domingo, 8 de enero de 2017

‘Diarios están en el peor de los limbos con respecto a Lista Clinton’

Eloy Alfaro, exembajador de Panamá en Washington, explica que aunque la extensión de la licencia no es la solución al problema, se abre la oportunidad para buscar soluciones, aunque no parecieran ser muchas

Alfaro nos da su opinión sobre el caso GESE.


El Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE) acaba de librarse de la guillotina que le provocaría cerrar forzosamente los diarios —el 5 de enero a la media noche— hasta solucionar la situación del señor Abdul Waked, accionista principal del medio, que fue incluido en la ‘Lista Clinton' en mayo de 2016. El tema ha movido a la opinión pública presionando al Gobierno a actuar con el propósito de defender la libre expresión y prensa para los ciudadanos. Eloy Alfaro, miembro del Consejo Editorial de GESE, y exembajador de Panamá en la capital norteamericana, conoce por experiencia cómo se manejan las relaciones bilaterales en una situación en la que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) a través del Departamento del Tesoro, ha incluido a 68 empresas y sus dueños en este listado por sospechas o indicios de haber incurrido en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

¿QUÉ PASARÁ EN SEIS MESES, CUANDO VENZA NUEVAMENTE LA EXTENSIÓN DE LA LICENCIA?
Creo que lo primero que hay que tener claro es que el propósito de la ‘Lista Clinton' es causar la destrucción económica de cualquier individuo o grupo comercial sin la necesidad de estar bajo el control jurisdiccional de Estados Unidos. La ‘Lista Clinton' no es una cosa inocente. Es cierto que responde a las leyes de Estados Unidos, pero fue creada para evitar que quienes están señalados en ella tengan oportunidades que les ofrece normalmente el sistema de justicia de Estados Unidos. Su propósito expreso, con toda intención, es el de destruir. Para evitar que en algunos casos esa destrucción sea más rápido y mayor, existen ciertas licencias que la misma oficina de OFAC expide para mantener relaciones comerciales de ciudadanos norteamericanos con las personas que están en la lista por un tiempo determinado. Lo acabamos de vivir en ‘La Estrella'. Pero, ¿cuál es el problema? Que esas licencias son una especie de engaño manifiesto porque es muy difícil entenderlas. Mi primera licencia de cerca con el tema fue ahora en los últimos meses y lo que me explicaron los abogados es que precisamente nadie las entiende. Los mismos proveedores a quienes se les permite relacionarse comercialmente con las empresas señaladas en las listas, no comprenden las licencias y prefieren abstenerse de cualquier relación antes de correr los riesgos de la severidad de las sanciones que se pueden imponer. El caso de ‘La Estrella' y ‘El Siglo' es todavía peor porque están en el peor de los limbos. Ha habido una especie de confusión en saber si están o no en la lista. Yo comprendo la confusión, pero para explicarlo en forma sencilla es que no están listados con nombre y apellido, pero están incluidos por referencia, porque al final de la lista que incluye a 68 individuos y empresas hay una coma que dice: y cualquier otra empresa que más de 51% que esté controlada por alguien que esté en la lista y es el caso de GESE. Si yo soy un banco o un proveedor americano que quiero saber si puedo relacionarme y llevar a cabo transacciones con GESE, busco la lista y no está, pero por las noticias sospecho que no tenga licencia, entonces yo tengo que llamar a OFAC o a la embajada americana, y la respuesta inmediata es que sí está afectada por la lista.

SE PROLONGA LA AGONÍA, PERO CON LAS MISMAS POSICIONES, ¿QUÉ VA A CAMBIAR?
Es un hecho que la licencia, si bien se anunció a última hora, cosa que me parece una crueldad porque se mantuvo en agonía a los empleados, y me parece cruel, es cierto que se extiende la oportunidad para buscar soluciones, aunque no parecieran ser muchas. La situación continúa siendo la misma. El problema con la ‘Lista Clinton', y en este caso aplicado a GESE, es que es un mecanismo confiscatorio, es arbitrario, porque obliga a las personas y empresas involucradas a deshacerse de esas inversiones sin que haya habido un proceso en el que el propietario haya sido condenado. Hay poca oportunidad de que ningún proceso pueda resolverse o concluirse antes de que los efectos retroactivos hayan acabado a la víctima.

