domingo, 17 de septiembre de 2017

‘Panamá debe establecer un registro de malos tratos y torturas’

Al igual que otros países de la región, el istmo carece de datos que reflejen la situación de malos tratos dentro de los centros penitenciarios, lo cual dificulta su diagnóstico y tratamiento


Audrey Olivier, directora regional de la Oficina para Latinoamérica de la Asociación para la Prevención de la Tortura.



La tortura es una de las violaciones más graves de los derechos fundamentales de una persona. La Asociación para la Prevención de la Tortura se encarga de promover la transparencia en los lugares de detención. En estos sitios es donde generalmente ocurren, a puerta cerrada, los malos tratos. La Asociación, no obstante, no califica a los países con un ranking. Su tarea es acompañar a los Estados en el proceso de transparencia, de capacitación o de acceso a servicios básicos en los centros de detención. La Ley de Carrera Penitenciaria, que entró a regir el 15 de septiembre de 2017, debería ser un mecanismo para transformar las hacinadas cárceles del país, pero también se requiere un cambio de actitud hacia el privado de libertad, retomar el control de los centros penitenciarios tomados por los grupos delincuenciales que pagan penas y la agilización judicial, entre otros. Audrey Olivier, directora regional de la Oficina para Latinoamérica de la Asociación para la Prevención de la Tortura, responde sobre las condiciones en que se encuentra nuestro país en esta materia.

¿CUÁL ES EL PAÍS DONDE HAY MÁS TORTURA A LA GENTE?
No tenemos un ranking del país donde más se tortura a la gente.

¿CÓMO LOS CALIFICAN, ENTONCES?
La idea de mirar la tortura o los malos tratos no es solo calificar si un país es peor que otro, sino más bien cuáles son las problemáticas dentro de los centros de detención y qué hacer para mejorarlas.

IGUAL HAY PAÍSES DONDE SE PRACTICA LA TORTURA, A DIFERENCIA DE OTROS...
Hay países donde hay tortura sistemática y hay informes internacionales que lo demuestran. El punto es que Panamá comparte su realidad con otros países de la región, en donde permanecen tres problemáticas. La primera es que los mayores riesgos de ser sometido a malos tratos ocurren en las primeras horas de detención. Es decir, cuando un policía arresta a una persona hasta que la lleva al juez, y si en este momento no hay acceso a un abogado, por ejemplo, hay riesgo de ser sometido a abusos, golpes o para poner presión. Es una realidad en la mayoría Estados de la región. El segundo tema, que Panamá también comparte, es la realidad penitenciaria, donde hay hacinamiento; falta de servicios básicos, como acceso al agua, actividades, y otros temas más preocupantes, como corrupción, presencia de armas, drogas, pandillas, etc. El tercer punto del que no se habla mucho es que no se presta atención a grupos en situación de vulnerabilidad; por ejemplo, mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz cuando están detenidas o grupos afroamericanos que sufren discriminación específica en el sistema penitenciario o grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, por sus siglas en inglés). Estas personas sufren dos veces la vulnerabilidad, la de la detención y luego, por sus necesidades específicas, también pueden ser víctimas por no contar con las necesidades que requieren y su atención específica.

¿CUÁL ES EL PAÍS SIN TORTURAS?
Cualquier país del mundo tiene un riesgo de tortura o malos tratos.

PERO EXISTEN LAS ESTADÍSTICAS, Y DEBEN DE OFRECER UN TERMÓMETRO...
Justamente no hay estadísticas sobre cuántos casos por país tienen torturas o malos tratos, es una recomendación hacerle a los países un mejor registro de los casos. El objetivo no es hacer un ranking, sino saber por qué está pasando; y si se tortura, por qué hay abusos y qué podemos hacer para mejorarlos o evitarlos.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA QUE SE PRODUCEN LOS MALOS TRATOS?
Las razones dependen también de dónde ocurren. Las cárceles, por ejemplo, pero también en comisarías, centros de cuidados de ancianos, el lugar donde una persona no pueda salir libremente. Por ejemplo, en Europa hay lugares para ancianos que están bajo el poder de otra persona. En Francia, cada año cien mil personas son internadas sin su consentimiento en hospitales psiquiátricos. Las escuelas de formación del personal también pueden generar malas prácticas. En general, decimos que existen las razones en el lugar, los actores, las políticas públicas, marco legal y prácticas de detención. Cuando uno tiene este enfoque, es más eficaz evitar los malos tratos.

DADO EL DIAGNÓSTICO, ¿QUÉ HACE SU OFICINA?
Nosotros movilizamos los Estados y la sociedad civil para encontrar medidas de prevención de la tortura y comprometerse en la prevención. Segundo, los acompañamos a nivel nacional e internacional. En este sentido, trabajamos con los Estados, la sociedad civil y las Defensorías en capacitación de cómo hacer visitas, monitorear las condiciones de detención y detectar riesgos de las malas prácticas y torturas. El tercer paso es inspirar a los actores a soluciones novedosas para poder proteger a las personas privadas de libertad. Tenemos un enfoque, una atención particular, para las personas que tienen una doble vulnerabilidad, como mujeres, migrantes o LGBT.

