Con o sin renuncia, audiencia continúa

Ricardo Martinelli deberá comparecer a la audiencia intermedia en su contra como cualquier ciudadano, y ser juzgado por la CSJ. La renuncia como diputado al Parlacen se oficializará hoy en sesión Plenaria

A las 9 de la mañana de hoy se tiene programada la continuación de la audiencia intermedia en contra del expresidente Ricardo Martinelli por los supuestos delitos de pinchazos telefónicos y fraude. Ya no es materia de debate en este tribunal -como sí lo era para la defensa del expresidente- si el acusado pertenece o no al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Es decir, con o sin renuncia, aunque Martinelli haya abandonado su condición de diputado, sea un ciudadano común y corriente, seguirá bajo el paraguas jurídico de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión la dio a conocer el magistrado de garantías Jerónimo Mejía la madrugada del miércoles, al finalizar la audiencia que inició con 9 horas de retraso, al negar la pretensión de declinatoria de competencia solicitada por la defensa del exmandatario que había que solicitado que su cliente, al haber renunciado a este organismo regional, fuera juzgado por un juez de circuito.

La contestación del magistrado a la defensa fue contundente: éste juez “declara que mantiene, retiene y no pierde ni perderá, competencia, ni éste magistrado ni el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por una perdida del cargo de diputado”.

Aunque ya no incida en el proceso, ayer se reunió la directiva del Parlacen, y conoció sobre la renuncia del expresidente. “Los documentos están correctos y se presentará a la Plenaria hoy miércoles para darla a conocer al resto de los diputados. No debe haber problema, será expedita”, indicó Tony Raful, presidente de la directiva. La Junta Directiva alegaba que había recibido copias simples por parte de la defensa del expresidente.

REACCIONES ENCONTRADAS
Esta determinación ha generado un intenso debate en cuanto a la interpretación de la norma (artículo 31 del Código Procesal Penal) en el gremio abogadil e incluso entre los querellantes, momento en que el caso se encuentra en plena fase intermedia, periodo de alegaciones previas.

Ángel Álvarez, querellante de 5 víctimas, tiene la sensación de que se está forzando la celeridad del caso. “De alguna forma se está manejando el tema con mayor velocidad de lo que tradicionalmente tomaría, y con pasos más simplificados de lo que ordinariamente se deben cumplir”. Esto no implica, añadió a La Estrella de Panamá, que el acusado no merezca condena, “pero cuando las formas no nos importan, parece que nos desconectamos del objetivo”, dijo.

La defensa del expresidente guarda con recelo la estrategia que empleará hoy en la audiencia. La determinación del juez le cayó como un balde de agua helada.

Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, recordó que ningún querellante, incluso el fiscal, se opuso a que se remita el caso a otro juzgado. “Desde el 9 de octubre de 2015, después de que exista acusación, aunque los diputados renuncien quedarán en la competencia de la Corte. Esto contradiciendo lo que hizo el Pleno con el magistrado Alejandro Moncada, a quien la Asamblea lo mandó al Sistema Penal Acusatorio para cumplir la pena“, dijo Carrillo.

Miguel Antonio Bernal, víctima de los pinchazos, señaló que el proceso no deja de tener un matiz político. Especialmente por la persona que está siendo procesada. Bernal declaró en Telemetro Reporta que espera que el presente caso no sea un “guión por parte del órgano Ejecutivo y Judicial para que las cosas se estén dando de esta manera. No puedo pensar que lo que se está llevando es verdaderamente prístino. Lo estamos viendo en el comportamiento del sindicado, es revelador de algo que no tiene cabida, que sus abogados han debido instruirlo para que no irrespete a la audiencia”.

Advirtió también que detrás del caso Martinelli lo que está en juego es la redistribución del poder político. “Martinelli termina siendo una pieza del ajedrez de la recomposición que se está dando producto del descontento de la ciudadanía, una insatisfacción rampante ante la degeneración de los órganos del Estado y los factores del poder se están reacomodando a través del proceso de Martinelli”.

Los querellantes, por otra parte, confían en la actuación del magistrado de garantías. Carlos Herrera Morán, querellante adherido al fiscal, explicó que el criterio de Mejía obedeció a dos aspectos jurídicos: “que el acto de renuncia de Martinelli en el Parlacen no estaba perfeccionado, y que la competencia es improrrogable. Lo que indica que ninguna de las partes puede enviar el expediente a otro tribunal. Dejar en manos del acusado que decida quién lo juzga es distorsionar el proceso”.

En la etapa en que se encuentra el proceso, según Herrera Morán, el acusado no puede renunciar al proceso y cambiar las reglas de juzgamiento. “Él, Martinelli, hubiera renunciado antes a su condición de diputado, y entonces tendría otra competencia”, consideró.

