viernes, 11 de septiembre de 2015

La AMP, entre solicitudes de renuncias y licencias falsas

“Agustín Moreno debe ser separado como subadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá”. La expresidenta de la Asociación de Derecho Marítimo (Apademar), Iria Barranco, no entiende por qué Alejandro Agustín Moreno continúa en la institución. “Una persona que esté directa o indirectamente relacionada con una falta a la institución no puede permanecer en su cargo”, aseguró la abogada.

Barranco se refiere a los vínculos revelados esta semana por La Estrella de Panamá entre Alejandro Agustín Moreno y la fraudulenta empresa Samoa Maritime International Authority (SIMA), además de la compañía Maritime Affairs Group, Inc, ambas inscritas en el Registro Público por el bufete Moreno & Arjona Bureau. Y que su hermano, Federico Moreno, era el firmante de la cuenta de banco de Maritime Affairs Group. Las empresas se encargarían de certificar a marinos para trabajar en la flota mercante panameña.

“Es cuestión de imagen, para la institución”, indicó Barranco. “Si se ha comprobado que el subadministrador está directamente enlazado a una sociedad vinculada con Samoa, no debe ser un funcionario público. Debió de hacerse la investigación y no dar espacio a dudas. No se puede permitir tener un puesto como el de él sin haber investigado a profundidad”, añadió.

La AMP firmó un acuerdo con la empresa SIMA en febrero de 2015, pero el Gobierno de la isla de Samoa advirtió que la empresa estaba operando de forma ilegal por usar la bandera y el nombre de ese país sin autorización. A pesar de que el acuerdo nunca entró en vigencia, hubo tiempo para emitir convalidaciones ilícitas.

En una entrevista previa, José Luis Aizpurúa, exdirector de Gente de Mar de la AMP, aclaró que en el caso de Samoa, a diferencia de otros, no se emitió una circular a los consulados privativos de marina mercante en el mundo, porque no había entrado en vigencia el acuerdo.

PRÁCTICAS ILÍCITAS
Posteriormente, el 28 de agosto, Aizpurúa envió una nota a Erik Ponton, secretario General de la Cancillería, en la que explicó que “basados en prácticas irregulares que se quisieron dar a través del sistema consular procedimos a emitir circulares donde no reconocíamos endosos de los títulos de las administraciones de Belice, Honduras, Nueva Zelanda, e Islas Cook”, señala el documento.

El 7 de septiembre, tras la renuncia de Aizpurúa y de que este diario publicara la evidencia de las acreditaciones ilícitas efectuadas por la empresa SIMA, la AMP emitió una circular suspendiendo el trámite de licencias para Samoa.

MÁS LICENCIAS FALSAS
“Otro caso similar ocurrió con la administración marítima de Islas Cook, que emitió, aproximadamente, 50 certificados transitorios a no nacionales de dicho país a través de la regional de la AMP ubicada en Londres, que dirige Felipe Moreno”, indicó una fuente de la AMP.

La fuente rememoró que en uno de los viajes de Aizpurúa, éste se enteró por accidente de la práctica ilícita. “Las credenciales se emitieron a no nacionales: griegos, hindúes y sirios, por ejemplo, lo que llamó la atención del exdirector. Además, estas solicitudes se realizaban con cierta frecuencia”.

El 1 de abril del 2015, Aizpurúa, el entonces director de Gente de Mar, envió una circular a los consulados en la que alertaba que no reconocería endosos o títulos a no nacionales de Islas Cook.

Una nota casi idéntica, pero con fecha del 30 de septiembre de 2014, se había emitido para advertir sobre las convalidaciones ilícitas en Belice y Honduras.

REVELACIONES DEL DIARIO
Hace exactamente ocho días, Jorge Barakat, administrador la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), aseguró a los miembros de la Apademar que no se habían emitido licencias fraudulentas bajo el fallido acuerdo firmado entre la AMP y la SIMA para certificar marinos.

Barakat insistía en la falsedad de que estuviera ocurriendo un negociado en la AMP, y que el caso de Samoa “fue muerto en su cuna por este gobierno responsable”.