Eloy Alfaro conversa con Adelita Coriat.


VAMOS A SUPONER QUE LOS PERIÓDICOS NO SE VENDAN...
Estados Unidos ha vuelto a expresar, por voceros del país, y por lo que yo interpreto son voceros de Panamá, si la situación continúa, es que en poco tiempo estaremos en la misma situación por no haberse decidido a desvincularse de por lo menos el 51% de la inversión. En ese caso, podría negarse una nueva licencia y los periódicos continuarán en esta zozobra. En realidad lo importante va a ser si hay algún mecanismo o si alguien cambia de postura, pero desde un punto de vista de principios, el problema es que hay una afectación a la libertad de expresión. No es posible que depende de los Estados Unidos quién puede ser o no propietario de un medio de comunicación sin que por lo menos haya habido un proceso que lo haya condenado por lavado de dinero.

¿POR QUÉ EN ESTE TIPO DE CASOS NO SE PASA DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO A UNO CRIMINAL?
Porque los procesos judiciales demoran mucho tiempo, pero el efecto destructivo ocurre con mayor rapidez.

ENTONCES, ¿EL PROPÓSITO NO ES PONER EN LA CÁRCEL A LA PERSONA, SINO DESTRUIRLA ECONÓMICAMENTE?
Así es. La manera como la lista se ha aplicado a Panamá, en la que se han incluido las 68 empresas, según me explican los abogados, es una especie de desnaturalización de la propia lista, porque no estaba diseñada para ser aplicada de esa forma.

EL PRESIDENTE DIJO QUE INTERVINO PARA QUE SE PROLONGUE LA LICENCIA, ¿USTED CREE QUE FUE ASÍ?
Yo no tengo manera de saber si es verdad. Yo también he sido muy crítico de la actitud que ha tenido el gobierno y algunos de sus voceros, así como de Estados Unidos. Yo creo que para tratar de ser un poco justos es posible que eso ocurrió y hay que reconocer que de alguna manera sí se han hecho esfuerzos diplomáticos por parte del Gobierno. Hay que reconocer que el propio embajador de Estados Unidos en Panamá tiene que haber transmitido con algún grado de éxito la crisis que se presentaba para los periódicos en Panamá. No puedo dudar que ha habido gestiones de ambos lados. Pero yo creo que el problema que se aprecia es que la actitud del Gobierno no ha cambiado desde que comenzó la crisis, en mayo, hasta ahora.

LO QUE LLAMA LA ATENCIÓN ES QUE SE PONDERA EL PROBLEMA DE LOS EMPLEOS ANTES QUE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN...
Por eso es que la actitud del Gobierno no se ha modificado en la medida que los acontecimientos se han dado o se han dejado de desarrollar. Esto lo digo porque no es la misma situación cuando se anunció la catástrofe el señalamiento de lavado de dinero y la duda de si era o no. Nadie puede explicar que en ocho meses no se hayan ofrecido pruebas, dudo mucho que esas pruebas se las hayan ofrecido a funcionarios de gobierno, porque entonces ellos debían presentarlas a las autoridades.

LA PRIMERA DAMA COLGÓ UN TUIT CON LO SIGUIENTE: ‘NO PUEDO CREER QUE EN SERIO HAYA PERSONAS QUE CREAN QUE NO HAY PRUEBAS, O NO QUIEREN ENTENDER?...'
Ese comentario refleja lo que pueden pensar algunos ciudadanos o quizás muchos. En una situación en que Estados Unidos dice que hay pruebas, ¿cómo no se va a creer eso? Pero esa no es la manera de determinarlo, sino la oportunidad en un proceso en el que se presenten las pruebas y el acusado tenga la oportunidad de presentar sus descargos y le corresponda al tribunal determinar si hay un acto delictivo o la culpabilidad de la persona. El problema es que aquí se nos pide un acto de fe, y este tema no es de religión. Para un abogado es muy difícil aceptar que haya una guillotina antes de defenderse.