¿CUÁL HA SIDO EL AVANCE DEL PAÍS EN ESTA MATERIA?
Ha habido varios pasos en Panamá sobre el tema de tortura. En agosto, una misión del gobierno rindió cuentas en Ginebra, Suiza, con el Comité contra la Tortura. El comité examina los avances del país y revisa si cumplió sus obligaciones que había convenido ante el Comité contra la Tortura. El informe se presentó ante diez expertos en Suiza, que entabló un diálogo con los panameños, y le hizo varias recomendaciones. Otra visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura vino a Panamá en agosto y la delegación, compuesta por cuatro expertos de distintas partes del mundo que vinieron por dos temas principales: apoyar al Estado en la instalación de un mecanismo de prevención de la tortura y para revisar las condiciones del trato en detención.

PANAMÁ PARECE VIVIR EN UN CÍRCULO VICIOSO, ¿EN QUÉ HEMOS AVANZADO EN ESTA MATERIA?
La Asociación es una organización no gubernamental que ha acompañado a Panamá desde 2010, cuando el país ratificó el Tratado de Prevención contra la Tortura, esto fue un gran avance. La Comisión que vino a Panamá en agosto buscó entablar un diálogo con los actores para encontrar medidas para prevenir los malos tratos. Las situaciones son complejas, la jefa de la delegación igualmente mencionó que no es un tema que se resuelve a corto plazo. Es cómo hacemos para cambiarlo de manera duradera.

¿POR QUÉ LA REINSERCIÓN ES UNA NOVEDAD PARA PANAMÁ, CUANDO HA INTENTADO HACERLO POR AÑOS?
Panamá está en un camino de reformas. Para cada problema hay una solución, pero compleja, en la que intervienen varios actores. Entonces, para prevenir que estos temas ocurran hay que tomar medidas a largo plazo. Por ejemplo, en el caso del abuso policial se requieren capacitaciones, un sistema de selección del personal, una capacitación en términos de derechos humanos y uso de la fuerza que ha sido efectiva en otros países a largo plazo. Son procesos de cambios de cultura y prácticas.

SON CAMBIOS A LARGO PLAZO...
Podría ser, pero depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, en una cárcel, para mejorar la situación de las privados de libertad hace falta cambiar la cultura o el trato de la persona en la forma como se dirige a la otra, esto sí requiere mucho tiempo. Otro ejemplo es cuando se detiene a una persona en la calle, para notificar a un familiar del hecho, solo hace falta un teléfono.

PANAMÁ HA SIDO CRITICADA POR EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUNTA COCO, ¿CUÁL FUE LA RECOMENDACIÓN QUE SE HIZO AL RESPECTO?

La Asociación no tiene en su mandato visitar los centros de detención, sino que acompañamos a los actores nacionales cuando lo hacen. Lo que hemos hecho es facilitar los estándares internacionales. El tema de Punta Coco es particular porque hubo atención internacional que llamó la atención del Comité contra la Tortura y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Nosotros creemos que refleja un tema nacional de problemáticas similares a otros países, por ejemplo, cómo asegurar la seguridad ciudadana y al mismo tiempo la dignidad de los privados de libertad. A veces ese equilibrio no se da, pero hay que preguntarse si en Punta Coco se da ese equilibrio. Desde el punto de vista de la Asociación es que se deben respetar las recomendaciones que hizo la CIDH, que sí ha emitido su opinión al respecto.

¿LA ASOCIACIÓN NO TIENE UNA OPINIÓN PROPIA?
No lo hemos hecho porque no es nuestro mandato, porque es un tema muy nacional.

ENTONCES, ¿QUÉ RESULTADOS DAN USTEDES COMO ASOCIACIÓN?
Hace cuarenta años existimos y hemos tenido resultados importantes. A nivel internacional, impulsamos dos tratados contra la tortura, uno de ellos es el europeo, y lo están cumpliendo. Hoy, 83 Estados han abierto su sistema al escrutinio nacional e internacional. En otros países hemos acompañado a los actores y ha habido cambios a través de visitas y recomendaciones. Acompañamos los esfuerzos nacionales.

