lunes, 8 de agosto de 2016

El trayecto del fallo de nulidad

Los oficios dirigidos al Sistema Penitenciario se elaboraron el 29 de junio, ese día se entregaron en las oficinas de enlace dentro de la Corte. El cuadernillo de la Fiscalía de Drogas se envió a través del CCJ el 1 de julio

Aquel 29 de junio de 2016 será una fecha recordada por varios funcionarios del Juzgado Cuarto de Circuito Penal. Aunque podría tratarse de un día común y corriente de trabajo, las actuaciones de los que ahí laboran desatarían una investigación solicitada por el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.

Ese día, Johnattan Collins, escribiente II del juzgado llegó a trabajar temprano, como de costumbre.

Antes de las 9 de la mañana ya tenía una de las primeras tareas que le había encargado la secretaria judicial Nitzeida Navarro: redactar unos oficios de libertad e impedimentos de salida que surgían a raíz de un incidente de nulidad que había fallado la juez suplente Yoideth Chirú, previa verificación de la principal, Celia Bonilla de Duncan.

LOS PRIMEROS OFICIOS
Cuando culminó la tarea, la secretaria judicial, al ver que el portero -que es quien generalmente lleva a cabo este tipo de oficios- no se encontraba en el despacho, le indicó a Collins que dejara los papeles en la oficina del sistema penitenciario ubicada en el piso 1 del edificio.

El funcionario obedeció y tomó en su mano los oficios 42, dirigido al sistema penitenciario, y el 43, que correspondía al Centro Femenino de Rehabilitación.

Las órdenes no levantaron sospecha de Collins, "eran parte del procedimiento normal entregar los papeles el mismo día que se confeccionan", relató ésta al fiscal Marcelino Aguilar a cargo de la investigación que pretende esclarecer el procedimiento que efectuó el juzgado para otorgar la libertad a los imputados.

El Fiscal quiere saber por qué razón los oficios de libertad se entregaron dos días antes que la notificación a la Fiscalía de Drogas, para que ésta tuviera la posibilidad de apelar el fallo de la juez. Además de la Fiscalía, el Servicio Nacional de Migración también recibió los papeles originales el primer día de julio.

Para Collins no había nada raro en trasladar los papeles. Era parte de sus labores diarias, cuando el portero se mantenía ocupado fuera del despacho, era él quien se ecargaba de llevar los documentos dentro del edificio de la Corte.

El resto de los Autos correspondientes al mismo caso; migración con impedimento de salida, y el de la Fiscalía Especializada de Drogas, se enviaron por la vía regular, a través del Centro de Comunicaciones Judiciales (CCJ). No sería Collins quien los traslade, sino Jaime Ordoñez, el portero del juzgado encargado de transportar los cuadernillos a esta oficina -ubicada fuera del edificio de la Corte- con el busito que facilita el Órgano Judicial para este propósito.

A LA FISCALÍA POR EL CCJ
Fue Ordoñez quien trasladó el cuadernillo al CCJ el viernes. Eso lo recuerda ahora por los interrogatorios del Fiscal, porque él se lo dice. En realidad, su trabajo está constantemente plagado de papeles y tomos de expedientes que requieren ser trasladados a distintos lugares.

Según las investigaciones, la nulidad arribó ese viernes a la Fiscalía de Drogas en horas de la tarde, cuando ya no había tiempo para apelar la decisión de la juez suplente. Fue lo que enfadó al Fiscal Marquel Mora quien atendía el caso de los imputados por narcotráfico que recibieron una medida cautelar, distinta a la detención preventiva, antes de que pudiera oponerse a la decisión judicial.

El portero no rememora los números de los oficios a los que se refiere el Fiscal, tantos que recibe a diario, no les puso atención. Su trabajo no tiene ciencia, lee para quién va dirigido el papel, si se trata de alguno que hay que entregar dentro del edificio lo registra en un control de recibidos. En caso de que se envíen al CCJ, cada uno tiene un formato de envío.

En particular, el portero no recuerda los cuadernillos que envió a la Fiscalía de Drogas o a Migración, todos los días manipula “muchos expedientes”, se excusa ante el Fiscal.

Tampoco le asiste la memoria para responder al fiscal quién le dio la instrucción, puesto que su función como portero consiste precisamente en eso, en repartir los expedientes u oficios.

"No recuerdo los días y las horas porque son tantos los documentos que llevo que no podría recordar cada uno de ellos, fojas y números" le dice al Fiscal. Añade que en el juzgado tampoco tienen un día u hora específicas en que se llevan los expedientes al CCJ. Por lo general, añade, se hace en el transcurso de la mañana, entre las ocho y el medio día.