Segúnn Eloy Alfaro nadie conoce las interioridades del caso GESE.


POR LO QUE ELLA ESCRIBE, DA LA IMPRESIÓN DE QUE ELLA CONOCE LAS PRUEBAS...
Nadie que no conoce las interioridades del caso, y sobre todo antes de que se desarrolle, puede saber si hay o no pruebas. Ese es el problema.

PERO AQUÍ EL MINISTERIO PÚBLICO SOBRESEYÓ EL CASO, POR LO QUE SI LA PRIMERA DAMA ESTÁ EN CONOCIMIENTO DE LAS MISMAS, DEBERÍA PRESENTARLAS ENTONCES...
No quisiera condenar a nadie y tampoco a la primera dama por lo que resulta de impulsividad del tema de los tuits. Pero quisiera rescatar el tema de fondo que es si hay o no pruebas. Precisamente, es que la situación ha cambiado porque una cosa es que se tuviera la duda hace ocho meses y otra es que todavía no se hayan presentado las pruebas.

LA DEFENSA DEL SEÑOR ABDUL WAKED SOLICITÓ A LA CORTE QUE EL DEPARTAMENTO DEL TESORO APORTARA LAS PRUEBAS...
No tengo mayor información, lo que sé es que las respuestas a la solicitud de información, no solo en este caso, es que no había sido muy exitosa, que las pruebas que se habían revelado no tenían mayor trascendencia, pero no conozco con exactitud.

¿CAMBIARÍA EL PANORAMA CON LA LLEGADA DEL ELECTO PRESIDENTE DONALD TRUMP?
Es muy difícil saberlo. El presidente electo se ha manifestado bastante alérgico a las medidas que provienen de la actual administración y aquí estamos frente a una ‘Lista Cinton' en la que puso a este grupo económico el presidente Obama. Es posible que como una reacción anímica él pueda contrariar la medida. Pero también es posible que la arbitrariedad intrínseca en el mecanismo de OFAC, en la que ponen a alguien en lista y después ven si se comprueba o no la culpabilidad, le juega las manos al presidente Trump, que muestra también cierta conducta arbitraria.

CON TANTAS TAREAS PENDIENTES AL LLEGAR AL PODER, ¿NO QUEDARÍA MUY RELEGADO EL CASO QUE NOS OCUPA?
Estados Unidos no actúa de una forma uniforme, el Gobierno está compuesto de varias agencias que no actúan desde un punto de vista uniforme. Pero al final de una administración esas agencias puede tender a descontrolarse. En el caso de OFAC he tenido opiniones al respecto de algunos exfuncionarios de esa agencia, en el sentido de que está fuera de control y va a tomar algún tiempo para que la nueva administración aprenda, se haga cargo, y tenga conocimiento de la situación. A mí me preocupa una situación más permanente como escuchar a los voceros del gobierno que no han cambiado su guión, y me preocupa que el mismo sea muy coincidente con el de los voceros de los Estados Unidos.

¿PODRÍAN ESTAR DE ACUERDO EN LAS COSAS?
No entiendo cuál es la razón por la que el gobierno de Panamá no pueda advertir y denunciar la arbitrariedad que implica el mecanismo de las listas, la falta de oportunidad de la defensa que evita que alguien pueda defenderse. Esa ha sido mi opinión y me preocupa que no haya cambiado la actitud. Yo comprendo que para el gobierno eso puede ser un problema y además irrita las relaciones bilaterales, porque esa historia de que la relación con Estados Unidos está en sus mejores momentos, me parece imposible. No puede ser que esté en tan buen momento.