¿EN PANAMÁ HAY TORTURA O NO?
Es una pregunta que nos hacen en cada país. En Panamá, hay definitivamente situaciones de malos tratos, como fue puesto en conocimiento al Comité contra la Tortura. Existen situaciones tales como hacinamiento, presencia de armas de fuego, de droga, corrupción, falta de acceso a servicios básicos que podrían generar malos tratos. Ha habido sentencias también al respecto. El tema es qué se está haciendo para prevenirlo.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA, SEGÚN SU VISIÓN, ENTRE UN MAL TRATO Y UNA TORTURA?
Lo que planteas es muy importante, a veces hay confusión entre ambos términos. Una tortura es un acto cometido con un fin que provoca un sufrimiento físico o mental a cambio de una confesión, o de presión, y este acto está cometido por un agente del Estado o alguien bajo su presencia o dominio. Son casos muy particulares.

PERO, ¿HAN OCURRIDO EN PANAMÁ EN TIEMPOS DEMOCRÁTICOS?
¡Claro! El Comité contra la Tortura ha puesto en relieve el caso de (Jesús Tranquilino) Vélez Loor, que pasó hace varios años, y ahí también el Comité pone de relieve la necesidad de contar con un registro de casos de tortura, que no hay aún.

¿QUÉ TAN ABIERTO ES PANAMÁ EN OFRECER DATOS PARA DAR ESTE DIAGNÓSTICO?
Es que nosotros no trabajamos directamente con las denuncias. Panamá se ha mostrado interesado en cambiar porque se ha presentado frente al Comité presentando informes y hace varios años que no lo hacía. La mayoría de los países de la región no tienen los datos, así que es difícil saber cuántos casos hay y qué resultados hubo. La necesidad de establecer el registro es un sinónimo para los países de América Latina, es un reto para la mayoría de los Estados.

EN AGOSTO, EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA VISITÓ EL PAÍS PARA ESTABLECER MECANISMOS DE ESCRUTINIO, ¿QUÉ TAN ABIERTO ESTÁ EL GOBIERNO RESPECTO A ESE TEMA?
Panamá adquirió una obligación a nivel internacional de establecer un mecanismo nacional para prevenir la tortura y detectar riesgos de malos tratos y proponer recomendaciones concretas. Eso fue en 2011 y en febrero de 2017 adoptó una ley estableciendo el mecanismo que crea una Dirección Nacional adscrita a la Defensoría del Pueblo, cuya misión será la prevención. La ley requiere una reglamentación que aún no se hace, pero está en buenos pasos porque se escribió un borrador y es importante que se presente ahora a las autoridades para implementarlo. Esto lanza un proceso de selección abierto y transparente para la escogencia de las altas autoridades de la Dirección Nacional. Es un proceso interesante porque habrá representantes del poder Judicial, del Legislativo, del Ejecutivo y dos representantes de la sociedad civil.

¿Y DE LA POLICÍA?
Será un representante del Ejecutivo en la Dirección. Son cinco personas las que integran el Comité que lanzarán un proceso de selección abierto para escoger a un director y otro subdirector de este nuevo mecanismo de prevención de la tortura. El segundo aspecto es que debe haber un presupuesto adicional asignado a la Defensoría del Pueblo que debe definirse próximamente.

¿CÓMO LLEVARLO A LA PRÁCTICA?
Exactamente, ese es el problema en muchos países del mundo, la brecha entre la ley y la práctica. ¿Cómo hacer? Es un mecanismo práctico, visita los lugares de detención, habla con los actores, hace un diagnóstico de la situación y luego hace propuestas concretas que no solo son leyes. Pueden proponer cerrar un lugar de detención o proveer más servicios o un diálogo abierto, etc.

EXISTE LA PERCEPCIÓN DE QUE PARTE DE LA CORRUPCIÓN EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS SE INICIA CON LA POLICÍA...
Para ingresar a las cárceles, la sociedad civil debe cumplir con un protocolo. Sabemos que otras organizaciones han ingresado, al igual que la Defensoría del Pueblo, pero este mecanismo, por ley, tiene acceso a todas las cárceles, sin necesidad de avisar anticipadamente. El tema de ingresar con objetos ilícitos tendrá que mirarlo el mecanismo de prevención porque la idea es hacer visitas largas por varios días e identificar cuáles son las razones por las que entran estos objetos.

EN SU EXPERIENCIA, ¿CUÁLES SON ESTAS RAZONES?
En un lugar de encierro donde hay hacinamiento hay una presión en el sistema. Una escasez de personal, de acceso a los servicios y es donde se generan relaciones de poder informales. Además, hay que mirar los procedimientos de ingresos, las requisas, para saber si se están dando de manera digna. También saber si a raíz de estos problemas las personas han tenido acceso a programas educativos.

¿CUÁL ES EL INFORME DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ QUE HICIERON LA VISITA EN AGOSTO?
El informe lo tendrán que dar al Gobierno en los próximos meses y ojalá que lo publique. En él tendrá el análisis. Desde nuestra organización, compartimos un análisis global de la corrupción y las recomendaciones.

