miércoles, 20 de diciembre de 2017

Guardia Jaen tendrá que validar acuerdos en forma individual

A pesar de que el exdirector del Programa de Ayuda Nacional acordó con el Ministerio Público se le exima de 14 procesos más en su contra, en cada fiscalía ya existe un acuerdo firmado, listo para validar ante el juzgado

El 25 de octubre de 2017 fue uno de los días más felices de Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Ese día firmó, junto a su abogado Víctor Orobio, un acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción que le eximió de pasar 50 años en la cárcel. En cambio, por su colaboración a la justicia, el juez que validó el acuerdo y le redujo la pena a 60 meses, de los cuales ya ha pasado 30 privado de libertad.

El acuerdo, además, lo libera de ser juz juzgado en otros 14 procesos que existen en su contra, ya que las Fiscalías Anticorrupción que llevan a cabo las investigaciones, se adhirieron al entendimiento a través de acuerdo individual en el que se comprometen a retirar los cargos contra Guardia Jaén, aunque antes deben ser validados por el juez.

Orobio, ha jugado un as debajo de la manga para apagar las críticas de la opinión pública que reclama la devolución de bienes y cuentas bancarias que el juez Leslie Loaiza desaprendió. Entre ellos, una residencia en Costa Del Este, Barriada Costa Serena, que en declaraciones anteriores, Guardia confesó haber adquirido mientras era director del PAN.

Muchos se preguntan: ¿qué tan sustancial fue la colaboración de Rafael Guardia y qué resultados se han obtenido de las mismas como para haber logrado ese acuerdo?

Mucho, asegura su abogado. “La colaboración se da en tres sentidos: cuando el imputado esclarezca los hechos para evitar que continúe su ejecución o se realicen otros delitos. Es lo que él hizo, los esclareció y señaló a las personas que tenían que ver con estos hechos. En cada uno de los expedientes colaboró”, manifestó.

Aunado a esto, la Fiscalía accedió a incluir en el trato el comiso de un dinero que áun no tiene. Se trata de $4.5 millones depositados en cuentas en Nassau, Bahamas, que Guardia Jaén asegura “se lo tranzaron”. La investigación sobre las lesiones patrimoniales del PAN iniciaron en 2014, y la Fiscalía afirma que ya solicitó una asistencia judicial a Bahamas, pero aún no recibe respuesta.

Orobio añadió que este acuerdo se concretó después de un arduo trabajo, “mucho agotamiento, y se logró una pena razonada sometida al balance de la colaboración de su cliente que ha estado detenido y que nadie ha colaborado como él”.

CASAS Y DINERO
Uno de los puntos más conflictivos concierne a la devolución de bienes muebles e inmuebles.

En este sentido, el acuerdo estipula: “en cuanto a los bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos de forma lícita y con debida justificación por parte del imputado, las partes acordamos someternos a la decisión de la autoridad (juez) de acuerdo a su discrecionaldad legal, y en cuanto a los bienes obtenidos de forma ilícita sugerimos con base a la discrecionalidad del juez de la causa, que los mismos sean comisados en su totalidad de inmediato. Poner lo que dice el comunicado sobre el fiscal y los bienes”.

Dentro de la lista de propiedades listadas en el acuerdo, y que se presentan como de propiedad de Guardia Jaen, hay una que pertenece al testigo protegido Euro 14, el PH Cuadrax. “Esta propiedad, que se encuentra entre los inmuebles comisados no devueltos, es un departamento que hipotecado a nombre del testigo protegido”, manifestó el abogado Rosendo Rivera.

A juicio de Rivera, este acuerdo debe ser declarado nulo, incluso la postura de Guardia Jaen en devolver los bienes “implica que él no estaba de acuerdo con eso”.

“El Ministerio Público, en todos los procesos que participa de acuerdos, pone todo en blanco y negro de manera clara.

Un acuerdo que elabora ésta entidad y que presenta al juez para su validación, no puede dejar el comiso de bienes a su discrecionalidad. Más en estos casos, donde el delito reconocido por el imputado es blanqueo de capitales y contra la administración pública. Ese acuerdo debió ser rechazado por el juez por corrupción y venalidad”, añadió Rivera.

Durante la audiencia, según señala un comunicado de prensa del Órgano Judicial, el fiscal de Desacarga Anticorrupción, Adecio Mojica Peña, sustentó el acuerdo de pena y enumeró los bienes, muebles e inmuebles que se adquirieron de forma ilícita, producto de los delitos antes mencionados y que no constaban en las declaraciones juradas de bienes patrimoniales del imputado. El Fiscal apeló la decisión del juez y corresponderá al Segundo Tribunal de Justicia resolver el recurso.

El abogdo Orobio considera que la solución a esta situación, consiste en que la defensa conteste la apelación de la Fiscalía y sugiera a los magistrados que comise todos los bienes que fueron desaprendidos.

CONSIDERACIÓN DE PENA
El acuerdo estipula que para la determinación de la pena de prisión se tomó en cuenta la existencia de agravantes, y en torno a las atenuantes contenidas y aceptadas por el acusado, la defensa y el fiscal. Por tanto, en razón del acuerdo, las fiscalías Anticurrupción de descarga, primera, segunda, tercera y cuarta, aceptaron no acusar a Guardia por cargos contra la Administración Pública y demás tipos penales que se le formularon dentro de los procesos identificados con todos los casos pendientes, que son 15. Queda plasmado en el documento que la Fiscalía se compromete a no presentar cargos distintos a los acordados por los mismo hechos de la imputación que se encuentran en el acuerdo. Tampoco podrá imputar cargos en los casos que estén en investigación y en aquellos que puedan surgir producto de su desempeño como director del PAN.

Guardia Jaén tiene a favor que en la pena acordada, no se ha tomado cuenta el trabajo intramuros que desempeñó durante el tiempo que estuvo detenido, por lo que corresponde a una autoridad competente aplicar ese beneficio. Lo que reduce aún más el tiempo que permanecerá detrás de los barrotes el exdirector del PAN.

Guardia Jaén se declaró culpable de dos delitos, blanqueo de capitales, cuya pena oscila entre 5 a 12 años, y peculado agravado, con 8 a 15 años de cárcel.

Pactó con la Fiscalía 60 meses. Partiendo de la pena de 96 meses de prisión para el delito de peculado, y de 84 para el segundo, el resultado no es inferior a una tercera parte de lo que corresponde al delito, y no excede de la máxima aplicable al delito, según el acuerdo.

La Fiscalía contaba con la declaración de tres testigos protegidos que contaron a las autoridades las triquiñuelas empleadas en la compra de productos a través del PAN. Los arreglos que hacía el exdirector con los proveedores para lograr un beneficio económico de un 10 al 15% del monto total de los contratos, quienes, luego de cambiar los cheques, le hacían llegar el efectivo a Guardia Jaén.
Además, Jean Carlos Asprilla, encargado de la bodega del PAN, narró que nunca recibió mercancía. En cambio, se vio forzado a plasmar su firma en documentos simulando que los artículos arribaban al almacén, una fachada que servía para malversar los fondos del Estado.

Guardia Jaen confesó que Adolfo de Obarrio escogía los proveedores de bienes del PAN. Cuando se hacían las licitaciones, el mismo proveedor presentaba tres cotizaciones pero con diferentes empresas y dignatarios, pero que correspondían a la misma persona. En ocasiones, se pedían empresas prestadas a otros proveedores sabiendo de antemano a quién se adjudicaría la licitación por mejor precio de acuerdo al artículo.

De Obarrio se encuentra prófugo de la justicia.

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