Dos días después, La Estrella de Panamá publicó el endoso de un título a un ciudadano hindú que evidenciaba lo contrario. El administrador guardó silencio ante el medio, pero llamó a una reunión urgente con los oficiales de marina, ante quienes reconoció que, en efecto, se habían emitido cuatro licencias a ciudadanos hindúes.

Al día siguiente, “La Decana” reveló los nexos de altos funcionarios de la institución —el subadministrador Alejandro Agustín Moreno y Encarnación Samaniego, exmiembro de la junta directiva— con SIMA.

Cuando este diario evidenció el tráfico de influencias entre los directivos de AMP y las firmas de abogados que tramitan abanderamientos de naves y la expedición de licencias, Barakat acudió al Ministerio Público para interponer una querella contra el representante legal de SIMA , Suniel Sharma, y contra quienes resulten responsables de delito contra la administración pública, contra el patrimonio económico y la fe pública.

SECTORES SE PRONUNCIAN
Este es el primer caso de corrupción admitido por la administración de Juan Carlos Varela. “La prueba de que hay un compromiso contra la corrupción implica que el presidente pida la renuncia del administrador Jorge Barakat y de los funcionarios vinculados para que sean investigados. Es claro que este caso vincula a toda la AMP”, manifestó el politólogo Richard Morales.

“No hay que esperar a que venga otro gobierno para hacer justicia”, añadió Morales. Varela prometió una gestión austera y transparente, lo que contrasta con las irregularidades admitidas por la AMP. Al respecto, Antonio Saad, del Movimiento de Independientes (Movin), considera que “este gobierno está enfocado en combatir la corrupción y no puede hacerse de la vista gorda ante un escándalo de ellos mismos”.

CONFLICTO DE INTERÉS
“En una posición pública siempre hay que cuidar los conflictos de intereses. No puedes estar en una institución y hacer cosas que beneficien a empresas relacionadas con familiares y allegados”, dijo Saad al referirse a los vínculos del subadministrador de la AMP al evidenciarse que su hermano, Federico Moreno, era miembro de la directiva de SIMA y firmante de una de las cuentas de Maritime Affairs Group, Inc.

Varios abogados coinciden con esta tesis. Además, advierte el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, “hay proclividad a aceptar todas las formas de corrupción. No solo es coger plata, no hay un código de ética serio y decidido ni de los servidores públicos o de quienes las practican. Los políticos son los que más tráfico de intereses tienen”.

La Cancillería ha prometido una gestión transparente en materia consular, pero aún no ha puesto en marcha el plan que daría los primeros resultados.

El departamento de Relaciones Públicas indicó que la Cancillería trabaja en conjunto con la AMP en una plataforma informática donde se registran las transacciones consulares, incluidas las de marina mercante.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, anunció que abrió una investigación a raíz de las publicaciones de este diario que se sumaron a una denuncia anónima recibida en esta entidad, aseguró Cecilia López, asesora legal. “Una vez tengamos la documentación, se enviará a la Contraloría o al Ministerio Público”, acotó.

CAMBIO DE TIMÓN
Por otra parte, Belisario Porras, presidente de Apademar, indicó que se reunirá, hoy, con la junta directiva del gremio para evaluar los hechos y hacer un pronunciamiento. Analizarán a fondo las cambiantes versiones del administrador.

Una posición muy similar emana de la Cámara Marítima de Panamá, que se mantiene vigilante ante los hechos y las declaraciones de Barakat, como afirma Luciano Fernándes. El directivo acotó que la denuncia presentada por el administrador, es la “manera correcta” de proceder.

“Se trata de algo mucho más profundo que una denuncia ante el Ministerio Público o la renuncia de un funcionario”, manifestó, enérgico, el abogado Joel Medina, autor de un proyecto para la transformación de la marina mercante panameña y que compartió con la actual administración de gobierno.

“El meollo del asunto no es encontrar culpables, sino dar un giro total al sistema; de lo contrario, en cada gobierno se va a repetir lo mismo”, añadió.

El cambio de dirección, según Medina, es separar la administración de marina mercante del servicio exterior, “divorciarlos totalmente del sistema de cancillería consular”, enfatizó.

“Estamos evidentemente ante un caso de corrupción con repercusiones internacionales al involucrarse a otra nación dentro del escándalo”, concluyó Morales.

Redacción
Marlene Testa y Adelita Coriat

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