Juicio para Cucalón y Salerno y eximen a Vallarino y De La Guardia

La Fiscalía Primera Anticorrupción imputó cargos a dos exfuncionarios y un empresario implicados en la recaudación de impuestos en la pasada administación por delito contra la administración y contra la fe pública

La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, halló una relación comercial entre Luis Cucalón, exdirector de la Dirección General de Ingresos, y Cristobal Salerno, propietario de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A que se ganó un contrato para el cobro de impuestos morosos que le generaron beneficios por $47 millones mientras que el primero dirigía la entidad.

Sterling, identificó una sociedad anónima, Arcalusa Investment, S.A., vigente desde 2002, en la que ambos son socios, Cucalón como presidente y Salerno secretario y apoderado. Un hecho que sirvió a la Fiscalía de plataforma para sustentar la imputación de corrupción de funcionarios públicos contra ambos.

Los nexos entre el funcionario público y Cobranzas del Istmo, según la Fiscalía, vulneraron los principios establecidos en la norma de procedimiento administrativo en general, Ley 38 de 2000, así como el contenido del artículo 21 del Código de Ética que señala que el servidor público no debe involucrarse en situaciones incompatibles con sus funciones o que conlleven un conflicto de intereses.

Sterling solicitó llamamiento a juicio a Luis Cucalón (delito contra la administración pública, en las modalidades de peculado y corrupción de servidores públicos, y delito contra la fe pública. Por estos mismos delitos pidió se llame a juicio a Magaly Ramos, gerente de Cobranzas del Istmo, y firmó el contrato que constituyó la herramienta legal para beneficiar a Cobranzas del Istmo.

Con respecto a Cristóbal Salerno, la fiscal pidió al juez se le enjuicie por los delitos contra la administración pública en las dos modalidades citadas anteriormente. Por último imputó a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini por el delito contra la fe pública por haber refrendado el contrato con el incumplimiento de las formalidades jurídicas que requería un contrato de esta naturaleza. Según la fiscal, el refrendo de este contrato, permitió el desembolso económico de las comisiones obtenidas por la empresa en perjuicio del Estado.

En contraste, la fiscal solicitó sobreseimiento provisional por el delito de peculado a favor de Edgardo González, Irasema Sánchez, directivos de Cobranzas del Istmo, y para María Alessandra Salerno, hija y apoderada legal de las acciones de la sociedad en el momento en que se firmó el contrato 100 del 25 de agosto de 2010, pero en 2012 transfirió a su padre la totalidad de las acciones.
Según la fiscal las investigaciones no lograron evidenciar la participación de Alessandra Salerno, a los hechos que motivaron la investigación.

Sterling invocó el principio “societas delinquere non protest”, que individualiza en el ámbito de la estructura societaria a los responsables para justificar el sobreseimiento provisional para los directivos. No obstante, Sterling afirma que “la sociedad Cobranzas del Istmo dentro del engranaje criminal responde en su calidad de participe de peculado y fue necesaria par la comisión de dicho delito por parte de Cuclalón”.

En su declaración indagatoria, María Alessandra se declaró inocente y alegó que no formaba parte de la sociedad Cobranzas del Istmo, S.A, pues considerando que es hija única del empresario, es frecuente que su padre la nombre entre los directivos de sus sociedades. Empero si firma documentos “sin preguntar mayor detalle”.

La fiscal no imputó cargos contra Dulcidio De la Guardia, entonces jefe directo de Cucalón al momento de la firma del polémico contrato, y actual ministro de Economía y Finanzas (MEF). Tampoco consideró a Alberto Vallarino entonces ministro del MEF y quien firmó las fianzas para contratar de forma directa y por una cuantía indeterminada a la gestora de cobros. Tanto Vallarino como De La Guardia, fueron quienes promovieron la Ley 49 de 2009 que permite la tercerización de cobro de impuestos y que continúa vigente.

NEXOS COMPROMETEDORES
Entre los documentos que la funcionaria de instrucción logró recabar, se encuentra una carta de Multibank, del 23 de mayo de 2015, en la que se evidencia que Cobranzas del Istmo giró a Langton International Holdings Limited, durante el periodo de 2011 a 2014, la suma de 32,646,823 cifra que va acorde con el informe de la Unidad de Análisis Financiero y que detalla que los pagos hechos por el MEF a Cobranzas fluían a través de una sociedad, Langton International Holding. Ésta a su vez, destinaba sus ingresos a otras sociedades de Cristobal Salerno, a Gabriel Betesh (prominente empresario vinculado al círculo íntimo del expresidente Ricardo Martinelli), David Monteza y a Strategic Hotel Alliance, sociedad cuyos miembros son los hijos de Cucalón.

En su declaración indagatoria, Salerno aceptó haber dado beneficios económicos a Cucalón a través de Strategic Hotel por $6.8 millones.

Lo dicho por el empresario Salerno, más los detalles de las cuentas bancarias examinadas por la fiscal, ésta concluye que Cucalón recibió dádivas en el desempeño de sus funciones para favorecer a un tercero. En este caso, “fijar comisiones excesivas y fuera de las exigencias establecidas contractualmente con Salerno” se lee en la vista elaborada por Sterling.

Hay que recordar que en junio de 2015, Cristobal Salerno devolvió al Estado $20.69 millones de los que había recibido por recoger los impuestos de los contribuyentes. Cumple prisión preventiva en su residencia desde mayo de 2015, por orden de la Fiscalía Anticorrupción.

Luis Cucalón fue enviado al centro penitenciario El Renacer, sin embargo, por problemas de salud, está recluido en un hospital de la ciudad.

LAS IRREGULARIDADES
Sterling también descansa su investigación en las anomalías administrativas y económicas plasmadas en el informe de auditoría 004- OA y FI, del 15 de enero de 2015.

Entre estas irregularidades se detallan: Cobro de comisiones por pagos continuos durante varios años, por deudas prescritas, incluso algunas datan desde el año 2004. La empresa además percibió comisiones por deudas relacionadas con la retención del ITBMS, y en cuyo caso se determinó que no fueron transferidas al Fisco Nacional. Otro de los hallazgos es que hubo cobro de comisiones sobre pagos vencidos que aún no estaban dentro del rango de los 12 meses de morosidad y del porcentaje establecido.

La fiscal hizo un recuento de doce casos de pagos de contribuyentes con los que pretende sustentar que Cobranzas del Istmo se quedó con un porcentaje mayor al que debía.

La fiscalía contabiliza en total un pago de 104,957,339 millones en recaudación de la empresa y un pago de casi 30 millones a Cobranzas.

El informe establece entre sus conclusiones que el resultado de auditoría es una prueba del incumplimiento del contrato, de una falta de control por parte de la DGI en cuanto al manejo que se le dio a la cartera morosa entregada a Cobranzas del Istmo porque se han detectado casos de contribuyentes que estaban en cobro coactivo y fueron entregados a la empresa para gestionar el cobro y sobre los abonos se cobraba comisión.