jueves, 24 de mayo de 2018

Fiscalía llama a juicio a 17 imputados

Hasta horas de la madrugada de este jueves se efectuó la audiencia del caso de mochilas en el que la Fiscalía intenta probar tres delitos a los acusados, pero sus defensas refutaron gran parte de la tesis empleada

La Fiscaía Anticorrupción, representada por los fiscales Javier Mitre y Vielka Broce, intentó demostrar que se hicieron compras de mochilas a sociedades concertadas y seleccionadas previamente por el entonces secretario del presidente de turno Ricardo Martinelli (2009-2014), Adolfo ‘Chichi’ de Obarrio.

En audiencia preliminar celebrada ayer desde las 9 de la mañana hasta entrada la madrugada de hoy, el juez decimo quinto Leslie Loaiza, escuchó los alegatos de la Fiscalía, así como de 17 imputados por tres delitos: corrupción de servidores públicos, fraude en las contrataciones públicas y peculado. Entre los acusados, la fiscalía cuenta a dos prófugos, Adolfo ‘Chichi’ de Obarrio, exsecretario del entonces presidente Ricardo Martinelli, y a Abraham Williams, exsubdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), institución por la cual se adquirieron los útiles escolares en ciertas fechas.

Según la investigación sumarial, se ha acreditado que la distribución de las mochilas no se efectuó en los sitios pactados, especialmente en las áreas de difícil acceso, en cambio las empresas encargadas de esta tarea cobraron por el servicio.

Entre las pruebas que recabó la Fiscalía se cuentan docenas de entrevistas a testigos que manifestaron que tuvieron que utilizar sus propios recursos para recoger los útiles escolares en centros de acopio de las mochilas que entregó el Ministerio de Educación (Meduca) en 2014 y que fueron adquiridas a través del PAN. Varios contratos se efectuaron en distintas fechas con las mismas 6 empresas. Esto último, llama la atención a la fiscalía, porque asegura que las empresas actuaron en contubernio para acordar precios de suministro y distribución. “Los actos públicos se hacían para llenar un formato, pero de antemano se conocía a qué empresas se iba a beneficiar”, decía la fiscal Broce.

La fiscalía indicó que las mochilas se distribuyeron en transportes del Meduca y no en los de la empresa contratada para esta tarea.

La Fiscalía nombró a cada uno de los imputados e intentó vincularlos al proceso. En este sentido, mencionó a los empresarios Mario Martinelli, Roberto Brin y Roberto Luzcando a quienes identificó como socios. Sin embargo, Martinelli alega que él no aparece en ninguna de las empresas que proveyeron las mochilas.

Según la investigación, las empresas en cuestión, a saber: Inc Consultorías, Vafepa, S.A., Comercializadora Galbedusa, S.A., Unitel Trader, APM Supplies y Hailing Corp., se beneficiaron económicamente y decidían cuáles participarían en las licitaciones.

La Fiscalía presentó también una nota enviada por la exministra Lucy Molinar al Consejo de Gabinete en la solicita se le exceptúe del proceso de contrataciones públicas y se le autorice un proceso abreviado para la compra de las mochilas. Esto, según la Fiscalía, era para contratar a las mismas empresas en mención.

Cuando se iniciaron las pesquisas de este caso, Abraham Williams, subdirector del PAN, colaboró con los fiscales Lizette Chevalier y Nahaniel Murgas, y adquirió en noviembre de 2014, la condición de testigo protegido, con el nombre ‘Euro 14’. No obstante, cuando relevaron a los fiscales, “desconocieron el trato efectuado con Williams, a pesar de que él había aportado información valiosa en los casos de mochilas, granos, bolsas de comida y llantas. Incluso testimonios proporcionados por él como Euro 14, fueron utilizados en su contra. El Ministerio Público separa a Williams y a Euro 14”, indicó su entonces abogado Rosendo Rivera.

Cuando llegó el turno de la defensa de la exministra Lucy Molinar, su abogado Abilio Batista habló casi por una hora. Explicó que la nota a la que hace referencia la fiscalía era para cumplir con el proceso de contrataciones públicas. Que existen errores de razonamiento en la Fiscalía y que ésta cambió su tesis constantemente al constatar que no hubo sobre precios y luego buscaron delito en la distribución de las mochilas.

Detalló que los procesos de contratación del 2012 (efectuados por el Meduca) y los de 2014, (realizados por el PAN), son diferentes. Batista dijo que existe una nota firmada por el entonces ministro de la presidencia que se envió al Ministro de Economía en la que solicitaba la transferencia del dinero al Meduca para la compra de las mochilas.

Cuando culminó su intervención, solicitó al juez sobreseimiento definitivo y el uso de la palabra para su representada.

Vestida de negro, con voz fuerte y decidida, Molinar dio su versión de los hechos: “No todos entran al Estado para robar, yo no me robé ni un dólar”. Enseguida cuestionó el origen de la investigación, ‘por una nota periodística’, dijo. Alegó que la auditoría que citó el Meduca llegó a la pesquisa un año después de iniciada. Agregó que en Meduca hay 7 camiones, pero existen más de 2 mil escuelas de difícil acceso, “es imposible que con esos camiones se repartan las mochilas”, mencionó refutando los testimonios de la Fiscalía.

“El Ministerio de la Presidencia concluyó que yo tenía que hacer la compra de las mochilas porque los tiempos de entrega para el inicio del calendario escolar no daban. Mandaron el traslado a finales de 2011 y buscamos las empresas que ya habían prestado servicio al Estado porque tenían el mapa de los centros educativos, hasta entonces no tenían ninguna objeción de nadie”, resumió la exministra.

Añadió que las entrevistas efectuadas por la Fiscalía fue a gente alejada al proceso de distribución. “Es verdad que el primer año los padres se acercaron a retirar las mochilas porque no teníamos quién las llevara a la escuela, por eso solicitamos que se dejara en centros de acopio”, dijo Molinar.

Luego describió: “Yo estaba ahí cuando la Fiscalía no sabía que hacer cuando descubrieron que sus precios (de las mochilas) eran más altos que los míos, nadie me lo contó. Hubo una parálisis en el despacho. No se busca otra cosa que hacerme daño, no hubo dolo, se violaron mis derechos”, puntualizó.


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