La experiencia es que los expedientes que deben dirigirse a la Fiscalía para notificación, se llevan al centro de comunicaciones judiciales. Pero todos los expedientes mantienen el mismo control, se plasma el recibido en una carpeta, y como ésa hay varias: la de las Fiscalía, los oficios, edictos, correspondencia o notificaciones personales de CCJ.

HIPÓTESIS
Jaime Ordoñez tiene 24 años, es estudiante de derecho y trabaja en el Juzgado Cuarto desde hace más de un año como portero.

Las funciones del portero en los juzgados consisten también en sacar copias, revisar expedientes para notificación, llevar la mensajería interna a otros tribunales, a valija, a secretaría administrativa, y otras.

Las tareas pendientes del portero suelen reposar en su escritorio, por lo que es muy probable que él decida la forma de organizar su trabajo. Es posible que no todos los días se envíe documentación al CCJ. En la práctica, si llega un documento éste lo revisa y lo organiza.

Una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido es que el portero haya acumulado los expedientes o papeles desde el miércoles por la tarde para llevarlos el viernes por la mañana, hora en que el CCJ recibe los expedientes.

LAS AMENAZAS
Ese mismo día, el 1 de julio, fecha en que el presidente Juan Carlos Varela sustenta su protocolar discurso anual ante la Asamblea Nacional, Marquel Mora, jefe de la Fiscalía Primera Especializada contra las drogas, haría uno de esos corajes que recordaría por días.

Irónicamente, las palabras del mandatario llamaban la atención a los jueces por liberar a peligrosos criminales. Se refería a una persona que abiertamente le había enviado amenazas personales mientras estaba recluido en la cárcel. “Yo no voy a aceptar eso. Entonces, me toca como Jefe de Estado compartir con el pueblo y con las autoridades competentes esta situación”, expresó el mandatario parado frente a los Diputados.

En la Fiscalía de Drogas, el 1 de julio, el Fiscal recibía un cuadernillo proveniente del Juzgado Cuarto Penal en el que se ordenaba la nulidad de un caso y como consecuencia, 25 personas acusadas de tráfico de drogas y asociación ilícita para delinquir, quedaban prácticamente libres de culpa.

La juez Yoideth Chirú sustentó su fallo por la inexistencia de la resolución de la Sala Penal de la Corte que daba luz verde a la intervención de los teléfonos de los imputados. El documento, aparentemente, no está en el expediente. En vez, solo radica una certificación de la Corte al fiscal Mora en la que reconoce que una veintena de números se intervinieron en distintas fechas.

No especifica, sin embargo, el tiempo por el cual fueron intervenidos, el propósito, o el objetivo que buscaba el investigador con esa acción o la sustentación para intervenir los números. Requisitos indispensables a la hora de solicitar una intervención telefónica en casos de delitos graves.

ANTECEDENTES DE LOS IMPUTADOS
Mauricio José Torrenegra Silva de nacionalidad colombiana, representado por el abogado Edil Peñuela, goza de medida cautelar después de que la jueza Yoideth Chirú declarara nulo el expediente en el que él, junto a otras 24 personas, eran investigadas por posible tráfico de drogas y asociación ilícita para delinquir.

En el 2007, Torrenegra fue capturado en República Dominicana por la Interpol y extraditado a Panamá para rendir cuentas ante la justicia panameña. En aquél entonces, el sujeto se hacía identificar como Roberto Antonio Malcon, según reportaba la prensa nacional.

Peñuela afirma que por este caso su cliente salió absuelto. La Fiscalía Tercera lo requería por delitos contra la fe pública y contra el patrimonio (fraude) en perjuicio de una empresa de teléfonos.

SOLICITUD
Defensa pide que le muestren la Resolución.

La defensa de uno de los imputados en el polémico caso, Edil Peñuela, efectuó, el 29 de julio pasado, una solicitud a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que exigió una serie de documentos que comprueben que las intervenciones de teléfono que efectuó la Fiscalía a su cliente, cumplieron con los protocolos que dicta el Código Judicial.

Según el abogado, la resolución que autoriza los pinchazos, en la que se debería detallar, tiempo determinado en que se intervendrán los números, sustentación de motivos, resultados que pretendía la autoridad con esta acción y otras formalidades, no reposa en el expediente. Por eso es que la juez declaró nulidad.

Entre los papeles, la defensa requirió que le entregaran copia autenticada del acta de reparto de diciembre de 2014 en la que consta el reparto de la solicitud de autorización de intercepción y grabación de escuchas telefónicas presentada por la Fiscalía de Drogas.

También incluyó en la lista la autorización de intercepción y grabación de escuchas, copia de la resolución mediante la cual la Corte autoriza la intercepción de los teléfonos y la solicitud que hizo la Fiscalía a la Corte para estas intercepciones.

Por último, pidió la copia de la resolución calendada el 25 de febrero 2015, mediante la cual la Sala Segunda Penal autorizó la intercepción y grabación de los teléfonos.

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