¿CÓMO LAS CALIFICA, ENTONCES?
Tampoco creo que la relación bilateral se reduce a este problema, hay muchos intereses comunes y hay que entender que cualquier gobierno quiere proteger las buenas relaciones con Estados Unidos. Se ha dicho, y sé que a mí me consideran como cabeza caliente, que hay que romper relaciones con el Norte, eso es un disparate. Pero no entiendo cuál es el problema para denunciar las violaciones a los propios principios de derecho que tienen los Estados Unidos que tienen una afectación tan importante en Panamá.

¿CÓMO SE MANEJAN ESTAS SITUACIONES ESPINOSAS EN LA DIPLOMACIA?
Lo primero es que hay que decirle de frente al país con el que uno tiene una diferencia de criterios, cuál es el criterio propio. Yo no tengo manera de saber si esto ha ocurrido, asumo que sí se ha hecho. El segundo paso es tratar de que esa posición que adopta el gobierno afectado, en este caso Panamá, lo conozca la opinión pública y que trascienda por los canales formales al otro país. Creo que algunas de esas cosas se han hecho, creo que el Gobierno ha hecho algo de eso porque se han cursado cartas donde se hace trascender la posición diplomática de Panamá. Me parece que el problema ha sido más bien que el gobierno no ha logrado con identificación que está comprometido con la defensa de los derechos de os panameños y en este sentido que se opone, que denuncia, las arbitrariedades que este sistema permite y que tiene consecuencias tan serias como el que en los medios acabamos de vivir.

¿Y CÓMO SE TOMAN ESTE TIPO DE DECISIONES, DE PONER A CIERTA EMPRESA EN LA LISTA CLINTON?
El Departamento de Estado tiene que haber dado el visto bueno. O la carga de la prueba es enorme, y verdaderamente afecta o no, y por alguna razón dijeron denle. El momento fue oportuno después de que Panamá se debilitó por los Papeles de Panamá.

¿USTED CREE QUE EXISTEN PRUEBAS CONTUNDENTES?
Yo no sé. Por lo que he visto con relación al caso específico de Balboa Bank y lo que me dicen los otros abogados que están viendo el tema, que son tres firmas de abogados en Washington atendiendo el tema: una de parte del papá de Nidal Waked, otra por el grupo del señor Abdul Waked y una tercera por los directores de Balboa Bank que quedaron atrapados, son personas serias sin relación con lavado de dinero. No tienen idea qué tipo de lavado de dinero ocurrió, no es que lo nieguen, pero quieren saber cómo fue porque incluso hasta hay ministros accionistas en ese banco. Hace un mes las tres firmas se reunieron para cambiar impresiones, y me dijeron que llegaron a la conclusión en que OFAC no tiene nada. En el caso del señor Abdul, una firma de abogados grande, ellos han llegado al convencimiento de que no hay pruebas porque ellos conocen cómo se manejan esos indicios, han solicitado las pruebas y no se han presentado, y eso no los convence. Es más, me alegro de escucharlo, pero uno no puede asumir que no hay pruebas porque después le pegan a uno en la cara. No estoy defendiendo a nadie, sino a la falta de proceso.

¿USTED CONSIDERA QUE SE DEBEN HACER CAMBIOS CON RELACIÓN A LAS POLÍTICAS QUE LLEVAN A PANAMÁ A SER INCLUIDA EN LAS LISTAS DE PARAÍSOS FISCALES?
Siempre es bueno un cambio. Pero no es criminal ser una jurisdicción atractiva para el capital que huye de otras jurisdicciones porque les imponen impuestos muy altos o hay confiscaciones, por eso Panamá siempre fue un refugio, y no estoy seguro que esto fue ilegítimo. Lo que pasa es que donde en algunas jurisdicciones pasan páramos económicos porque han derrochado su riqueza y necesitan ordeñar a sus ciudadanos al punto que tienen impuestos sobre la renta altísimos, y se han puesto menos dispuestos a tolerar la competencia.