PERO, ¿POR QUÉ TIENE QUE ENTREGARSE AL GOBIERNO ANTES DE SER PUBLICADO?
Porque así lo prevé el Tratado Internacional. Está basado sobre el diálogo, es prevención. Redactarán el informe y se lo envían al Gobierno para después tener un diálogo.

PERO, ENTONCES, ESO QUEDA ENTRE EL COMITÉ Y EL GOBIERNO, SIN QUE LA CIUDADANÍA TENGA INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO...
La idea es que la ciudadanía pueda pedir al Gobierno que se publique el informe.

PERO SI HABLAMOS DE TRANSPARENCIA, LOS PRIMEROS QUE DEBERÍAN DAR EL PASO SERÍA EL COMITÉ, QUE DEBERÍA OFRECER EL INFORME EN FORMA PARALELA...
Nosotros como oenegé no somos Naciones Unidas, así que no vamos a tener el informe. Así está previsto en el Tratado Internacional.

ME PARECE UN SECRETISMO ABSURDO...
Sí y no. La mayoría de los países en América Latina han publicado el informe.

¿DESPUÉS DE CUÁNTO TIEMPO LO PUBLICAN?
En Chile, por ejemplo, fue después de un mes.

¿Y LO CAMBIAN O LO PUBLICAN IGUAL?
Lo publican igual, con la respuesta del Estado mostrando lo que se ha hecho, porque la idea no es para denunciar o linchar. Yo espero que el informe esté público.

LE DIGO PORQUE EL ACTUAL GOBIERNO HA MANIFESTADO TENER MAYOR INTERÉS POR ATENDER EL SISTEMA PENITENCIARIO...
Exactamente, confiamos en que Panamá lo va a publicar.

¿USTED PUEDE CALIFICAR A PANAMÁ EN MALOS TRATOS?
No hacemos en ese sentido, no hay un ranking de qué país hace mejor o peor. Lo que es importante resaltar es que tiene que seguir lo que ha implementado. Está en buen camino.

¿ESTÁ MAL O BIEN? ¿CÓMO?
Tiene que implementar las recomendaciones que hizo el Comité contra la Tortura, que es una hoja de ruta importante para cambiar las prácticas recomendadas.

SI NO ES POSIBLE HACER UN RANKING, ¿CÓMO LO EVALÚAN?
No lo calificamos del todo. Sabemos cuáles son los países que tienen voluntad política para cambiar, que es el caso de Panamá, donde hay una sociedad activa, asociaciones de derechos humanos y una cultura abierta para el ingreso a los centros de detención.

¿DESDE CUÁNDO PANAMÁ MUESTRA VOLUNTAD DE CAMBIO?
Nuestra oficina se instaló en Panamá en 2010, desde esa fecha hemos trabajado muy de cerca con el país, pero desde antes se habían dado esfuerzos a nivel internacional.

¿HAY CAMBIOS SEGÚN LOS GOBIERNOS?
Es difícil decirlo. Desde que se ratificó el Tratado, en 2011, han habido procesos de consulta, de participación de los gobiernos.

¿CREE QUE ES MEJOR QUE LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE LAS CÁRCELES ESTÉ EN MANOS DE LA POLICÍA O DE CUSTODIOS?
Ahí queremos referirnos a la recomendación del Comité contra la Tortura, la idea es que el Sistema Penitenciario tendría que estar a cargo de la seguridad interna y externa. El plan está, pero aún hay una dependencia de la Policía. Se requiere de más de 1,500 personas para encargarse de toda la tarea, pero sobre todo personal capacitado y bien pagado. Porque uno está a cargo de otras personas y hay estándares de cómo se maneja un motín de manera respetuosa, etc.

¿QUÉ PASA CON LAS CÁRCELES QUE SALEN DE CONTROL DE LA AUTORIDAD?
El problema del autogobierno es compartido por otros Estados. Algunos de ellos han cambiado la infraestructura.

¿EN PANAMÁ HAY CÁRCELES DE AUTOGOBIERNO?
Eso depende de cada cárcel, están haciendo esfuerzos para poder acomodar a las personas por clasificación y la construcción de nuevos centros penitenciarios, es un problema que no se resuelve de un día para otro.

NOMBRE COMPLETO: AUDREY OLIVIER MURALT
  • Nacimiento: 12 de febrero de 1983, Bretaña, Francia
  • Ocupación: Directora de la Oficina Regional de la Asociación para la Prevención de la Tortura
  • Resumen de su carrera: Directora Regional de la Oficina para Latinoamérica de la Asociación para la Prevención de la Tortura en Ginebra, Suiza. Posee un máster en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, así como de una Licenciatura en Ciencias Políticas y Derecho Público. Ha trabajado para organizaciones no gubernamentales durante los últimos nueve años. Antes de incorporarse a la Oficina Regional de la APT para América Latina en Panamá, trabajó para una organización suiza en temas de gobernabilidad y seguridad privada.


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