el sector con una tramitología tan excesiva”, describe Suárez.

El exdirector de políticas públicas, David Saied, cuenta que hay nuevas reglas institucionales que han hecho todo más ineficiente. Entre ellas menciona el sector financiero en donde todo se ha complicado. Por ejemplo, dice, en Zonal Libre, los empresarios se les dificulta recibir dinero en efectivo de sus clientes.

“Solo el pago de impuestos en la Dirección General de Ingresos es complejo, piden nuevos requisitos que parecen ser criterio de los jefes”, exclama el también economista.

Añade Saied que hay algunos sectores en que adquirir una licencia depende del criterio subjetivo de quien esté al mando. Ejemplifica el sector marítimo, donde “todo queda a criterio de un director o un funcionario a pesar de que el aspirante cumple todos los requisitos que exige la institución para obtener una licencia. Eso termina creando un caldo de cultivo para la corrupción”, cita el economista.

Un panorama similar, según Saied, se vive en el sector de regulación, y ahí incluye al de valores, servicios públicos, seguros y bancario. “Si no hay opción, la gente se va por el camino que no deben, todo por temas burocráticos”, acota.

Lo más curioso es que, según el Centro Nacional de Competitividad (CNC), Panamá ocupó la posición 39 de 190 países de acuerdo al el Índice de Facilidad de Hacer Negocios del Doing Business publicado en octubre 2017.

Sin embargo, CNC corrobora las actividades donde se acentúa el rezago como el pago de impuestos (que incluye la contribución a la seguridad social), manejo de permisos de construcción y registros de sociedades, donde clasificamos en las posiciones 140, 88 y 83 respectivamente. Por otro lado, también en materia ambiental y comercial hay procesos que pueden mejorarse.

Aunado a lo anterior, los tiempos que debe invertir una persona para cumplir los procesos requieren, según el CNC, horas hombre, más de una visita a la entidad, pago de transporte, estacionamiento, mensajeros, etc que en ocasiones superan el costo de trámite en sí.

La burocracia, por tanto, se come al gobierno y a la economía. Señala la CNC que “una institucionalidad que no es transparente y clara, puede, entre otros, promover la corrupción e incide negativamente en el desarrollo del sector productivo que contribuye al impulso de la economía”.

Panamá es la ciudad número 45, de 100 posiciones para atraer y desarrollar talento, según un informe del Foro Económico Mundial.

El Banco Interamericano de Desarrollo prestó $3.5 millones al país para la reforma y modernización del Estado.

LOS ESFUERZOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN
La Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) es la encargada de simplificar los trámites gubernamentales, hace la vida más fácil al usuario en materia burocrática. El esfuerzo de esta institución muestra un gran aporte en materia de cedulación, aunque los usuarios no sienten esta mejoría en los trámites ministeriales.

Anualmente las entidades deben presentar su Plan de Simplificación de trámites, partiendo de la información que reside en el Portal Oficial. Al respecto, de acuerdo a la AIG, se han automatizado 260 pasos con apoyo del Centro Nacional para la Competitividad.

A través del Programa Panamá en Línea, de la Agenda Digital Panamá 4.0, se inventariaron y actualizaron 3,700 trámites en el Portal Oficial Panamá Tramita, incluyendo 1,540 trámites municipales, y se han colocado un total a la fecha de 120 trámites en línea, en camino a la meta de 450 trámites en línea para el 2019.

El Centro de Atención Ciudadana 311, mediante Decreto Ejecutivo 357 de 2016, es el mecanismo que se estableció para que los ciudadanos reporten cuando se le exige un requisito no establecido para un trámite según lo establecido en el Portal Oficial Panamá Tramita, y de esta forma asegurar que las entidades tomen las acciones pertinentes para la reducción de la burocracia y la discrecionalidad de los funcionarios, que es el factor que más está incidiendo en los negocios acorde a la última encuesta “Doing Business” del Foro Económico Mundial.

Según la AIG, el país ha mostrado importantes avances en materia de gobierno electrónico. La reciente medición de las Naciones Unidas del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico y el Índice de Participación Electrónica, calificó estos esfuerzos en un nuevo nivel de madurez, el más alto en la historia de Panamá hasta la fecha.

EL PUNTO DE VISTA DEL ECONOMISTA ADOLFO QUINTERO
El primer mensaje que debe enviar el Gobierno al inversionista es de estabilidad y confianza. Adolfo Quintero, economista, expresidente del Colegio de Economistas de la Universidad de Panamá, analiza que la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, en la que posteriormente quedó involucrada la Contraloría General de la República, irradia condiciones de inestabilidad que pueden cambiar las decisiones de inversionistas medianos y grandes que planean abrir sus empresas en el istmo.

La economía, dice, sí esta creciendo pero en actividades vinculadas al mercado externo; puertos, comunicaciones, minería y otros. Sin embargo, añade, que en el mercado interno se percibe lentitud y tendencia al desempleo. La construcción es uno de los rubros que inyecta a la economía un ingreso semanal y tiene un efecto multiplicador, pero se encuentra en una baja significativa. Aunado a esto, Quintero resalta que el Índice Mensual de Actividad Económica de mayo pasado revelado por la firma Indesa, fue de 0.8%, el más bajo en los últimos 25 años, mencionó Quintero.

El economista también apunta al cambio de jefes en las carteras gubernamentales a un año de dejar el poder como uno de los factores que alentan la situación económica porque “no existe una política de Estado para dar seguimiento a los planes, y las decisiones quedan a criterio y subjetividad de los funcionarios de turno. Prueba de ellos es la situación del sector agropecuario que se refleja según el síntoma de cada ministro y no de forma ordenada. El reflejo de este tipo de comportamientos también se percibe en el sector energético en el que “se están cuidando intereses monopólicos y oligopólicos, y las consecuencias las paga el pueblo”, indicó.

Lo último, expresa el economista, es que el Gobierno retiró de la Asamblea Nacional la supuesta dispensa. Pero no existe tal, ya que esto ocurre cuando la economía crece por debajo del 2% o cuando se presenta una emergencia Nacional. “Lo anterior no está pasando. El déficit de este año es de 0.5% y lo están llevando a 600 millones adicionales, la ley lo que busca es permitir un déficit de 900 millones para el 2018. El Ejecutivo afirma que el dinero se va a invertir en obras, pero, en este siglo no se puede convencer a nadie con algo tan etéreo. Hay que explicar en qué situación están los proyectos y cuánto les falta para estar concluidos, no se trata de firmar una carta en blanco”, puntualizó Quintero.