¿CÓMO EVALÚA EL ACTUAR DEL GOBIERNO CON FRANCIA QUE NO NOS HA SACADO DE LA LISTA DE PARAÍSOS FISCALES?
La actitud es de tratar de llevar la fiesta de una forma conciliatoria pero no sé si está resultando. Yo creo que hay distintas formas de hacerlo, sobre todo con un país como Francia.

¿COMO QUE?
A mí no me mortifica que estemos en la lista de Francia, porque yo creo que al final poco nos importa. Pero yo creo que llega un momento en que si estamos en una lista Francia no puede tener la capacidad de inversiones en Panamá como si no lo estuviéramos. Hay algunas cosas que pueden hacer en el tema de intercambio de información y proporcionarla cuando se solicita por los canales correspondientes y de manera activa, no tratar de esconderla. Yo creo que ahí puede haber una razón de Francia. Pero no permitir que Panamá, o incluso los funcionarios diplomáticos que han buscado una vía conciliatoria y les tiran la puerta en la cara, yo creo que hay más de lo que puede hacer el país por sus funcionarios. Yo creo que se debe hacer un menú para saber qué medidas puedan perjudicar más a Francia y menos a Panamá. El problema es que las medidas de retorsión muchas veces terminan perjudicando aquí a algún comerciante, y hay que analizarlas antes de aplicarlas, pero si no se hace nada hemos caído en un ciclo de desprestigio internacional del cual se aprovechan mucho países, yo creo que esto fue en parte lo que sucedió con el caso Waked, porque ocurrió después de los Panama Papers. El país estaba vulnerable y ¡zas! Cayó lo de Waked.

¿CREE QUE LA INVESTIGACIÓN DE ODEBRECHT SERÁ EFECTIVA EN EL PAÍS?
El Gobierno se lamenta de que en el caso de Abdul Waked hay voces que pretenden que se rajen las vestiduras, yo no creo que eso es lo que se pretende en este caso, que se denuncien las arbitrariedades ocurridas en este caso. Pero lo que sí no veo que se desgarren las vestiduras es en el control de la corrupción.

¿CAIGA QUIEN CAIGA?
Es que tiene que detenerse la corrupción, caracterizada de manera particular en el caso de Odebrecht, y también tiene que haber algún tipo de sanción. Sepamos qué fue lo que pasó, no puede ser que sigue un ocultamiento cuando la ciudadanía ya se cansó de eso, y lleva a un desprestigio de toda la clase política. Es un peligro para el futuro político del país que no se averigüe. Lo que se dice es que supuestamente hay varias administraciones implicadas en distintos tipo de actos de corrupción vinculados a Odebrecht; si eso es cierto, estaríamos en una situación de crisis y desprestigio de toda la clase política en Panamá, pero el hecho de que eso represente un peligro no quiere decir que tenemos que encubrirlo, además que yo creo que eso es imposible porque ya la información tiene la tendencia a salir, no la controlamos nosotros, la controlan las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de Brasil, Perú, Ecuador, Suiza y eso va a permear. Es como pretender detener un parto.

ELOY ALFARO DE ALBA

  • Exembajador de Panamá en Washington y miembro del Consejo editorial GESE
  • Nombre completo: Eloy Alfaro de Alba
  • Nacimiento: 7 agosto de 1946, Panamá, Panamá
  • Ocupación: Abogado
  • Resumen de su carrera: Máster en Administración de Empresas (1974), doctor en Derecho, Universidad de Columbia (1972), Universidad en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América (Licenciatura, 1969). Socio fundador de la firma Tapia, Linares y Alfaro. Exembajador de Panamá en Washington (1998). Miembro de la Asociación de Derecho Marítimo de Panamá, de la Asociación Internacional de Abogados (miembro fundador y primer presidente (1995-1996). Miembro de la comisión redactora de la base legislativa para la Autoridad del Canal de Panamá y de la comisión presidencial de transición de la vía.

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