lunes, 12 de marzo de 2018

‘Matrimonio igualitario no es cuestión de religión’

Panamá está enfrascado en el tema de reconocimiento o no del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La Corte Suprema de Justicia aún no emite fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad del artículo 26 del Código de la Familia que establece que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer.

La expectativa se suma a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que notificó a los países miembros que deben reconocer los derechos de las minorías LGBTI.

La sociedad panameña, no obstante, ha expresado su sentir en marchas convocadas por grupos religiosos que reprochan la idea del matrimonio entre pares, y por otra parte, en foros que intentan ilustrar la posición jurídica favorable.

Ayer, se organizó un panel de análisis sobre la opinión consultiva de la CIDH con dos oradores: Esemeralda Arosemena, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Rigoberto González, procurador de la Administración.

Troitiño planteó tres ideas: la responsabilidad o mandato que tienen los organismos del sistema interamericano; el mecanismo de la opinión consultiva como herramienta para garantizar la aplicación de la opinión; y la responsabilidad que tienen los Estados frente a estas consultas.

Remarcó que el tema del matrimonio igualitario no es cuestión de religión, sino de respeto a los derechos de estas minorías, de dignidad y de acatar una opinión de un país del cual Panamá es miembro.

“Esta en la capacidad que tengamos los panameños de acercar nuestras posiciones basados en un principio de igualdad, dignidad y respeto a la libertad”. Troitiño se preguntó si seremos capaces de reconocer la dignidad del ser humano en otro compañero o cumplir nuestras creencias que “dicen que debes amar a tu prójimo. Tengo que reconocer en el prójimo eso. Quien vivió las cruzadas, que eran ejércitos para matar gente, o la inquisición, sabe que fueron parte del desarrollo de la humanidad, y visto en perspectiva es lo mismo que las personas LGBTI están sufriendo, violencia en todas las formas, no se merecen eso, son seres humanos”, expuso.

Por su parte, González reiteró que la Opinión Consultiva de la CIDH sí es vinculante. “La Corte no exige cambiar la ley, pero si un país desea establecer un procedimiento para una persona a cambiar el nombre, lo puede hacer bajo un reglamento administrativo”, indicó en cuanto a la relación nombre-género.

El Procurador además refutó la premisa sobre la naturaleza del matrimonio entre un hombre y una mujer. Al respecto preguntó: “un sacerdote es antinatural por ser soltero, o una pareja impedida para procrear también lo es?”. Añadió que se está confundiendo el problema teológico con el estado civil de las personas, cuando éste es un problema de derechos humanos.

Explicó que existen múltiples consultas de la CIDH que los países no atienden, pero muchas otras sí. “Acuérdense que el tema de fondo es que si hay un sistema, por ejemplo la OEA, y tiene un mínimo de normas o resoluciones, y nosotros formamos parte de la misma y tenemos que respetarlo. “¿Qué ocurre cuando los Estados nos incluyen en una lista negra o gris?, corremos a adecuar nuestro sistema en los aspectos que solicitan. La pregunta es, ¿por qué en derechos humanos no hacemos lo mismo y sí corregimos en materia de evasión de impuestos?”, se preguntó González.

Añadió que Panamá forma parte de los organismos internacionales, y éstos se comunican a través de declaraciones o resoluciones que ponen en conocimiento a todos los Estados.” No es que nos están diciendo: te impongo esto. Sino que como formamos parte de ese organismo nos hacen partícipes. Tenemos dos opciones, mirar para un lado e incurrir en algún tipo de responsabilidad, o adecuar lo que plantean, verificar qué normas tengo que cumplir por formar parte de las reglas de los organismos de los que formamos parte.

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