martes, 15 de diciembre de 2015

El anfiteatro se construye sobre terrenos en disputa

El empresario Jean Figali reclama que las tierras donde se levanta el nuevo anfiteatro son parte de su proyecto. Advierte que interponedrá una demanda de nulidad una vez que el Estado ceda el contrato a los nuevos inversionistas

Los abogados del Grupo F Internacional están a la espera de que aparezca en la Gaceta Oficial la cesión del contrato que da luz verde a la culminación de las obras del nuevo centro de convenciones en Amador para solicitar su nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justucia (CSJ).

El Estado está a punto de ceder el contrato de construcción del nuevo anfiteatro ubicado en la ribera del Pacífico con la empresa China Construccion América (CCA, de origen asiático) y Construcciones Civiles Generales, S.A. Sin embargo, los terrenos donde se construye la megaobra guardan una larga historia de litigios en la Corte Suprema de Justicia aún sin resolver que se remontan al año 2009 caundo, el entonces presidente Ricardo Martinelli, ingresó mazo en mano a la propiedad del señor Jean Figali alegando que las tierras eran del Estado.

Martinelli aducía que el empresario tenía una deuda millonaria con el fisco, lo que implicaba un incumplimiento en el contrato que había firmado con el Estado. Hasta el día de hoy, Figali lo niega.

Con esta excusa, le expropio los terrenos donde el empresario pretendía construir un desarrollo turístico que incluiría marina, hotel y un parque temático. En total eran seis parcelas secuestradas, según él mismo contó a La Estrella de Panamá.

Al finales de 2010, el Ministerio Público solicitó el enjuciamiento de Jean Figali. Sin embargo, dos años después, el mismo tribunal ordenó sobreseimiento provisional.

En medio de este escenario, en el año 2011, el empresario, a través de un acuerdo extrajudicial, decidió ceder al Estado las concesiones y construcciones de Amador, según asevera, bajo coacción del entonces presidente.

Tras el cambio de mando gubernamental, Figali procedió legalmente a recuperar sus bienes.

Juan Carlos Araúz, abogado de Figali, explica que el recurso de nulidad se sustentará “en virtud de la desviación de poder que nace desde el otorgamiento del contrato. Grupo F va a pedir ante la Sala Tercera de la Corte que se suspenda cualquier obra sobre los terrenos en litigio”.

A pesar de que las negociaciones entre el Estado y el nuevo grupo inversionista están a punto de cristalizarse, Figali exclama que desconocía estas negociaciones, y que no ha sabido nada de los terrenos que le fueron cesionados en 2002.

Sospecha, además, que así como en la administración gubernamental de Martinelli predominaron “intereses de ciertos grupos económicos sobre el terreno”, los mismos continúan impidiendo que sea él quien desarrolle el proyecto.

“Desde el inicio Alberto Vallarino (exministro de Economía y Finanzas) está detrás del proyecto. ¿Cuántas veces el helicóptero de Vallarino aterrizó en la marina y pedía al capitán que volara por la zona? Decía que tenía reuniones en Amador, pero estaba filmando el proyecto”, manifiesta Figali.

El desarrollo del centro de Amador ocupa la parcela número 6 del proyecto de Figali. El empresario se pregunta por qué razón el Estado no se sentó a conversar con él antes de negociar con los nuevos inversionistas.

“El gobierno nunca opera hoteles, hay un interés para darle a una empresa de algún allegado al gobierno. ¿Quién va a invertir 193 millones? Solo el gobierno”, se responde a sí mismo Figali.

A finales de septiembre, Grupo F envió una carta al presidente Juan Carlos Varela en la que le solicitó formalmente “designe una comisión de personas que no hayan sido protagonistas o participantes de la infamia cometida” contra su persona para que analicen su caso.

Insiste en que ha enviado varias cartas a funcionarios de la administración actual, sin respuesta. A pesar del aparente desinterés, dijo, continúa con la disposición de negociar con las autoridades. Durante la entrevista con este diario, Figali reiteró su solicitud de que se conforme una comisión de alto nivel para que peritos especializados valúen las fincas.

El empresario baraja varios escenarios como posibles vías de solución: primero, que el Estado le reconozca las mejoras efectuadas sobre el terreno, al precio de hoy. En ese sentido estima que la construcción que realizó puede ascender a $150 millones. En este esquema está dispuesto a que se le pague conforme a los resultados del avalúo.

La otra opción que plantea es que se le devuelvan las tierras para continuar su proyecto. Y una tercera posibilidad es que se le otorgue otro globo de terreno en el mismo lugar.

De no lograr un acuerdo, dice, acudirá al derecho internacional para que se le respeten sus derechos de inversionista. A su juicio, no es justo que el gobierno este negociando en unas tierras que se encuentran en litigio. Jurídicamente, coinciden sus abogados, el uso y disfrute de esas tierras le corresponde a Grupo F por al menos 40 años. A los inversionistas del centro de convenciones, Figali también les envía un mensaje: “Los negocios aquí son de alto riesgo. Ellos sabrán si aceptan invertir en tierras que están en disputa”, recalcó.

El Grupo F Internacional mantiene por lo menos seis procesos en la Sala Tercera de la CSJ, por los terrenos expropiados en Amador.

A última hora de la tarde de ayer, el administrador de la ATP, Gustavo Him, se reunió con el empresario Figali para escuchar su punto de vista sobre los terrenos.

El administrador de la ATP manifestó a este diario que levantará un informe.

Marlene Testa y Adelita Coriat

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