Rosendo Rivera, querellante autónomo, indicó que el magistrado Mejía es un estudioso del derecho.
El Código Procesal Penal (CPP) es novedoso. “No hay quien maneje el Código a la perfección en estos momentos. En este caso, Mejía, analizó normas que nosotros no las habíamos contemplado. Me convenció que tiene la razón porque está en la norma, no lo inventó”, manifestó Rivera.

Añadió que Mejía, en 2008, participó en la reforma del CPP. Estuvo en la exposición de motivos para cada una de esas normas. “Hubo muchos análisis, pero el que hizo él no está alejado de la norma, empleó la Constitución, el CPP, el Código Judicial. Aparte utilizó la doctrina jurisprudencial de Panamá. Esto lo hizo para establecer que antes no se establecía la prórroga de la competencia, pero que ahora, ésta es improrrogable”, exclamó el querellante.

DIFERENCIA DE CRITERIOS
Álvarez advierte que es posible que hoy mismo, o en las próximas audiencias, él quede fuera del caso. Álvarez no se adhirió a la acusación del fiscal, porque considera que se presentó la acusación en forma inoportuna, no equivocada ni mal formulada, sino que faltaba un paso anterior.

Se refiere al orden en que debía emplear la acusación o la imputación de cargos a Martinelli. Si bien, Álvarez forma parte del proceso como querellante admitido, no adherido a la acusación del fiscal, es de la opinión que cuando Martinelli arribó extraditado a Panamá el 11 de junio y se enfrentó a sus juzgadores por primera ocasión, se le debieron imputar los cargos. Según han adelantado criterio el juez de garantías y el fiscal Harry Díaz, el tema de la acusación ha sido superado en el fallo fechado el 30 de enero pasado, en el que se dictaminó que no existe una sola forma mediante la cual se formula una imputación. En dicho documento, rubricado por cinco magistrados, entre ellos Díaz y Mejía, se establece que la admisión de casos contra diputados es más que una imputación ordinaria y que ya contiene la exigencia de una diligencia de imputación como lo prevé el artículo 280 del CPP (formulación de la imputación) para comunicar una imputación.

“Martinelli desvió las reglas y abusó del poder, modificó el ejercicio legítimo y ahora está sufriendo las consecuencias, debemos responder con energía y sin impunidad, pero bajo el proceso correcto.

El juez va a decidir el futuro de los querellantes que representa Álvarez. En este caso, podría dar la oportunidad para que reconduzca su querella, o de que presente una nueva antes de llamamiento a juicio.

TIEMPO PARA VALIDAR PRUEBAS
Los intervinientes en la audiencia intermedia de hoy ruegan puntualidad y que no se repita la experiencia del martes pasado, cuando el juez abrió la audiencia 9 horas después de lo programado.

En esta fase, el periodo de alegaciones previas, la defensa puede objetar la acusación de la fiscalía o de los querellantes. También se consideran las nulidades, los impedimentos y las recusaciones.

El Fiscal deberá hacer un resumen de la acusación y posteriormente lo hará el querellante Rosendo Rivera, quien actúa en forma autónoma.

De acuerdo al abogado, luego se discutirán las pruebas. El primer turno es para la Fiscalía y luego para él. En este renglón, la Fiscalía y los querellantes analizan qué tipo de pruebas se van a presentar y cuáles se descalificarán. Una vez se tome la decisión, se corre traslado a la defensa para que admita o se oponga a cada evidencia. Lo mismo ocurre a la inversa.

El juez de garantías decide qué pruebas son válidas, y remite el auto al tribunal de juicio, es decir el Pleno de la Corte, que debe de fijar una fecha dentro de los siguientes cinco días para fijar la fecha del juicio oral.

A la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, acusado de violar la intimidad de 150 blancos, le ha costado convencer al juez sobre sus planteamientos previos.

El Pleno le negó el cambio de medida cautelar a Martinelli aduciendo que el año que pasó en prisión en Estados Unidos no era conmutable en esta fase del proceso. Aunque dijo que sería conmutable en caso de ser condenado.

Ayer, en horas de la tarde, el acusado Ricardo Martinelli, publicó un tuit en el que insiste en la persecución política del Ejecutivo en su contra: "Sé que Varela hará todo lo posible por tratar de humillarme y "demostrar" que pudo vengarse, que querrá exhibirme y deshumanizarme, pero yo tengo algo que él jamás tendrá, que me da la fuerza para seguir luchando, y es el cariño de un Pueblo, y el cariño es mutuo" RMB